Dentro de dos semanas el Gobierno implementará un plan para contener las consecuencias políticas y sociales del ajuste previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de cuatro mesas sectoriales para aplicar el “acuerdo nacional” que convocó el presidente Mauricio Macri hace un mes, dos semanas después de la primera corrida cambiaria, cuando anunció negociaciones con el organismo financiero internacional. El esquema será similar a las fallidas mesas de diálogo para la producción y el trabajo, que Macri creó mediante el decreto 1092, en octubre de 2016, y fueron suspendidas cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió levantarse de esa troika en febrero del año siguiente, antes del inicio de la segunda paritaria bajo la administración Cambiemos.
En esta oportunidad, dos años después de la primera experiencia, las mesas de negociación serán, por lo menos, cuatro y estarán concentradas en la negociación del Estado federal con gobernadores, sindicatos, organizaciones sociales y empresarios. El margen de esas instancias “de contención” estará delimitado por el estricto cumplimiento de la reducción del déficit fiscal impuesto por el FMI, que será del 1,3 para 2019. “No tenemos la idea de no acordar con nuestros interlocutores, pero si no llegamos a un acuerdo, igualmente vamos a tener que aplicar la meta del 1,3%”, detalló un funcionario de la Casa Rosada, para confirmar que las pautas de ajuste fiscal serán cumplidas por las buenas, o por las malas.
MESA MATRIZ. La primera de las cuatro instancias estará dedicada a la discusión del presupuesto 2019 con las provincias y estará en manos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Serán 24 reuniones bilaterales, que comenzarán a partir de julio, cuando el Gobierno ya haya rubricado el acta de acuerdo de endeudamiento con el Fondo y el equipo económico comience a aplicar las exigencias del organismo. “Hasta que no tengamos las pautas formalizadas, no vamos a reunirnos con los gobernadores, pero tenemos previsto analizar la situación de cada provincia y negociar en base a eso”, anticipó a Letra P un funcionario de la cartera de Interior, aunque aseguró que la hoja de ruta de esas mesas “no será fiscal”, en referencia al interés de Cambiemos para que las negociaciones no queden empantanadas en la letra chica del ajuste esperado: el tema que más preocupa a cada uno de los mandatarios que a partir de julio deberán negociar con Frigerio por dónde recortar. Dentro de ese largo camino de negociaciones, hay escalas determinantes, como la posible transferencia del control de Aguas y Saneamientos de la órbita nacional a la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, como un rediseño del esquema de reducción de los subsidios a los servicios públicos en el Área Metropolitana.
Del futuro de esa “mesa matriz”, depende parte de las negociaciones reservadas que llevan adelante distintos miembros de la mesa chica que reporta al Presidente, como los encuentros que realizaron la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y con el senador Miguel Angel Pichetto, titular del bloque peronista en la Cámara Alta. Si las negociaciones con los gobernadores tienen algún resultado positivo, el borrador de presupuesto nacional para el año puede ingresar al Congreso el 15 de septiembre de 2019. Hasta entonces corre la agenda política de la “mesa matriz”, y desde esa fecha el Ejecutivo jugará su suerte en las dos cámaras del Congreso, para evitar que la oposición los deje sin presupuesto para el próximo año electoral.
Mientras evolucione “la rosca” con las provincias, las otras tres mesas de contención deberán afrontar los otros frentes abiertos del ajuste fiscal, en un semestre que todos los funcionarios consultados pronostican como “muy duro.
EMPRESARIOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES. El flamante ministro de Producción, Daniel Sica, junto a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, anudarán citas con cámaras empresarias de distintos sectores, para afrontar un escenario recesivo y alta inflación, donde las pautas oficiales de crecimiento para este año son del 0,4% y para 2019, de un modesto 2%. “En esa mesa vamos a poner en juego incentivos a la producción, a las economías regionales y medidas impositivas para las pequeñas y medianas”, pronosticó una fuente del equipo económico.
Junto a las mesas con gobernadores y empresarios, concentradas en las entrañas del poder, se sumarán otras dos, enfocadas en la calle, que serán anunciadas bajo una nueva línea discursiva: “Que los argentinos no pierdan poder adquisitivo”. Una nueva frase que ya comenzaron a repetir todos los integrantes del elenco presidencial, para contener la incertidumbre ante el incremento de la inflación y la volatilidad cambiaria que todavía no concluyó.
Con las centrales sindicales esa malla será tejida por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que deberá afrontar un nuevo paro nacional de la CGT para el próximo 25 de junio, pero luego del principio de acuerdo de aumento salarial que Camioneros negoció con las cámaras patronales del sector, por un 25%. Aunque en la cartera laboral buscaron tomar distancia del acuerdo, fuentes oficiales confirmaron que Triaca estaba al tanto de la negociación y que “el número no cayó mal dentro del Gobierno, porque está cinco puntos por encima de los 20 puntos previsto y confirma el interés oficial de preservar el poder adquisitivo”, explicó un funcionario de Balcarce 50, que adhirió su discurso al mantra “anti inflacionario”, aunque las previsiones de depreciación del peso podrían estar por encima del 32% que el FMI establece como límite máximo antes de revisar todo el acuerdo.
“Hay muchas paritarias que cerraron en el 15%, pueden sumar otro 5%, y tienen sus cláusulas de revisión. En esa mesa haremos un seguimiento de cada caso”, detallaron cerca de Triaca respecto a las presuntas funciones de esa instancia de contención, que deberá funcionar en forma coordinada con Carolina Stanley. La ministra de Desarrollo Social deberá atender a las organizaciones sociales de todo el país, en un escenario de pronunciado incremento de la pobreza, a partir del traslado a precios de la depreciación del peso. Frente a esa tensión territorial, que tiene un altísimo eco en gobernadores e intendentes, la cartera de Stanley podría desplegar nuevos aumentos a los programas sociales, pero en un escenario de recortes y creciente incertidumbre por el alcance de los mecanismos de atención vigentes.
En el frente social, la evolución del tarifazo previsto para los próximos 12 meses encierra una centralidad determinante, debido al impacto corrosivo que puede tener “en el poder adquisitivo”, a partir del impacto que tendrá en los aumentos por la suba del dólar. Ese punto todavía es materia de especulaciones, luego del despido del ministro de Energía, Juan José Aranguren y su reemplazo por Javier Iguacel. Si ese enroque no implica un cambio en la política tarifaria de Cambiemos, la tarea de la malla de contención en diseño, será mucho más ardua de lo previsto.