Este lunes se llevó a cabo en La Plata la audiencia pública tendiente a abordar los incrementos en las tarfias de peaje del corredor atlántico bonaerense, que están bajo la órbita de la estatal Aubasa, la cual tiene previsto subas de hasta un 29%. Durante su exposición en esta audiencia, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que estos aumentos redundarán en un traslado a precios por lo que, consideró, se “alimenta la inflación” y “el círculo de empobrecimiento”.
De esta forma, Martello reclamó “prudencia” a Aubasa porque “la gente ya no soporta ningún aumento más”, y remarcó que los ingresos de la empresa concesionaria (rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74) se han multiplicado en los últimos años. Sólo en 2017 tuvo un excedente a favor de más de $236 millones.
En esa línea, el Defensor del Pueblo Adjunto sostuvo que, en un contexto de creciente inflación y su consecuente impacto en la elevación de los índices de pobreza, “las empresas del Estado deben mantener un equilibrio y postergar la aplicación de medidas que puedan incrementar el círculo de empobrecimiento, como son los mayores costos de combustibles y peajes que serán trasladados a precios por los empresarios”. “Solicitamos prudencia a las sociedades anónimas estatales hasta que haya un nuevo escenario de certidumbre”, requirió Martello.
Según se desprende de los datos aportados por la Contaduría General de la Provincia, el año pasado la empresa Aubasa tuvo ingresos por $1840 millones aproximadamente, 184% más que dos años antes, muy por encima de la inflación acumulada durante ese mismo período. En tanto, teniendo en cuenta el resultado económico que muestra el balance de la sociedad, y la inversión real realizada, surge que Aubasa tuvo en 2017 un excedente de más de $236 millones.
“Es necesario garantizar que los recursos que generan los peajes sean destinados especialmente a mejorar la infraestructura y los servicios viales. La obra pública en caminos, autovías, autopistas y rutas no puede ser tomado como un mero gasto, sino como una inversión pública que permite mejorar la productividad y favorece el desarrollo económico”, destacó Martello, quien también expuso la necesidad de desarrollar políticas públicas tendientes a integrar los corredores viales a un esquema de desarrollo turístico y productivo que permita potenciar económicamente a los municipios que forman parte del corredor atlántico.
