Una rara alquimia de peronistas, macristas y possistas conforman la lista opositora que pretende conducir los destinos del Colegio de Abogados del departamento judicial de San Isidro (CASI), lo que marcaría la injerencia directa de la política tradicional en la conducción de una institución que, entre otras misiones, es la de controlar al Poder Judicial y el funcionamiento de la justicia.
Bajo el nombre fachada de “Opción Pluralista” la oposición al Movimiento Renovador que conduce el CASI desde hace más de dos décadas intentará arrebatar la presidencia, en las elecciones que se desarrollarán los días 30 y 31 de mayo próximo. Pero, quiénes son los candidatos.
Carlos Alejandro Poggi es el candidato a Presidente de la institución. Su campaña está apoyada por alfiles de la política partidaria y de la cuestionada industria del juego.
Diego Isabella encabeza la lista de Consejeros Titulares. Su padre es uno de los colaboradores directos del dirigente PRO, Daniel Angelici. Pascual Isabella es el presidente del Bingo King de San Fernando, propiedad del presidente de Boca. Además, el candidato se mostró en fotos con diferentes intendentes de la Primera Sección electoral bonaerense, como es el caso del polémico alcalde de Pilar, Nicolás Ducoté.
Angelici fue denunciado por la diputada nacional Elisa Carrió de ser un “operador judicial” de Cambiemos para manipular el avance o planchado de causas judiciales en las que están involucrados dirigentes opositores o del oficialismo.
"El Tano" es mencionado en los pasillos de tribunales como el conductor de la “justicia doble comando”. A fondo y como sea para opositores, cajoneo de expedientes para los amigos. Una compleja conducta que quiere tener su correlato en uno de los departamentos judiciales más importantes de la provincia de Buenos Aires.
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La presencia del angelicismo en la conducción de un colegio de abogados (en esta caso sería en San isidro) le permitiría extender sus influencias en la designación de magistrados, estar en la mesa de acuerdos.
El presidente de Boca es uno de los zares del juego en la provincia de Buenos Aires, donde se están renovando las licencias en diversos bingos. Tener injerencia en el Poder Judicial ante eventuales denuncias o judicialización del proceso, es un arma nada despreciable en el mundo de los negocios privados.
No menos llamativa es la presencia en la lista del vicepresidente del Partido Justicialista de San Isidro, Hugo César Azerrat. El dirigente del PJ fue apoyado por el titular del partido, Gustavo Menéndez, procesado en el marco de la causa “mochila verde” por el faltante de dinero en el casino de Mar del Plata cuando el actual intendente de Merlo era funcionario del multiprocesado ex gobernador kirchnerista, Daniel Scioli.
Sabido es que en el barro de la política tradicional, San Isidro es un distrito adverso al peronismo, pero los otros municipios que integran el departamento judicial tienen (tradicionalmente) un fuerte componente de peronismo en su adn social, aunque en las últimas elecciones, se impuso el oficialismo de Cambiemos. Los ayuntamientos de la zona integran la Primera Sección electoral de la provincia de Buenos Aires, sección que se pintó mayoritariamente de amarillo en 2015 y 2017.
Además, quienes transitan a diario los pasillos de tribunales y municipales no dudan en sostener que “esta rara mezcla es apoyada por un sector importante del possismo”. Otra rareza teniendo en cuenta que el macrismo quiere dar pelea en ese distrito para destronar a su intendente aliado, Gustavo Posse. Ya probó con el ex juez Guillermo Montenegro y no pudo.
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En la vereda opuesta, el oficialismo es claro: la política tradicional no tiene espacio en el CASI, allí el norte es gestionar en beneficio de los matriculados y ejercer el control sobre magistrados.