27|12|2021

Macri, Macron y Carrefour: un Pacto de Olivos flojo de legalidad

25 de abril de 2018

25 de abril de 2018

El salvataje de la cadena francesa empezó en una charla en el Palacio de los Eliseos y terminó en un ruidoso acuerdo, firmado en la Quinta Presidencial, con la presencia y el aval de Triaca.

Disipados en parte los conflictos personales en torno a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo parece jugarse su futuro político dentro de Cambiemos en cada negociación, en cada gesto, en cada acuerdo. Fue el ministro el gestor de un convenio barroco, el del salvataje a Carrefour, en el marco del pedido de la empresa de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) por haber reportado tres balances en rojo. La firma del “Acuerdo Colectivo de Crisis”, fechada el 19 de abril último, se produjo en un escenario inédito para la concreción de pactos laborales: la Quinta de Olivos. Triaca le aseguró al presidente Mauricio Macri que el documento a rubricar era un éxito capitalizable políticamente por el Gobierno. Evaluó que, inicialmente, la cadena francesa -mayor empleador y pagador de impuestos del país- pretendía despedir a tres mil trabajadores en el marco de un proceso de achique de la compañía. Y que, gracias a las buenas artes de la cartera laboral, el nuevo escenario se cerraría con retiros voluntarios sobre unas mil personas, además del compromiso de no despedir y reubicar trabajadores que no quisieran tomar los retiros al 150%.

 

En la postal final, secundado por Rami Baitieh, de Carrefour, y Armando Cavalieri, el jefe del Sindicato de Comercio, Triaca sonríe. La foto fue tomada por fotógrafos oficiales. Sobre la marcha, se descartó sumar al jefe de Estado. Pero la idea original estaba cumplida. El de Carrefour sería un logro de la gestión, mostrable y con un aditamento de peso: un paso adelante en la relación estratégica entre Argentina y Francia.

 

En el centro, Macri; y a su derecha Bompard, próximo CEO de Carrefour. En París. 

 

 

A principios de año, en un encuentro en el Palacio de los Eliseos, Macri y su par francés, Emmanuel Macron, charlaron sobre el tema Carrefour. Minutos antes, el mandatario argentino había desayunado con empresarios franceses en la residencia parisina de Parc Monceu. Entre ellos estaba Alexander Bompard, el futuro CEO de la cadena en Francia.

 

Ese círculo entre Macri, Macron y Carrefour tiene algunas particularidades y coincidencias: Macron está empapado en la crisis argentina de la cadena, porque sabe de primera mano lo que la firma vive en en Francia y en el resto de Europa. De hecho, en enero, los gremios que tienen trabajadores en Carrefour se manifestaron en París contra la reforma laboral del presidente galo, considerando que impactaría en puestos de trabajo de la cadena.

 

Macron conoce todo sobre la crisis, porque, además, se formó en la Escuela Nacional de Administración, la cantera de políticos y empresarios en la que compartió estudios con el propio Bompard. El CEO futuro de Carrefour tiene relación, también, con otros funcionarios del gabinete francés.

 

En ese evento, Macri le prometió a Bompard que los negocios en la Argentina irían en franca mejoría. Se congratuló el mandatario que el cambio de condiciones políticas era todo ganancia para las empresas que quisieran invertir. Bompard creyó a medias. La casa matriz ya estaba informada de los niveles de inflación en Argentina, del retraso en reformas consideradas de peso -como la laboral- y de la caída del consumo.

 

En la foto que se tomaron al concluir el desayuno, Bompard aparece a la derecha de Macri, con más cara de preocupación que de entusiasmo. Más allá del acontecimiento, para Macri era una obsesión despegar del aeropuerto Charles De Gaulle con la tranquilidad de mantener el vínculo con Macron, un aliado estratégico en el marco de la idea argentina de reflotar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

 

Un par de meses después del paso de Macri por Francia, la filial local de Carrefour entró en serios problemas económicos. Y, haciendo uso del recurso legal del PPC, le pidió al Gobierno un respaldo para sanear la operación en Argentina. Una transformación que supondría cierre de sucursales, retiros voluntarios y reformulación del negocio. La resolución del Ministerio de Trabajo fue ágil y rápida. Un convenio con beneficios impositivos inéditos para una multinacional, “una ayuda” a la empresa para salir adelante, tal como calificaron al acuerdo en la cartera.

 

El favor del Gobierno, abultado, estuvo directamente relacionado al planteo que hizo Baitieh, el nuevo CEO de la intervención parisina a la filial local. Firmar una amnistía para reconstruir o someterse a problemas con los 19 mil trabajadores que trabajan en sus supermercados. Un escenario, a todas luces, complejo.

 

 

El acuerdo de la discordia. Ahora todos piden salvataje. 

 

 

El Gobierno jugó fuerte. Elaboró un documento en base a lo acordado por las partes. Con las firmas de Baitieh y Cavalieri y la bendición de Triaca, se planteaba un articulado con concesiones espinosas. En la primera parte, titulada “Vigencia”, se explica que el salvataje “tendrá vigencia hasta el 31 de marzo del 2021”. En el punto 3, “se acuerda, por el plazo de 18 meses a contar desde la fecha, de conformidad con los beneficios previsionales otorgados por el Estado Nacional y con la finalidad de brindar sustentabilidad a la empresa, mantener los puestos de trabajo y poder otorgar los beneficios adicionales indicados en el punto 1, la exclusión del 50% de las contribuciones previsionales patronales correspondientes a la Seguridad Social, sobre el total de las remuneraciones de todo el personal integrante de la nómina de INC. S.A., sin que ello produzca impacto salarial alguno para el trabajador”.

 

Sintéticamente, este punto 3 libera a la empresa de pagar la mitad de las cargas patronales de toda su nómina de trabajadores y obliga al Estado a hacerse cargo, por el plazo de un año y medio, de ese agujero fiscal.

 

Fue la gota que saturó el vaso en la competencia, que ya venía pensando en reclamar iguales condiciones. Algunos lo hicieron explícito, como los súper del interior nucleados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). Otros, los socios de Carrefour en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), lo sugirieron o plantearon la inquietud.

 

 

Trabajadores de Carrefour, en medio de medidas de fuerza por rechazo al acuerdo. 

 

 

Luego de la serie de quejas del sector, incluso volcadas en una reunión con referentes del gabinete económico, Triaca se comprometió con algunos CEOs a suavizar los términos del pacto. Sobre todo el del 50% tan mentado. En paralelo, empezó a comunicar a los medios que, en realidad, el acuerdo firmado no decía eso, sino que refería a una parte de las cargas patronales ahorrables con una nueva forma de aplicación, por única vez, del 15% del aumento logrado en paritarias. Lo hicieron con algunos puntos a favor, entre ellos, el acuerdo (firmado por las dos partes) no lleva la firma de Triaca, pero sí debe ser homologado por el funcionario. Los letrados entienden que, más allá de que no hay firma del ministro, no podía el funcionario desconocer los puntos del acuerdo. Ergo, el Gobierno había avalado conscientemente el perdón multimillonario a Carrefour.

 

Pero hay en lo rubricado un punto relevante: el apartado 4, titulado “Integralidad del presente acuerdo”. “Las partes entienden que la efectiva ejecución e implementación de la totalidad de las cláusulas del presente acuerdo son absolutamente esenciales para su viabilidad e implementación. En tal sentido, si por cualquier motivo no fuera posible la implementación, total o parcialmente, de cualquier parte del presente acuerdo, el mismo quedará sin efecto”. Así, el propio acuerdo reconoce que no puede ser cambiado.

 

Letra P consultó al Ministerio de Trabajo por el aspecto legal del acuerdo sellado en Olivos. La respuesta fue que el texto "está en proceso de pasar el control de legalidad". Indirectamente, en ese proceso el Gobierno apunta a modificar lo establecido sobre el 50%, que se aplicaría no ya sobre la totalidad de los trabajadores, sino sobre el 15% otorgado en paritarias. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Ministerio no tiene potestad para tomar decisiones impositivas, algo que, si se aplicara sobre la totalidad de los empleados de Carrefour, debería hacerse por ley. Un antecedente complejo en un conflicto delicado.