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Mientras intenta despegarse del escándalo por los aportantes truchos y las muertes en una escuela, apura, vía funcionarios, una avanzada judicial contra el ex Gobernador quien mantiene silencio.
Por 15/08/2018 9:10

La decisión está tomada. Ante la caída de imagen positiva en el electorado y con la brújula con el norte apuntando a las elecciones 2019, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dio el visto bueno para el “plan resurrección” que le prepararon en su mesa chica: copiar la estrategia de asustar con la vuelta del pasado, utilizar al Poder Judicial como ariete y la Némesis elegida es el ex gobernador Daniel Scioli, quien se mantiene en silencio.

El escándalo por los aportantes truchos de Cambiemos en las elecciones 2017 desatado tras la investigación del periodista Juan Amorín generó un temblor al interior de Cambiemos en general y del PRO en particular. A la ya conocida salida de la contadora María Fernanda Inza del gobierno provincial, el primero de los fusibles, la mesa de control de daños del vidalismo tomó nota que con eso solo no alcanzaba.

Mientras no terminaba de reponerse del escándalo por el financiamiento de la campaña, estalló una garrafa en una escuela pública de la localidad de Moreno y generó dos muertes totalmente evitables. La justicia de General Rodríguez, alineada con la hipótesis del oficialismo, detuvo al gasista que había revisado parte de las instalaciones el día anterior. Una vez más, en el entorno de la mandataria tomaron nota que con un plomero preso no alcanza.

 

 

En paralelo siguen de cerca, minuto a minuto, el juicio oral a los hermanos Lanatta y Cristian Schillaci por la triple fuga de General Alvear de fines de 2015 que generó la primera turbulencia de Cambiemos en Provincia y Nación. El primero de los intentos de manipular el contenido de la declaración del quilmeño Martín Lanatta no dio los frutos esperados, pero siguen esperanzados en volver a reactivar en el nervio sensible de la memoria electoral que el ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández es “La Morsa” el jefe narco que le compró la mano homicida a tres sicarios para ejecutar el triple crimen de General Rodríguez que terminó con la condena a perpetua para el trio de Quilmes. No importa la verdad, importa que sea verosímil.

Como nueva avanzada desde el entorno de la gobernadora preparan un nuevo desembarco en el fuero penal de La Plata. El objetivo: Daniel Scioli.

Así como el presidente Mauricio Macri agita, vía sus medios amigos, el fantasma del pasado, la corrupción K. La trama del chofer escritor y sus cuadernos Gloria (del que solo se conocen fotocopias) son el insumo fundamental para el desayuno familiar, la novela de la tarde y los informativos del prime time diario de la televisión. Todos los noticieros, en cadena, monocordes: “Los cuadernos K”, manipulando la opinión pública, usando valiosos minutos de aire para hablar del pasado (que debe ser tema de la Justicia) y no ocuparse del presente, con un dólar que se dispara y un ajuste monumental en materia social para el presupuesto 2019, el año en el que se define el futuro gobierno.

 

 

Vidal es el plan B de Cambiemos ante la posible estrepitosa caída de imagen de Macri, situación devengada de su política económica. En el entorno de la mandataria provincial saben que, en términos de ajedrez, deben cuidar a la reina. Para eso apuestan todo o nada a la confrontación con el ex motonauta.

La primera de las medidas ya está en marcha. Resucitarán al arrepentido Leonardo Fariña para subir a Scioli al camión penitenciario de la obra pública junto a los empresarios procesados y los ex funcionarios Julio de Vido, el bolsero José López y Cristina Fernández, entre otros. En diciembre de 2016, el ex marido de la modelo Karina Jelinek, declaró ante el fiscal Álvaro Garganta (quien investiga la mega denuncia de Elisa Carrió contra Scioli). En aquella oportunidad Fariña apuntó contra el empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

"La obra pública se 'cartelizó'", afirmó Fariña, según la declaración testimonial que figura en el expediente al que accedió Letra P y agregó que "por los mismos dichos de (el detenido empresario kirchnerista Lázaro) Báez, la obra pública en la Provincia de Buenos Aires se manejaba entre (Carlos) Wagner, que era el presidente de la CAC, el gobernador de la Provincia, que era Scioli, y el ministro de Planificación, que era De Vido".

 

 

Fariña aseguró que esa situación generó "el enojo de Báez porque no podía entrar en la obra de la Provincia", y que su participación en la concesión de la Autovía Interbalnearia Nº2 fue "vetada" por Scioli, De Vido y las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción.

Asimismo, Fariña denunció la existencia de "el club de la obra pública", que funcionaba "en 7 y 54 de La Plata" y donde, según sus dichos, "se armaban las obras a licitar y se organizaba quién se las iba a adjudicar".

"Se ponían de acuerdo ciertas cantidades de empresas ya sabiendo quién iba a ser adjudicatario y cuatro ofertaban por encima de la quinta que iba a ser la ganadora", agregó. Fariña reiteró en su declaración que "la CAC, Scioli y Julio de Vido eran quienes organizaban la obra pública en la Provincia de Buenos Aires. Estos tres, Scioli, De Vido y la CAC eran quienes armaban".

Según Garganta esta versión de Fariña tiene similitudes con la declaración de Wagner en la causa que tarita ante el juez federal Claudio Bonadio. Por ese motivo le requirió una copia certificada de ese documento judicial.

 

 

Otra de las herramientas que tiene entre manos el vidalismo es la reapertura de la causa que tuvo Scioli por “enriquecimiento ilícito”, que fue cerrada en trámite expres por el juez de Garantías de La Plata, Pablo Raele, luego de una visita relámpago a su despacho de parte del ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. Ricardo Casal. Los memoriosos recuerdan que aquella visita fuera del horario judicial, no fue en buenos términos.

Ese expediente llegó hasta la Suprema Corte bonaerense que encomendó al procurador Julio Conte Grand para que realice la denuncia pertinente de nueva investigación, causa que al poco tiempo tuvo destino de archivo, pero será activada en breve, según adelantaron fuentes inobjetables de la Procuración General provincial.

Este panorama se suma a la difícil situación procesal que gobierna a Scioli en la investigación por la denuncia de Carrió bajo la carátula "lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública".

El fiscal primero apuntó la investigación a supuestas irregularidades detectadas en la ex Jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Pérez, mediante la emisión de facturas apócrifas por un monto superior a los 10 millones de pesos por servicios que no se prestaron en unos 25 eventos que se desarrollaron durante los años 2014 y 2015.

 

 

Tras descubrirse el supuesto delito, se realizó un allanamiento en la casa que el ex Subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, tiene dentro del country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Bs.As.-La Plata.

Allí el fiscal encontró una caja fuerte de dos metros de alto vacía, oculta dentro de una escultura de un dragón, además de unos cuarenta mil pesos y documentación que fue secuestrada. Inmediatamente Carbone y el ex Jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, fueron procesados en noviembre de 2016. Tras negar su participación en el hecho que se les imputa, la justicia los inhibió por 15 millones de pesos y les prohibió salir del país sin una autorización judicial.

Más tarde el fiscal giró la investigación hacia los movimientos de Scioli durante su administración, y a finales de noviembre de 2016 ordenó allanar las oficinas de Plan de Vuelo de Aeroparque, el hangar de la empresa Royal Class, el aeropuerto de San Fernando y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Madero. El objetivo: determinar si el ex gobernador realizó viajes de la campaña presidencial disfrazados de salidas oficiales y si fueron pagados con fondos de la provincia de Buenos Aires.

Otra medida de Garganta fue una solicitud a Scioli para que presente las facturas por la contratación de un vuelo privado Punta Cana con la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., la misma que alquiló las aeronaves a la Gobernación hasta diciembre de 2015.

Scioli también es investigado, junto al ex ministro de Salud provincial Alejandro Collia, por el presunto desvío de fondos en la construcción de varias unidades sanitarias UPA (Unidad de Pronta Atención).