Una de las empresas más grandes del rubro provisión y consumo masivo, Unilever, levantó la mano. Le avisó al Gobierno que su situación es compleja, casi tanto como la de Carrefour, y que no vería con malos ojos tomar un beneficio impositivo similar al que le dieron a la cadena francesa. Con el pedido, se encendieron las alarmas en Casa Rosada. Los popes del Gabinete Económico le pidieron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que vaya dándoles a los jefes de los supermercados, proveedores y mayoristas un mensaje radical y directo. Que el salvataje de Carrefour, que contaba con una amnistía impositiva de más de $800 millones, no se producirá con los efectos firmados. “Quédense tranquilos, muchachos, esto, así como está, no sale”, les avisó el funcionario de Trabajo, en llamados personalizados, a uno por uno de los ejecutivos del consumo.
Lo que preparan en los próximos quince días que dura la conciliación obligatoria en el conflicto es un nuevo convenio, suavizado, aprovechando que aún el documento rubricado entre el Ministerio, Carrefour y el Sindicato de Empleados de Comercio no ha sido homologado.
Al "Frankenstein" original le extirpan el corazón: limarán como se pueda el beneficio de tributar, por 18 meses, sólo la mitad de las cargas patronales. Un escándalo de magnitudes que le puso los pelos de punta a todas las firmas del sector.
La crónica de cómo el Gobierno recalculó, una vez más, una medida polémica, se inició hace unas horas. Los principales referentes del equipo económico del Ejecutivo se reunieron con los jefes de los grandes supermercados y grandes proveedores de alimentos, bebidas y productos de limpieza. El encuentro fue confuso, casi tanto como el acuerdo rubricado e ideado por Triaca. Los empresarios llegaron preocupados, asegurando que el funcionario laboral había puesto en el convenio una amnistía del 50% en cargas patronales por un año y medio. Los funcionarios, algunos muy cercanos al presidente Mauricio Macri, les negaron que fuera así.
“En realidad, el beneficio es eximirlos de pagar alguna carga sobre el 15% de aumento salarial logrado en paritarias”, les explicaron. “No, están equivocados”, respondieron los comerciantes, y les pasaron el documento del convenio, el rubricado por Triaca. “Ah, tienen razón”, fue la respuesta de los altos mandos oficiales. De esa reunión, los CEOs salieron en calma, con la promesa de revisión. Unas horas más tarde, era el propio Triaca el que los calmaba.
Carpeta en mano, Leonardo Scarone, director de Recursos Humanos de Carrefour.
Los grandes supermercados, entre ellos el propio Carrefour, sabían desde el inicio que el acuerdo era irregular e ilegal. Los abogados de otras cadenas especificaron a sus CEOs que Trabajo no tiene la potestad de establecer parámetros de beneficios impositivos. “Este acuerdo, en la Justicia dura 25 segundos antes de que lo declaren inconstitucional”, detallaron. De todos modos, no es la primera vez que Triaca se mueve sin aval oficial, o con mayor vehemencia que la que le permite Balcarce 50.
¿Qué pasará entonces con el acuerdo? Se trabaja en una homologación parcial, que quite el polémico punto tres, el de la amnistía impositiva millonaria. Y le buscarán la vuelta para que subsista con beneficios menores.
En el Gobierno suponen que Triaca se vio sobrepasado por la presión de Carrefour. Rami Baitieh, el francés que llegó de París para achicar la compañía en el marco de la crisis del consumo, le avisó que de no firmarse un acuerdo, corrían peligro los 19 mil puestos de trabajo del mayor empleador y pagador de impuestos del país. En este orden de cosas, es un misterio cómo seguirá la relación del Gobierno con la cadena francesa y qué harán el resto de las firmas que evidenciaron condiciones negativas en su negocio.