Financiamiento PRO

Batería de malas noticias judiciales para Cambiemos por aportantes truchos

En la justicia Federal de La Plata se dio curso a una denuncia y se ratificó otra. Un juez comenzó con la producción de pruebas que pueden ser un dolor de cabeza para el oficialismo.

Las causas por los aportantes truchos de Cambiemos, radicadas en la justicia federal de La Plata, registraron avances en la primera semana de actividad judicial tras la feria de invierno, confirmaron fuentes del caso consultadas por Letra P. Una fiscal avaló la acusación presentada por una diputada provincial de Unidad Ciudadana para que se investigue la campaña de 2015. En tanto, otra senadora de la misma fuerza ya ratificó la denuncia presentada por los aportantes de la campaña 2017. El juez que tiene a su cargo ambos expedientes ya comenzó con las medidas de prueba en uno de los expedientes judiciales más calientes que pegó en la línea de flotación de la imagen del gobierno nacional y en la imagen de su as de espadas, la gobernadora María Eugenia Vidal.

 

Las causas se iniciaron tras una investigación que publicó la multiplataforma web El Destape. Su autor, el periodista Juan Amorín, fue llamado a declarar como testigo. La cita es el miércoles 8 de agosto en el despacho del juez Federal Ernesto Kreplak quien quedó a cargo de los legajos en los que se investigan delitos penales como lavado de dinero (origen de los fondos de campaña), falsificación de instrumento privado (por las afiliaciones apócrifas el PRO bonaerense) y robo de identidad (por la extracción de datos personales de bases de datos oficiales –ejemplo: Anses- que deben ser resguardadas por el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos), entre otros posibles delitos.

 

Los expedientes aun no fueron oficialmente rotulados, el universo delictivo a investigar es amplio y los investigadores quieren tener toda la documentación sobre la mesa para tener un cuadro de situación completo y comenzar a “tirar de la piola” para buscar a los responsables de los eventuales delitos.

 

Entre las novedades más salientes de la semana se destaca el dictamen de la fiscal Ana Russo quien concluyó que la denuncia presentada por la diputada ultracristinista de Unidad Ciudadana, Florencia Juana Saintout, quien pidió que se investigue a posibles aportantes falsos a la campaña 2015 de Cambiemos, debe ser investigada. En esa denuncia, la legisladora apuntó además contra el legislador bonaerense, César Torres, lo que originó en escenario tenso en la Legislatura bonaerense. Torres es un diputado PRO de la primera sección electoral, cercano al intendente de Vicente López, Jorge Macri.

 

 

 

En paralelo a ello, la senadora Teresa García –jefa del bloque Unidad Ciudadana- ya ratificó la denuncia presentada antes de la feria judicial. Tras esa medida de rigor, el juez Kreplak ofició a la Anses para que le remita la base de datos de los últimos cinco años de los beneficiarios de planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro.

 

En la trama más política de la causa híper política, requirió a las autoridades del PRO bonaerense (cuya titular es Vidal) que le envíe el padrón completo de afiliados.

 

Con el norte en dotar de agilidad a la investigación, el magistrado encomendó a personal de su Juzgado a que compulse la información y pruebas que ya hay producidas en el expediente que tramita su par de Comodoro Py, Sebastián Casanello. El objetivo, no repetir prueba ya producida para poder avanzar con la mayor celeridad posible en una trama que es muy compleja de acreditar en un expediente judicial, por fuera de las investigaciones periodísticas, a las que le dieron crédito, pero no alcanzan para esclarecer el caso que más preocupa al oficialismo.

 

 

 

En otro orden, Kreplak analiza la presentación de 13 ciudadanos que pidieron ser querellantes en el proceso. En el escrito presentado por el abogado Luis Alem, se sostiene que figuran como aportantes de la campaña de Cambiemos sin haber entregado dinero ni haber dado el consentimiento para que su identidad figure en el listado de donantes.

 

Mientras Kreplak se aboca a la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, Adolfo Gabino Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, es decir, ingresos y egresos, gastos de campaña, pero no hace foco en el origen de los fondos. En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, pasarle esa parte de la investigación a Kreplak.

 

 

 

A las causas que tienen en sus despachos los jueces Casanello, Ziulu y Kreplak deben sumarse las decenas de denuncias penales que tramitan en la justicia ordinaria bonaerense, en la que los denunciantes aseguran que figuran como aportantes de campaña de Cambiemos (en 2015 y en 2017) sin haberlo sido. En ese caso, se analiza la posibilidad de solicitar la declinatoria de competencia de los jueces y fiscales provinciales para que las actuaciones ejecutadas sean remitidas a la justicia Federal de La Plata.

 

Tal como anticipó Letra P este lunes, el fin de la feria judicial le dio impulso a los expedientes que más impactaron en la figura de la gobernadora Vidal y en la credibilidad del presidente Mauricio Macri. En esa línea, según la última encuesta de la consultora Taquión, casi el 52% de los encuestados sostuvo que el Gobierno Nacional es “muy o bastante” corrupto. Mucho de ello tuvo que ver el caso de los aportantes truchos, tema del que el oficialismo intentó salir echando culpas al sistema, echando a una funcionaria de extrema confianza de Vidal (Fernanda Inza, ex Contadora General) y pidiendo la bancarización de aportes, herramienta que siempre estuvo val alcance del donante.

 

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