Después de una larga semana de conflicto, Hernán Lombardi le ordenó al presidente del directorio de Télam, Rodolfo Pousá, que haga un poroteo para evaluar cuánta tropa propia está dispuesta a romper la huelga que mantiene paralizada la principal agencia de noticias del país por la ola de despidos que dejó en la calle a 354 trabajadores.
La reunión se realizó este martes y contó con la presencia de la plana mayor de Télam, incluidos los jefes periodísticos que habían tomado distancia de Pousá, después de que el ex periodista dijera en televisión que fueron los mandos medios quienes confeccionaron la lista de despidos. La decisión de concretar la reunión fuera de la agencia pública responde a que los directivos del medio abandonaron sus instalaciones casi de manera simultánea a la notificación de las primeras notificaciones de despidos. También coincide con la estrategia mediática de Lombardi de hablar exclusivamente en medios privados.
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Si bien el cónclave sirvió para ordenar el frente interno, crispado por las declaraciones de Pousá en las que sinceró que hubo motivos ideológicos en los desplazamientos, el balance fue negativo en cuanto al tanteo sobre la posibilidad de avanzar con un servicio periodístico que funcione en Tecnópolis. Antes de que se iniciara el conflicto, Lombardi dispuso que el parque de entretenimiento creado por el kirchnerismo fuera el lugar donde se monte una redacción paralela, una alternativa que por el momento fue descartada por falta de adhesiones. Incluso los jefes de sección que ingresaron con la actual gestión reconocieron la imposibilidad de convocar a los periodistas a su cargo con un conflicto abierto.
Pese a lo que esperaban las autoridades, los edificios no fueron tomados por los despedidos que, en cambio, definieron seguir concurriendo en su horario habitual y permaneciendo en las noches de manera rotativa. Esa estrategia, y la evaluación del acatamiento de la huelga que ya ingresó en su octavo día, llevó al Ejecutivo a presentar una denuncia penal el lunes pasado, que fue elevada a la justicia federal por el presunto delito de usurpación y la interrupción de la función pública, un movimiento que podría profundizar el rechazo que ya expresó buena parte del establishment periodístico, incluso figuras afines al oficialismo.
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Durante la reunión del martes, el número dos de la agencia, Ricardo Carpena, reconoció ante una docena de colaboradores que el directorio seguía siendo el responsable del control de los edificios de la agencia y que la denuncia apuntaba a tener una cobertura legal para los funcionarios ante cualquier eventualidad. Una confesión que de llegar a los oídos del juez Marcelo Martínez de Giorgi haría naufragar la estrategia oficial de mostrar a los periodistas como usurpadores.
Con su faltazo a la citación en la Cámara de Diputados, donde dos comisiones esperaban escuchar los argumentos oficiales para justificar una reducción del 40% de la planta laboral de la agencia, Lombardi blanqueó que esperan un conflicto de tiro largo, algo que también deslizaron en la reunión de la calle Chacabuco. No obstante, los consensos dentro de los sectores políticos afines a Cambiemos sigue agrietándose por la dureza del ajuste.
Al comunicado de Fopea de la semana pasada, en la que criticaron los despidos, se agregó esta semana una polémica epistolar en el Club Político Argentino, que obligó a los principales funcionarios de la agencia y del Sistema de Medios a repetir el mantra defensivo: la pesada herencia del kirchnerismo es la responsable del desmanejo de la agencia.
Hasta el número dos de Lombardi, Jorge Sigal, debió interceder para frenar una propuesta para repudiar los despidos surgida en la usina de intelectuales afines a Cambiemos. Por el momento, no verá a la luz pero grafica a las claras las inconveniencias provocadas por la mayor ola de despidos de la historia de la prensa argentina.