La asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentará ante la Justicia un amparo para postergar hasta mayo el fuerte aumento en la tarifa de gas que rige desde el 1° de abril, un mes antes de lo que indica la normativa.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dispuso la semana pasada un incremento del hasta el 40% en las tarifas del gas. Además, resolvió aplicarlo a partir del primer día de abril cuando la normativa en vigor lo autoriza a practicarlo recién el 1° de mayo.
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El titular del CEPIS, Mariano Lovelli, anticipó que pedirá la suspensión del aumento por “su manifiesta inconstitucionalidad” y explicó que “la nueva tarifa de gas debería ser a partir de mayo y no de abril”.
En este sentido, reclamará que “se ordene al Enargas que proceda a aplicar los nuevos cuadros tarifarios a partir del mes de mayo del corriente año, hasta tanto se dicte sentencia de fondo en los presentes obrados”.
En declaraciones a Radio 10, el abogado calificó de “arbitraria” la decisión de Aranguren de adelantar las subas y remarcó que “no hay motivo para que estos señores adelanten el saqueo al bolsillo de la gente”.
Para el Cepis, el aumento adelantado “carece de todo tipo de legalidad” y “conculca de manera clara, concreta y evidente el patrimonio de los usuarios del servicio de gas naturales”. Afecta los derechos constitucionales a la propiedad y es un aumento “confiscatorio y atentatorio contra los principios de razonabilidad y legalidad”.
Según la norma llamada “Reglas básicas de licencia de distribución”, incluida en el decreto 2255 de 1992, “los ajustes serán estacionales, abarcando los períodos del 1° de mayo al 30 de septiembre de cada año, y del 1° de octubre al 30 de abril del año siguiente”.