La fría noticia policial indica que tras una serie de allanamientos desbarataron una banda que se dedicaba a la falsificación y venta de certificados médicos apócrifos para empleados estatales (en su mayoría docentes bonaerenses), que no hay detenidos y que el caso estaría esclarecido. Pero detrás de esa foja policial existe una intricada trama que apunta a uno de los gremios estatales más poderosos y, en su etapa de análisis, está la conexión con el municipio macrista de Pilar, administrado por el polémico alcalde, Nicolás Ducoté.
Uno de los allanamientos fue ejecutado en la delegación de UPCN de la localidad de Malvinas Argentinas donde se secuestraron certificados en blanco pero firmados por el médico del gremio, entre otros elementos de valor probatorio.
Tras el procedimiento fueron imputados el delegado gremial de UPCN, Ángel Riquelme, uno de los delfines del secretario general bonaerense, Carlos Quintana. También fueron notificados de la acusación que pesa en su contra otros empleados del gremio, sobre quienes, por el momento, no pesan órdenes de detención.
La investigación se inició el 15 de mayo pasado por una denuncia de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que, tras una auditoría interna, detectaron irregularidades en la presentación de certificados médicos. Había cientos de solicitud de carpeta por enfermedad, de distintos puntos distantes de la provincia, con la firma y sello del mismo médico.
Las escuchas telefónicas fueron una de las claves de los investigadores para dar con los integrantes de la organización criminal. Pero en el transcurso de la investigación descubrieron que el perjuicio no era solo contra el erario provincial. También esos certificados eran presentados por empleados municipales y aceptados por la Municipalidad de Pilar, a cargo del alcalde de Cambiemos, Nicolás Ducoté. Esta arista de la causa está en el inicio de la investigación y sus consecuencias pueden ser inimaginables.
El expediente está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta bajo el control del juez de Garantías Juan Pablo Masi, ambos del Departamento Judicial de La Plata. Según figura en el expediente, los certificados médicos se vendían a $800. Según los reportes, se entregaron más de 200, lo que provocó un daño patrimonial a las arcas públicas de unos seis millones de pesos.
Los allanamientos se produjeron en medio de la pulsión entre el gobierno de María Eugenia Vidal y de los gremios docentes por la paritaria del sector, aun no cerrada. Desde el gobierno provincial denuncian a los gremios de docentes de amparar el abuso de las licencias docentes por enfermedad, hecho que le significa una erogación de 19 mil millones de pesos año al Estado bonaerense.
Por su parte los gremios docentes rechazan esa acusación y sostienen que la potestad del control de las licencias médicas es del propio gobierno y que los gremios no tienen injerencia en la materia.
