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Cristóbal, en libertad: “No me quedé con nada” y “estuve secuestrado”

El empresario investigado por evasión multimillonaria dejó Ezeiza y negó los cargos en su contra, además de proclamarse víctima. “Todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso”, dijo.

El empresario Cristóbal López negó todo y se proclamó víctima. “Yo no me quedé con nada”, dijo. Y contraatacó: “Estuve secuestrado” porque “todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso”.

 

El ex dueño del Grupo Indalo mantuvo este viernes un contacto con la prensa en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Puerto Madero, recién llegado de la cárcel de Ezeiza, de donde salió tras 87 días de encierro en el marco de una causa en la que se lo investiga por la evasión de 8.000 millones de pesos.

 

 

"Yo no me quedé con nada. Al revés, le puse de mi bolsillo $7 mil millones al Grupo Indalo", sostuvo López y acusó al juez Julián Ercolini de haberlo mantenido “secuestrado” estos casi tres meses.

 

"Lo que dice que hice es mentira; pregúntenle quién le dijo que me metiera preso", reclamó.

 

En ese sentido, señaló que fue encarcelado por haber sido vinculado con la senadora Cristina Fernández, vínculo que negó. “No tenía relación”, afirmó y agregó: "Todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso".

 

 

 

La Cámara Federal porteña le otorgó la excarcelación a López y a su ex socio Fabián De Souza al considerar que no pondrán en riesgo la investigación por una estafa multimillonaria contra la AFIP.

 

Con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah y la disidencia de Leopoldo Bruglia, la Sala 1 de la Cámara Federal decidió un cambio en la calificación del delito y los dejó procesados por la figura de “apropiación indebida de tributos”, lo que posibilita la libertad de los imputados.

 

López y De Souza estaban presos desde mediados de diciembre de 2017, acusados de haberse apropiado de 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC), a través de la petrolera Oil, para financiar la expansión del Grupo Indalo, cuyos medios, como viene informando Letra P, están ahora en manos del financista Ignacio Rosner, que mantiene a los trabajadores en pésimas condiciones laborales.

 

El juez Julián Ercolini los había procesado por fraude en perjuicio de la administración pública, oportunidad en la que sostuvo que los acusados habían entorpecido la investigación con la venta de acciones de sus empresas.

 

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