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Íntegros cebados vs. políticos cautelosos, la grieta Centeno en la Rosada

El Gobierno está dividido entre quienes se entusiasman con la caída de CEOs y kirchneristas y los que temen un búmeran de alcances imprevisibles. El dilema: qué hacer con las empresas involucradas.
Por 11/08/2018 10:21

Desde que los voceros presidenciales comenzaron a celebrar la detención preventiva de empresarios por la causa de los “cuadernos”, las lecturas políticas son cada vez más divergentes dentro de la Casa Rosada, especialmente sobre las consecuencias para el oficialismo de la investigación que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Los humores de Balcarce 50 cambiaron de la euforia inicial de la primera semana del escándalo a la cautela autocontenida de la segunda, cuando el primo presidencial Angelo Calcaterra se presentó ante en el juzgado, tras la detención de su ex CEO, Javier Sanchez Caballero, para ofrecer información a cambio de su libertad. El miembro del clan Macri que estuvo al frente de la constructora familiar IECSA hasta hace un año reconoció haber pagado coimas, transitó un camino procesal parecido al de un “soplón” y abrió la primera brecha comunicacional para el entusiasmo de Cambiemos: se transformó en el primer empresario directamente involucrado con el Presidente, pero también el primero en zafar de la prisión preventiva que ya suma más de una decena de ejecutivos tras las rejas.

 

 

La escena judicial dividió la intimidad del entorno presidencial entre el pelotón de funcionarios que exuda entusiasmo ante la evolución del escándalo y los que prefieren escudarse en la cautela ante la repetición local de dos efectos similares a los que vivió Brasil durante el Lava Jato: el freno de las obras públicas en marcha ante la crisis patrimonial de las empresas involucradas y los coletazos políticos y económicos de los interlocutores empresariales del Gobierno.

“Por lo pronto, sabemos que es una bandera que vamos a poder levantar el año que viene, pero falta mucho para eso. El problema es el corto plazo”, razonó un escudero presidencial que integra las filas del ala política del Gabinete, mientras advierte que la sombra de Calcaterra podría extenderse a otros empresarios cercanos a Macri, como el magnate energético Marcos Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y comprador de IECSA para rebautizarla como SACDE. Su nombre también aparece en las fotocopias de los cuadernos que el ex chofer Oscar Centeno dice haber escrito. 

 

 

Dentro de ese territorio interno de Cambiemos surgieron las voces que buscaron calmar las peores preocupaciones económicas, es decir, el freno de las obras ganadas por las empresas cuyos gerentes y CEOs comienzan a calzarse el traje del arrepentimiento a cambio de zafar de las esposas.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue uno de los primeros en garantizar la continuidad de las obras. Su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, diseña un plan de contingencia ante la zozobra de los mercados y el titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigerio, repasa las medidas que aplicó sobre Odebrecht cuando estalló el Lava Jato y le suspendió el certificado del Registro de Constructores para presentarse a licitaciones públicas.

“Tenemos herramientas, pero ninguna para actuar ante una denuncia. Eso no está mal: si uno recibe una denuncia, debe actuar el juez. Tampoco queremos ser reactivos, pero hay que ser cautelosos”, contestó otro hombre del mismo sector.

“Es una bandera que vamos a poder levantar el año que viene: el problema es el corto plazo”, razonó el ala política del Gabinete.

A contrapelo de esos pasos cortos, los funcionarios que forman parte de la “Mesa de Integridad”, creada para reunir a los organismos de control, consideran que hay que ir a fondo, “cueste lo que cueste”. Es la frase que algunos le escuchan decir al “lilito” Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que controla Marcos Peña. El ex diputado nunca dejó de ser la mano derecha de la chaqueña Elisa Carrió, mandamás de la Coalición Cívica, y repite, casi con el mismo tono vehemente, la necesidad de “ir a fondo” sobre todos los señalados, vengan de donde vengan.

 

 

 

En la “Mesa de Integridad” consideran que hay que ir a fondo, “cueste lo que cueste”.

Por mandato presidencial, Sánchez debe compartir el cartel de “Integridad” con Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), que tiene rango de secretaría de Estado dentro del Ministerio de Justicia, conducido por Germán Garavano. Según admiten en el primer piso de la Casa Rosada, padece “mucho desgaste por la cantidad de casos por conflictos de intereses que tuvo que atajar” desde que asumió. Una mácula que su competidor “lilito” no posee y cuya ausencia busca aprovechar con el apoyo de Carrió.

A pesar de su crisis de credibilidad pública, Alonso sostiene la necesidad de profundizar la aplicación de la Ley de Reponsabilidad Penal Empresaria, mientras que Sánchez insiste en la necesidad de entrecruzar información y avanzar en la sanción de las empresas sospechadas, desde la suspensión de las certificaciones para participar de licitaciones hasta la presentación como querellante y denunciante en los casos que sean necesarios. Los contrapuntos, muchas veces coincidentes, son parte del caldo que cocina la “Mesa de Integridad”, también compuesta por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el síndico General de la Nación, Alberto Gowland; el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni, y el subsecretario de Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización Rudi Borrman.

 

 

En ese equipo, la voz determinante la tiene Saravia Frías, que podrá marcar la cancha mediante sus dictámenes como jefe de los abogados del Estado. También cuenta con un desgaste inicial, tras el polémico reemplazo de su antecesor, el camarista porteño Carlos Balbín, que se ganó la furia presidencial cuando cuestionó en privado el acuerdo promovido por la empresa Correo Argentino, del Grupo Macri, para pagar la deuda con el fisco por la fallida privatización del servicio telepostal durante el gobierno de Carlos Menem, que anuló Néstor Kirchner apenas asumió, en 2003.

A pesar del apoyo que le daba Carrió, Balbín fue finalmente removido y, desde entonces, Saravia Frías goza de la “plena confianza” de Macri, quien tendrá la última palabra sobre las medidas que adoptará el Gobierno sobre las empresas investigadas.

“Esto no tiene techo: Mauricio fue antisistémico y soltó a su primo. No lo protegió”, se defiende uno de los exégetas presidenciales. La fuente omite la curiosa ventaja que le permitió a Calcaterra zafar de la prisión, aunque reconoce que Macri tiene la llave de oro para regular una tormenta que, hasta ahora, no cuenta con una hipótesis criminal concreta. Un punto que jamás mencionaron los miembros de la “Mesa de Integridad” y que los escuderos cautelosos tampoco quieren escuchar. 

Íntegros cebados vs. políticos cautelosos, la grieta Centeno en la Rosada

El Gobierno está dividido entre quienes se entusiasman con la caída de CEOs y kirchneristas y los que temen un búmeran de alcances imprevisibles. El dilema: qué hacer con las empresas involucradas.

Desde que los voceros presidenciales comenzaron a celebrar la detención preventiva de empresarios por la causa de los “cuadernos”, las lecturas políticas son cada vez más divergentes dentro de la Casa Rosada, especialmente sobre las consecuencias para el oficialismo de la investigación que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Los humores de Balcarce 50 cambiaron de la euforia inicial de la primera semana del escándalo a la cautela autocontenida de la segunda, cuando el primo presidencial Angelo Calcaterra se presentó ante en el juzgado, tras la detención de su ex CEO, Javier Sanchez Caballero, para ofrecer información a cambio de su libertad. El miembro del clan Macri que estuvo al frente de la constructora familiar IECSA hasta hace un año reconoció haber pagado coimas, transitó un camino procesal parecido al de un “soplón” y abrió la primera brecha comunicacional para el entusiasmo de Cambiemos: se transformó en el primer empresario directamente involucrado con el Presidente, pero también el primero en zafar de la prisión preventiva que ya suma más de una decena de ejecutivos tras las rejas.

 

 

La escena judicial dividió la intimidad del entorno presidencial entre el pelotón de funcionarios que exuda entusiasmo ante la evolución del escándalo y los que prefieren escudarse en la cautela ante la repetición local de dos efectos similares a los que vivió Brasil durante el Lava Jato: el freno de las obras públicas en marcha ante la crisis patrimonial de las empresas involucradas y los coletazos políticos y económicos de los interlocutores empresariales del Gobierno.

“Por lo pronto, sabemos que es una bandera que vamos a poder levantar el año que viene, pero falta mucho para eso. El problema es el corto plazo”, razonó un escudero presidencial que integra las filas del ala política del Gabinete, mientras advierte que la sombra de Calcaterra podría extenderse a otros empresarios cercanos a Macri, como el magnate energético Marcos Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y comprador de IECSA para rebautizarla como SACDE. Su nombre también aparece en las fotocopias de los cuadernos que el ex chofer Oscar Centeno dice haber escrito. 

 

 

Dentro de ese territorio interno de Cambiemos surgieron las voces que buscaron calmar las peores preocupaciones económicas, es decir, el freno de las obras ganadas por las empresas cuyos gerentes y CEOs comienzan a calzarse el traje del arrepentimiento a cambio de zafar de las esposas.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue uno de los primeros en garantizar la continuidad de las obras. Su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, diseña un plan de contingencia ante la zozobra de los mercados y el titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigerio, repasa las medidas que aplicó sobre Odebrecht cuando estalló el Lava Jato y le suspendió el certificado del Registro de Constructores para presentarse a licitaciones públicas.

“Tenemos herramientas, pero ninguna para actuar ante una denuncia. Eso no está mal: si uno recibe una denuncia, debe actuar el juez. Tampoco queremos ser reactivos, pero hay que ser cautelosos”, contestó otro hombre del mismo sector.

“Es una bandera que vamos a poder levantar el año que viene: el problema es el corto plazo”, razonó el ala política del Gabinete.

A contrapelo de esos pasos cortos, los funcionarios que forman parte de la “Mesa de Integridad”, creada para reunir a los organismos de control, consideran que hay que ir a fondo, “cueste lo que cueste”. Es la frase que algunos le escuchan decir al “lilito” Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que controla Marcos Peña. El ex diputado nunca dejó de ser la mano derecha de la chaqueña Elisa Carrió, mandamás de la Coalición Cívica, y repite, casi con el mismo tono vehemente, la necesidad de “ir a fondo” sobre todos los señalados, vengan de donde vengan.

 

 

 

En la “Mesa de Integridad” consideran que hay que ir a fondo, “cueste lo que cueste”.

Por mandato presidencial, Sánchez debe compartir el cartel de “Integridad” con Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), que tiene rango de secretaría de Estado dentro del Ministerio de Justicia, conducido por Germán Garavano. Según admiten en el primer piso de la Casa Rosada, padece “mucho desgaste por la cantidad de casos por conflictos de intereses que tuvo que atajar” desde que asumió. Una mácula que su competidor “lilito” no posee y cuya ausencia busca aprovechar con el apoyo de Carrió.

A pesar de su crisis de credibilidad pública, Alonso sostiene la necesidad de profundizar la aplicación de la Ley de Reponsabilidad Penal Empresaria, mientras que Sánchez insiste en la necesidad de entrecruzar información y avanzar en la sanción de las empresas sospechadas, desde la suspensión de las certificaciones para participar de licitaciones hasta la presentación como querellante y denunciante en los casos que sean necesarios. Los contrapuntos, muchas veces coincidentes, son parte del caldo que cocina la “Mesa de Integridad”, también compuesta por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el síndico General de la Nación, Alberto Gowland; el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni, y el subsecretario de Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización Rudi Borrman.

 

 

En ese equipo, la voz determinante la tiene Saravia Frías, que podrá marcar la cancha mediante sus dictámenes como jefe de los abogados del Estado. También cuenta con un desgaste inicial, tras el polémico reemplazo de su antecesor, el camarista porteño Carlos Balbín, que se ganó la furia presidencial cuando cuestionó en privado el acuerdo promovido por la empresa Correo Argentino, del Grupo Macri, para pagar la deuda con el fisco por la fallida privatización del servicio telepostal durante el gobierno de Carlos Menem, que anuló Néstor Kirchner apenas asumió, en 2003.

A pesar del apoyo que le daba Carrió, Balbín fue finalmente removido y, desde entonces, Saravia Frías goza de la “plena confianza” de Macri, quien tendrá la última palabra sobre las medidas que adoptará el Gobierno sobre las empresas investigadas.

“Esto no tiene techo: Mauricio fue antisistémico y soltó a su primo. No lo protegió”, se defiende uno de los exégetas presidenciales. La fuente omite la curiosa ventaja que le permitió a Calcaterra zafar de la prisión, aunque reconoce que Macri tiene la llave de oro para regular una tormenta que, hasta ahora, no cuenta con una hipótesis criminal concreta. Un punto que jamás mencionaron los miembros de la “Mesa de Integridad” y que los escuderos cautelosos tampoco quieren escuchar.