El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que "algún abogado guionando" algunos aspectos de declaraciones de los empresarios "arrepentidos", entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.
"Hubo algún abogado guionando el arrepentimiento de empresarios", sostuvo Garavano, tras poner en duda elementos de declaraciones de hombres de negocios que se presentaron como "imputados colaboradores" ante el juez federal Claudio Bonadio.
Vale recordar que ya son ocho los empresarios que se acogieron a esa figura, entre los que se encuentra el primo de Mauricio Macri, y prometieron aportar detalles sobre la red de pago de coimas montada durante el gobierno anterior. A esa lista también se sumará el empresario Aldo Roggio, quien debe esperar hasta el lunes para la homologación del magistrado federal.
Garavano dijo que el Gobierno apuntará a que haya un "juicio oral pronto" y que puedan dilucidarse todos los detalles de la causa.
En declaraciones a la radio La Red, Garavano también apuntó contra el exjuez federal Norberto Oyarbide y sostuvo: "Hay otros jueces de la ultima década que fueron designados con afinidad política".
"El Gobierno anterior trato de coptar a distintos jueces", señaló el ministro, al tiempo que syubrayó que "esta trama de corrupción incluía una pauta de protección judicial con Oyarbide".
El viernes, el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner declaró ante el juez Bonadio y realizó un aporte clave, al brindar detalles sobre supuestos "retornos" por la concesión de obra pública durante el gobierno kirchnerista.
Wagner, dueño de la constructora ESUCO, declaró que negoció directamente con el ex ministro Julio De Vido el pago de coimas para el "reparto" de la obra pública y que se abonaba entre el 10 y el 20 por ciento del precio total.
Así lo indicaron a NA fuentes judiciales, las que precisaron que Wagner precisó además en su indagatoria que otro de los medios de pago de los sobornos era la devolución del dinero que recibía del Gobierno tras cada certificado de obra y que detrás de la trama de recaudación estaban los ex secretarios Roberto Baratta y José López.
Se trata del primer empresario que declara en la causa por asociación ilícita reconociendo el pago de coimas al gobierno kirchnerista a modo de retribución por la concesión de obra pública, que se entregaba en forma discrecional: el juez Bonadio firmó la homologación de su declaración como imputado colaborador y finalmente salió en libertad.