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La causa investiga a una empresa criminal compuesta por policías, ex presidiarios, barras y narcos que operaba con presunta cobertura judicial para garantizar impunidad en provincia de Buenos Aires.
Redacción 06/08/2018 16:14

Una causa judicial que tramita en La Plata que investiga una banda de policías y ex convictos impacta de lleno en el corazón del Poder Judicial de la capital bonaerense. En varias escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación, surgen nombres de magistrados, vinculados de distinta forma, al mundo del delito. También salió a la luz la posibilidad de la entrega de beneficios procesales a cambio de fuertes sumas de dinero. Una historia de nombres e intrigas que promete generar un cimbronazo en uno de los departamentos judiciales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

El pasado lunes 23 de julio se realizaron 18 allanamientos en La Plata (en viviendas, comercios y cárceles) que desembocaron en la desarticulación de una banda integrada por los policías Gustavo Abraham Burzstyn, Gustavo Andrés Gregorio Mena y Marcos Chiusaroli. Junto a ellos fueron detenidos Carlos Aníbal Barroso Luna, el barra de Gimnasia y Esgrima La Plata, Martín Ezequiel Fernández, Javier Maximiliano Ronco (quien estaba con arresto domiciliario por un doble homicidio), Ángel Custodio Yalet, Carlos Jorge Bertoni (hermano del ex futbolista Daniel Bertoni), Jorge Luis Gómez de Saravia, Adrián Oscar Manes y Héctor Alfredo Vega (quien ya estaba detenido en la cárcel de Olmos). Salvo Bertoni y los tres policías, el resto de los procesados, tenían antecedentes penales.

 

 

Durante la investigación desarrollada por la fiscal Betina Lacki, se grabaron decenas de horas de escuchas telefónicas. La fiscal relevó de la investigación a la policía bonaerense, tal como lo indica el marco legal vigente, debido a que había indicios de participación de integrantes de esa fuerza provincial en el entramado de la megabanda criminal. Requirió el auxilio de fuerzas federales: Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) y Policía Federal Argentina.

La génesis de la investigación es un homicidio del año 2010 ocurrido en La Plata. La causa originalmente estaba en manos del polémico ex fiscal Tomas Moran (cuyo nombre aparece en las escuchas), pero cuando fue desplazado intempestivamente, en mayo de 2014, la investigación quedó en manos de Lacki.

 

 

Desde que se hizo cargo de la investigación, la fiscal pedía apartar a la policía provincial del proceso, pero el ex ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Blas Casal y la ex procuradora María del Carmen Falbo se lo negaban. Tras el cambio de signo político en el gobierno provincia, logró correr a “La Bonaerense” y avanzar con la causa.

 

 

Según la transcripción de las intervenciones telefónicas a las que accedió Letra P, derivadas de las comunicaciones de los detenidos, aparecen los nombres del ex juez de Garantías platense César Ricardo Melazo, del ex fiscal Tomas Moran (jubilado), de un “emisario” de Casación bonaerense que cobraba dinero a cambio de arrestos domiciliarios y del juez de Garantías en actividad, Juan Pablo Masi.

El ex juez Melazo, quien renunció a su cargo en el marco del avance de un juicio político, aparece señalado como uno de los magistrados que otorgaba cobertura a la banda que se dedicaba a cometer robos, entraderas, salideras bancarias y venta de droga. En una entrevista con el diario digital platense 0221.com.ar el ex magistrado negó cualquier tipo de vínculo con la banda, aunque reconoció que, por su labor como juez, estaba en contacto con los comisarios detenidos Burzstyn y Mena.

Otro de los funcionarios judiciales mencionados es el ex fiscal Moran, quien está señalado de pedir fuertes sumas de dinero, en dólares, para no hacer prosperar causas y evitar detenciones, tal como denunció Ronco el 29 de abril de 2014 en el marco de la causa número 177/08, en la que también involucró a un abogado que, en esa fecha, trabajaba en uno de los estudios penales más importantes de la capital bonaerense.

 

 

En otra escucha aparece mencionado el juez Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata. En el audio, el detenido Manes habla con un hombre identificado como “Daniel” para que interceda ante el ex diputado Gabriel Bruera y el juez Masi, con el objetivo que hablen entre ellos para que Manes obtenga el beneficio del arresto domiciliario, pero, desde entonces y hasta la fecha, sigue tras las rejas. La relación de Masi y Bruera estuvo muy aceitada en épocas en que Pablo Bruera fue intendente de La Plata. A tal punto que la hija mayor de Gabriel logró acceder al mundo laboral mediante un cargo letrado en el juzgado que encabeza Masi.

A este combo de magistrados de primera instancia y políticos, hay que sumar la trama Casación bonaerense. El pedido de allanamientos y detenciones elaborado por la fiscal Lacki es un extenso documento en el que resalta una conversación entre el mencionado Ronco con otra persona para que hable con el “emisario” de “Casación”.

Ronco había sido detenido en el marco de la investigación por un doble homicidio en La Plata y fue beneficiado con un arresto domiciliario otorgado por, al menos, dos jueces de Casación bonaerense. Lo llamativo del caso es que, salvo por razones de salud, “no existen morigeraciones de ese tipo en casi ninguna causa con un pena de perpetua en expectativa”, detallaron varios voceros judiciales consultados.

 

 

En otra interceptación telefónica se escucha a Ronco hablar con una mujer de la que se desprende que pagó “millones” “todo verde” (dólares) para acceder al beneficio del arresto domiciliario.

En este tramo de las escuchas no se da el nombre de los jueces de Caasción que ordenaron a la jueza de Garantías Marcela Garmendia a otorgar el arresto domiciliario, esa información está celosamente guardada en el expediente judicial.

Según pudo reconstruir Letra P un juez de Casación influyó sobre otros dos para que firmen el beneficio de prisión hogareña.

La trama judicial de la banda criminal será materia de análisis y su investigación se profundizará en el mediano plazo. Al menos así lo expresó la fiscal en el documento judicial. “El empeño puesto, tanto por operadores judiciales como policiales para obstaculizar esta investigación, fue tanto, que casi, logran su objetivo. Este requerimiento, demuestra que no lo consiguieron”, detalló.