En una decisión redactada con pluma emocional, el juez federal Claudio Bonadio procesó por asociación ilícita a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y avanzó con el mismo cargo sobre el pelotón de CEOs que admitieron haber coimeado a funcionarios del kirchnerismo para hacerse de obras o bien recibir favores políticos para facilitar negocios.
El inicio del escrito del magistrado cita a los funcionarios y tiene un apartado para la metodología de los retornos, que sintetiza en la articulación del Estado y los hombres de negocios. Asegura el juez que se sacaba “dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia”. Y agrega que “ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.
A continuación, enumeran a todos los procesados por “haber integrado una asociación ilícita, junto con otras personas aún sin identificar, la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. En el listado aparecen todos los que declararon ante Bonadio, convocados o por voluntad propia. El dato llamativo es que el único peso pesado que quedó excluido fue el dueño de Techint, Paolo Rocca. Fue el italiano quien en un evento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), admitió haber pagado coimas, en este caso a través de su mano derecha, Luis Betnaza.
Sí llegaron al procesamiento Carlos Wagner (Esuco, ex presidente de la Cámara de la Construcción); Armando Losón (Albanesi); Héctor Sánchez Caballero (IECSA); Ángel Jorge Antonio Calcaterra (Ángelo, el primo de Mauricio Macri y ex dueño de IECSA); Francisco Rubén Valenti (IMPSA); Carlos José Mundin (BTU), Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luis Ferreyra (Electroingeniería); Carlos De Goycochea (Isolux), Luis María Cayetano Betnaza (Techint); Juan Chediak (Ex Camarco); Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (sobrino del dueño de Corporación América); Alejandro Pedro Ivanissevich, Juan Carlos Lascurain (ex ADIMRA), Germán Ariel Nivello, Néstor Emilio Otero, Aldo Benito Roggio, Benjamín Gabriel Romero, Manuel Santos Uribelarrea; Sergio Taselli, Alberto Taselli y hasta Enrique Menotti Pescarmona.
“Esta mecánica funcionaba más o menos así –dijo Bonadio en su fallo-: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".- Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban "inflados" en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos”.