El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, fue elegido titular de la Comisión de Investigación de la represión israelí de las protestas de este año en los territorios palestinos ocupados, informó este jueves el Consejo de DD.HH. de la ONU. El tema es de gran sensibilidad internacional y, en el caso de Cantón, tiene la peculiaridad de que el encargo recae en un hombre de respetada trayectoria en el área de los derechos humanos pero que es parte de un gobierno, como el de Cambiemos, que ha establecido lazos privilegiados con Israel.
Cabe recordar en ese sentido, que Benjamín Netanyahu realizó hace un año la primera visita oficial de un primer ministro israelí a la Argentina, en la que mostró una excelente sintonía con el presidente Mauricio Macri.
El funcionario de María Eugenia Vidal, de buen diálogo con Estela de Carlotto, entre otros referentes, ha mantenido posiciones independientes de la Casa Rosada y valoradas por los organismos defensores de los derechos humanos no solo en relación con los crímenes de la última dictadura militar sino también en casos delicados como la desaparición inicial y luego confirmada muerte de Santiago Maldonado, en el del policía Luis Chocobar (que ultimó por la espalda a un ladrón) y en el rechazo a la aplicación del “dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con el anuncio, Cantón “se sumará a Sara Hossain de Bangladesh y a Kaari Betty Murungi de Kenia, cuyos nombramientos habían sido anunciados el 25 de julio”. El argentino reemplazará al estadounidense David Michael Crane.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe investigar, a través de este panel de tres miembros, “todas las denuncias de violaciones y abusos a la ley internacional humanitaria y a la ley internacional sobre derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo Jerusalén oriental y en particular la Franja de Gaza ocupada [sic], en el contexto de los asaltos militares contra las protestas civiles de gran escala que habían comenzado el 30 de marzo de 2018”, señaló el comunicado.
Cantón y sus pares deberán “establecer los hechos y circunstancias, con asistencia de expertos relevantes y poseedores de mandatos especiales de procedimiento, de las denunciadas violaciones y abusos, incluyendo aquellas que puedan constituir crímenes de guerra [e] identificar a los responsables”, continuó.
La comisión deberá presentar un informe oral al Consejo de Derechos Humanos el próximo lunes 24 y un informe final por escrito en marzo del año próximo.
Las protestas, cuya represión es motivo de investigación, se desencadenaron tras el anuncio del traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión del presidente Donald Trump ampliamente considerada como ilegítima por la comunidad internacional.
La ciudad es considerada por Israel su “capital eterna e indivisible”, pero el sector oriental es reclamado por los palestinos como la capital de su futuro Estado. Ese sector fue conquistado por Israel en la guerra de 1967 y luego anexado, sin reconocimiento internacional.
El paso dado por la Casa Blanca, que generó gran satisfacción en el gobierno de Netanyahu, desencadenó una ola de protestas que fueron duramente reprimidas. Por caso, en la Franja de Gaza, donde se movilizaron decenas de miles de personas, las tropas israelíes abrieron fuego contra manifestantes que se acercaban a la valla que separa ese enclave del territorio israelí. La represión allí dejó, según un reporte de las autoridades palestinas, 58 muertos (entre ellos siete niños) y más de 2.700 heridos.
Muchos de los manifestantes arrojaron bombas incendiarias y piedras hacia los soldados ubicados del otro lado de la reja, que respondieron con gases y munición de goma y también con fuego vivo. En tanto, que circularon videos en las redes sociales que mostraron también cómo los disparos de los soldados alcanzaban a manifestantes que no parecían comprometidos en actos violentos.
