Tucumán presentará en las próximas horas un amparo ante la Corte Suprema para plantear la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Mauricio Macri que dispone la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS). La medida podría ser replicada por otras provincias.
En diálogo con Radio Universidad, el fiscal del Estado provincial, Daniel Leiva, aseguró que la normativa "ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional; dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de Nación".
En el caso de Tucumán, habló de un perjuicio de $1.200 millones.
Según adelantó Leiva, la iniciativa del Gobierno tucumano está siendo analizada por las Fiscalías de Estado de otras provincias, que podrían sumarse al reclamo.
“La mayoría (de las fiscalías) ya ha manifestado la coincidencia con esta idea fuerza de cada uno de salir a proteger los derechos de sus respectivas provincias y municipios", detalló el funcionario.
Leiva cuestionó los alcances del decreto, puesto que las sumas provenientes del fondo sojero están presupuestadas en cada una de las jurisdicciones provinciales y sus distintos municipios.
La Ley de Presupuesto del año en curso incluye ese concepto en el artículo 117, donde dice que las sumas van a ser distribuidas en las distintas provincias", dijo.
Quienes también recurrirán a la Justicia para evitar el quite del fondo sojero son los intendentes bonaerenses opositores. Así lo confirmó el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
Lorenzino explicó que se va a presentar en la Justicia junto con los mandatarios municipales porque la decisión presidencial deja a los municipios bonaerenses sin recursos para paliar el grave déficit en materia de infraestructura. "Esta decisión interrumpe obras presupuestadas como escuelas, hospitales, conexión de agua potable, fundamentales para los habitantes de la provincia de Buenos Aires”, aseguró.