En la Secretaría Legal y Técnica ya descansa el decreto que impregna de incertidumbre el futuro laboral de unos seis mil empleados públicos cuyos contratos se vencen el primer día hábil de 2019. Con esa disposición, el presidente Mauricio Macri planea eliminar el régimen de contrataciones de personal a través de universidades nacionales; un sistema de precarización, a través de contratos anuales, del que dependen trabajadores que cumplen tareas en casi todos los ministerios.
Fuentes oficiales de la cartera de Modernización confirmaron a Letra P que el Ejecutivo tiene listo el decreto que podría publicarse en el Boletín Oficial antes del fin de semana, aunque esto último dependerá de los tiempos administrativos de la Secretaría Legal. Se trata de la decisión adelantada por el ministro Andrés Ibarra y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la conferencia de prensa que dieron el 1 de junio pasado.
Este sistema, por el cual dependencias estatales –desde ministerios a la ANSES, pasando por la Comisión de Energía Atómica o hasta la propia Secretaría General de la Presidencia- tenían empleados tercerizados a través de contratos de “asistencia técnica” con universidades nacionales, está regulado por dos decretos. El 1023/2001, que establece las condiciones para las contrataciones del Estado; y el 204/2004, que incluyó a los convenios firmados con las universidades entre los tipos de contrataciones directas permitidas.
Según las fuentes consultadas, a la decisión inicial del Ministerio de Modernización de revisar e ir recortando estos contratos ahora Presidencia sumó una medida más tajante: eliminar el esquema. "Lo que va a prohibir el decreto no es firmar convenios y contratar universidades, sino contratar personal a través de ese esquema", detalló el informante.
Consultado por la continuidad de esos trabajadores, ante el plan oficial de ejecutar un fuerte ajuste en el Estado, la fuente no garantizó su continuidad. "Vamos a consultar a cada área y ellos nos dirán quién necesita que siga trabajando", dijeron. Esto se contrapone con la orden que bajó Dujovne en la reunión de gabinete del lunes, cuando intimó al resto de los ministros a ir a fondo con el recorte en cada una de sus áreas.
Según informó Lanación.com, el plan macrista es desligarse de, al menos, tres mil trabajadores de este universo precarizado.
Además, los estatales que hoy estén contratados a través de universidades y que mantengan su puesto de trabajo el año próximo lo harán bajo las condiciones del decreto 1109/2017, el decreto de precarización de empleados públicos que firmó Macri el año pasado.
La mayor parte de esos contratos, anuales, se firman bajo un régimen de año calendario. Es decir: del 1 de enero al 31 de diciembre. De hecho el 1 de enero de 2016, el primer Año Nuevo de la gestión Cambiemos, el ministro Ibarra inició la ola de despidos y redujo drásticamente la nómina de trabajadores contratados bajo este régimen que había dejado el kirchnerismo.
Pero, ahora, el plan de ajuste del déficit fiscal firmado por Dujovne con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó a acelerar lo que en el Gobierno llaman una “depuración”, pero que, en los hechos, será una ola de despidos que podría multiplicar los ejecutados por el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, en la agencia Télam.
El régimen de asistencia técnica requiere de un inicial convenio entre el organismo oficial que lo requiera y la universidad que pueda prestar ese servicio. El trabajador contratado por esa vía debe facturarle a la universidad correspondiente, que es la que cobra por el servicio prestado al Estado nacional o al ente descentralizado que la haya convocado.
