Dos horas y media de ida. Dos horas y media de vuelta. Ése es el tiempo que se requiere para llegar hasta el sector de islas emplazadas sobre el Río Paraná Miní y Canal 4, donde se encuentra el Centro de Formación Profesional (CFP) N° 402 "Islas San Fernando", institución que ofrece un amplio abanico de capacitaciones, desde la apicultura hasta la carpintería naval. “Son 42 kilómetros de transporte fluvial, estamos más cerca de Entre Ríos que de Tigre”, señaló a Letra P el director de dicho establecimiento, David Olijavetsky, al dar cuenta del derrotero cotidiano que se realiza para desarrollar los cursos de formación destinado a los cerca de 85 adultos de la zona que allí asisten.
Sin embargo, esta cotidianeidad está en riesgo: “Hace dos semanas fuimos informados por la empresa Líneas Delta -contratada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense- que no podíamos viajar más o, para hacerlo, teníamos que pagar 350 pesos por día los instructores y 230 pesos los alumnos, ya que el subsecretario de Transporte Fluvial, Daniel Dutto, les notificó que Educación provincial ya no se haría cargo del servicio. Es un cierre encubierto”.
Esta situación que pone en jaque a la única escuela de adultos de las islas es disparada a partir de una polémica resolución recientemente oficializada por el gobierno de María Eugenia Vidal, que prende las luces de alerta en los cientos de establecimientos de estas características que se diseminan en la provincia.
Se trata del traspaso de los Centros de Formación Profesional de la órbita de Educación a la del Ministerio de Trabajo. Por esto, en un mes y medio la Dirección a cargo de Gabriel Sánchez Zinny rescindirá todos los convenios vigentes con municipios, obispados, sindicatos y organismos sociales y de derechos humanos que llevan adelante dichos centros y será el Instituto Provincial de Formación Laboral, dependiente de la Cartera Laboral, el que genere “nuevos convenios con instituciones efectoras de formación laboral, actualizando y estimando la prioridad de acuerdo a las necesidades del territorio de la provincia de Buenos Aires de la oferta pedagógica de capacitación y/o de formación”. Lo curioso fue que, en estos últimos días, el titular de la cartera educativa bonaerense se mostró en algunos CFP.
Esto generó el rechazo de buena parte de las instituciones que están a cargo de los CFP ya que advierten que este cambio vulnerará derechos laborales de los instructores, modificará el espíritu formativo de los centros, transformándolos “a la medida de las empresas”, temiéndose también el cierre de varios de ellos y la pérdida de validez de los títulos que se expiden.
Por esto, el próximo martes 27 a las 11, la Mesa Intersectorial de Formación Profesional convoca a una movilización desde la Dirección del área (13 e/49 y 50) hasta la Gobernación bonaerense. Ya son 150 los centros que están organizándose para marchar y exigir que se revea la resolución del traspaso, oficializada el pasado viernes. Son 6800 instructores abocados a los CFP en toda la provincia.
Bajo el control de Trabajo, ya no serán Centros de Formación Profesional, sino Laboral: “Es un cambio de paradigma para que al empresario le capaciten gratis a sus futuros empleados”, apunta el director del CFP “Islas San Fernando”, para detallar que, con estos cambios, la edad límite para acceder a los centros formativos será 35 años: “Deja afuera a los adultos mayores. Se apunta a una edad empleable por las empresas. Está hecho a medida de las empresas”.
“No se forma integralmente al trabajador para desenvolverse como cuentapropista, sino las demandas del Ministerio de Trabajo son de acuerdo a la proximidad a parques industriales”, ahondó para contraponer: “Actualmente, el CFP no es el desarrollo de la empresa, es territorial, cumplen un rol social. La Ley de Educación Técnico-Profesional promueve favorecer el desarrollo local”.
Sobre la actividad del centro que dirige, Olijavetsky detalló: “Tenemos talleres extra programáticos, asistentes sociales, articulamos con educación especial. Tenemos una cooperativa con apicultores que utilizan el apiario propio. Son un montón de derechos que se vulneran”.
El titular del CFP N° 402 comentó que, por lo pronto, y luego de presentar rápidamente una carta documento ante el intempestivo anuncio de cese del servicio de transporte fluvial, alumnos y profesores siguen trasladándose de forma gratuita hasta la escuela aunque “ahora no tenemos lancha exclusiva, tenemos que hacer trasbordo en una escuela y esperar otra lancha”.
Con el esquema que se venía manejando, en las CFP el conveniante –municipio, gremio, institución de la sociedad civil u organización social- es el que designa instructores y directivos, mientras que la Dirección General de Cultura y Educación se encarga de las certificaciones y los sueldos. En el caso del CFP del Delta, se trata de un convenio estatutario. La entidad conveniante es el municipio de San Fernando y funcionan en un edificio del Ministerio de Infraestructura.
Sobre la polémica resolución, sostuvo que fue notificado por mail pero que no tuvo mayores detalles del traspaso. Letra P consultó a la cartera laboral acerca de los planes previstos para estos centros, sin embargo aún no tuvo respuesta alguna del ministerio conducido por Marcelo Villegas.
Al advertir que la medida “está viciada de zonas grises”, Olijavetsky, enumeró cuestionamientos: “Se vulnera la Ley de Educación Técnico-Profesional; nos sacaría de la órbita del Estatuto Docente; establece que para dar clases en los CFP sólo se necesita dos años de antigüedad acreditados en la rama (actualmente, se requieren cursos de formación de instructor, título de la especialidad y formación docente); y vulnera nuestros derechos adquiridos en términos estabilidad, remuneración y estatuto”.
El hecho de que se rescindan y generen nuevos convenios, es visto por algunos sectores como un intento de amedrentamiento hacia organismos y gremios críticos hacia el Gobierno (por ejemplo, la CTA orbita 12 CFP), como así también un posible “premio a futuro” para sindicatos más “dialoguistas”, entre los que voces consultadas consignaron: “UOM, SMATA y Gastronómicos están de acuerdo con esto”.
Por otro lado, consideró que, con el traspaso, “perderían ruralidad” docentes que dictan cursos en zonas desfavorables –como el caso de las islas, donde es desfavorabilidad V, lo cual significa un plus de 120% sobre el básico. “La ruralidad no está en el nomenclador del Ministerio de Trabajo”, apuntó para advertir además un intento de “flexibilización laboral” de instaurarse cursadas modulares por una cantidad determinada de meses, lo cual haría inestable los contratos de los instructores.
En lo que refiere a la validez de los títulos, comentó: “El INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) es el que homologaba y certificaba los títulos. Desde 2005 viene homologando los títulos de validez profesional con alcance nacional, por lo que, por ejemplo, un electricista recibido acá, podía ejercer su profesión en cualquier lugar del país”.
Con el traspaso en cuestión, la validez de los títulos a expedir ingreso en un manto nebuloso a criterio de los instructores: “Los certificados carecen de validez si son expedidos por el Ministerio de Trabajo”.
Asimismo, la polémica resolución establece que el Instituto Provincial de Formación Laboral y los Centros de Formación Laboral, recibirán la Clave Única de Establecimiento (CUE), con posterioridad a la suscripción de cada Convenio respectivo “mediante la pertinente intervención de la Dirección de Educación de Gestión Privada”. Sobre esta intervención, Olijavetsky afirmó: “Esto y un futuro arancelamiento es nada. Abre la puerta al arancelamiento”.
