Rostro visible del armado presidencial de Agustín Rossi, la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, abrió fuego en diálogo con Letra P: el próximo Gobierno deberá sentarse "con los acreedores, esencialmente, con el Fondo Monetario, a reprogramar" los vencimientos de deuda "en función de la recuperación de la capacidad de repago" del país. La definición pone en negro sobre blanco un debate que gana, poco a poco, a la comunidad de economistas y que se discute, con el menor ruido posible, en diferentes campamentos opositores, preocupados por la herencia más envenenada que, de no lograr la reelección, dejaría Mauricio Macri.
“La deuda es un temón. Vamos a recibir, y lo digo así, porque trabajo para que podamos ganar las elecciones, un problema serio de endeudamiento externo. Este Gobierno nos va a dejar un país muy endeudado con una restricción estructural enorme de divisas", dijo Marcó del Pont. “La reestructuración tiene que ser voluntaria (…) de ninguna manera estamos planteando un default o un repudio a la deuda, sino una reprogramación", aclaró, algo especialmente importante por provenir del sector que más frontalmente rechaza la política económica oficial. El trauma de 2001-2002 parece haberle enseñado a la dirigencia política que las cesaciones de pagos dañan mucho más que lo que solucionan y que, desde ya, no se aplauden en el Congreso.
El runrún fue alimentado por la propia Casa Rosada. “La verdad es que nadie estaba hablando de una reestructuración de la deuda hasta que el propio Gobierno propuso la modificación del artículo 65 de la ley 24.156, que habla de las condiciones para hacer los canjes. Y pone sobre la mesa el tema en un contexto en el que el riesgo país, si bien bajó un poco por suerte, sigue siendo uno de los peores de la región. No se entiende. Es como que nos compramos los problemas gratis”, le dijo a Letra P el analista financiero Christian Buteler.
“Creo que el ruido estaba latente, pero el gobierno lo magnificó con la modificación de las condicionalidades de una reestructuración que planteó en el (proyecto de) Presupuesto”, coincidió, en diálogo con este portal Leandro Ziccarelli, Coordinador del Observatorio Monetario-Financiero del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En efecto, el artículo 53 del proyecto de Presupuesto propone reemplazar el 65 de la ley de Administración Financiera. Este último supedita cualquier “consolidación, conversión o renegociación” de deuda a “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.
Sin embargo, el texto sometido ahora al Congreso elimina esos requisitos y dice que la reprogramación se debe realizar “atendiendo a las condiciones del mercado financiero”.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se vio forzado a desmentir en el Congreso cualquier intención en ese sentido y explicó que el cambio en que, por caso, reconvertir deuda en dólares a deuda en pesos implicaría una tasa nominal más elevada y eso podría considerarse violatorio de la ley 24.156. Poco convincente.
“Creo que la intención del Gobierno es dejar sentado por ley un seguro para los acreedores. Un seguro de que si viene una reestructuración no va a haber quitas o pérdidas para ellos”, estimó Ziccarelli.
“No creo que realmente estén pensando en eso, salvo que estén viendo que la situación realmente se pueda llegar a complicar el año que viene y se haga necesario buscar la renegociación. Pero no parece, ¿porque entonces para qué le estamos pidiendo al FMI que garantice los pagos de los vencimientos del año que viene?”, se preguntó Buteler.
Federico Furiase, director de Eco Go, va en la misma línea de Buteler. “No veo que estemos en esa instancia. Lo que tiene que hacer el Gobierno es acelerar los tiempos del acuerdo con el FMI. Negociar la ampliación del Stand-by le permitirá al Banco Central intervenir más fuerte en el mercado de cambios para estabilizar el dólar. Hay que minimizar el riesgo cambiario, que es lo que complica la sostenibilidad de la deuda pública por la alta participación de la deuda en dólares y la licuación del PBI nominal en dólares que generó la depreciación del tipo de cambio”, señaló.
“Por otro lado, hay que adelantar los desembolsos programados para 2020 y 2021, que son 18.000 millones de dólares, para que se los pueda usar en 2018 y 2019 y de esa forma cerrar el programa financiero y despejar el riesgo de default”, continuó.
Podría decirse que si bien Furiase no observa una necesidad de renegociar vencimientos, que las cosas vayan en la buena dirección depende de que esa hoja de ruta no tenga desvíos. “Esas son las dos condiciones en las que el Gobierno necesita avanzar con el FMI para estabilizar el riesgo país y el ratio de deuda-PBI”, le dijo a Letra P.
“Estabilizando el dólar y logrando el ajuste fiscal antes del pago de intereses que se está haciendo, ya se entraría en un sendero en el que la relación deuda pública-Producto se estabiliza en niveles aceptables, en la zona del 50-55% del PBI a mediano plazo, y estar en un nivel manejable sin necesidad de ir a un escenario de reestructuración”, explicó.
“La deuda pública total tiene unos 30 puntos que son intra sector público, con Banco Central y ANSES. Eso no tiene riesgo de refinanciamiento en el mercado. El tema es el resto, si se lo logra estabilizar en esos niveles con el ajuste y la estabilización del tipo de cambio, incluso con un cierto atraso cambiario si uno supone que estamos en un nivel de overshooting”, evaluó.
De acuerdo con el informe de septiembre del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, “se espera para el cuarto trimestre de 2018 un stock de deuda de 356.570 millones de dólares y un ratio del 111,4%” en relación con el PBI.
Para algunos economistas, medir el endeudamiento en relación con el Producto es engañoso, ya que los contextos de dólar alto o bajo contaminan los análisis, y sugieren compararlo con, por ejemplo, las exportaciones. Más allá de preferencias técnicas, la mayoría de los economistas ve que el nivel de endeudamiento es hoy un inconveniente y las divergencias se concentran en cómo abordarlo. Si para Buteler y Furiase hablar de renegociación es extemporáneo, no lo es, como se vio, para Marcó del Pont y tampoco para Ziccarelli y para la directora de CERX e investigadora de la Universidad de Buenos Aires Victoria Giarrizzo.
Según Ziccarelli, “la situación es compleja, desde ya, y sin cronogramas de desembolsos del FMI no cierra ni siquiera el programa financiero. Si a eso se le suma el déficit de cuenta corriente y la fuga de capitales, es evidente que se va hacia un situación extrema”.
Para el hombre del CEPA, “la devaluación va a corregir parte del déficit de cuenta corriente, el turismo sobre todo. Pero hay una inercia importante y la fuga en el corto plazo no para, porque tiene un comportamiento de dispararse ante correcciones grandes del tipo de cambio”.
“Lo que adelantó el debate fue el mal timing del Gobierno. Veo un problema de cara a mediados o fines de 2019, o acaso un poco más adelante si el Fondo adelanta los recursos de 2020 y 2021. Pero el problema es el modelo y con el FMI adentro el modelo no cambia”, dijo.
Para Victoria Giarrizzo, en tanto, “la deuda ya es impagable. A fin de año posiblemente hasta supere al 100% del PBI, y el problema no es solo la deuda en dólares para una Argentina con muy baja capacidad de generar dólares, sino los intereses: este año se va a destinar el equivalente al 12% de los gastos del Estado solo a pagar solo intereses de la deuda”.
“El Gobierno confía en que baje el riesgo país en la medida que muestre solvencia equilibrando el déficit fiscal primario (antes del pago de deudas) y que con el dólar alto se reduzcan los déficits externos. Pero hay dos problemas: el déficit primario ya no les interesa demasiado a los inversores, que empiezan a mirar el financiero (el que incluye los pagos de deuda), con lo cual es difícil que bajen los intereses en dólares. Y segundo, los déficits externos no se van a cerrar tan fácilmente porque la Argentina sigue siendo un país caro y dependiente de la importación, con poca capacidad de sustitución de importaciones”, añadió
“La deuda vamos a tener que sentarnos a reestructurarla tarde o temprano, para mí es inevitable. En el medio, ¿cuánto más se puede ajustar? Y si el año que viene el Gobierno ya dice que la economía no va a crecer, ¿cómo se generan los recursos para pagar?”, cerró.
