En un llamativo giro financiero, el gobierno de Santa Cruz tuvo que pedir un préstamo al Estado nacional para cubrir una deuda de 130 millones de pesos correspondientes a un aumento previsto en los sueldos docentes de noviembre y diciembre. Lo curioso es que quien había prometido ese aumento, con el envío de fondos a la provincia, fue el propio Estado nacional.
La gobernadora Alicia Kirchner tuvo que tomar deuda con la Nación para poder cumplir con el aumento a los maestros santacruceños que había comprometido el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. La urgencia surgió cuando los docentes, este año, otra vez decidieron no comenzar las clases.
“Supuestamente luego se lo devuelven a la Provincia; supuestamente”, concibió la titular del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez, ante la consulta de Letra P. “Hubo arreglos en el Gobierno nacional y en diciembre todo el manejo de fondos con las provincias pasó al Ministerio del Interior y eso, esta vez, nos jugó en contra”, dijo el vicepresidente del mismo organismo provincial, Ismael Enrique, que recordó que Educación de la Nación giraba a través de un fondo especial ese dinero sin que Santa Cruz deba reintegrarlo.
El acta de la reunión con el compromiso del Ministerio de Educación de la Nación.
A pesar de que Santa Cruz terminó con una nueva deuda, fuentes de la cartera educativa nacional sostienen que la palabra del ministro Finocchiaro “se honró completamente” y destacaron que gracias a su intervención “se pudo normalizar el dictado de clases después de un conflicto que parecía que no iba a tener fin”. Argumentaron que “el cambio de operatoria no modifica el cumplimiento” y precisaron que se atendió el “compromiso del 7% en noviembre y el 8% en diciembre”. Aunque haya sido con dos meses de retraso.
Que un gobierno en crisis tome deuda por un compromiso que debía la Nación resulta inverosímil, pero el gremio Adosac tiene en jaque constante al Gobierno provincial desde hace varios años y Kirchner no encuentra margen de acción para evitarlo. En 2017 los estudiantes de Santa Cruz padecieron 120 días de paro formal y otras tantas jornadas de retención de tareas con la venia solapada del sindicato. El jueves 1 de febrero debían reiniciar el ciclo lectivo para recuperar las clases perdidas, pero Adosac decidió continuar con los paros por la falta de un llamado a paritarias, la deuda salarial de Nación y una polémica medida que otorga puntaje extra a docentes con asistencia perfecta, entre otras cuestiones.
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Mientras se cocinaba la candidatura a senador de Esteban Bullrich, su equipo en el Ministerio de Educación decidió ayudar a la provincia de Santa Cruz con el conflicto docente. El gremio, cuya comisión directiva es disidente a la conducción de CTERA, resolvió tantos paros que en los últimos 10 años se perdió el equivalente a cuatro ciclos lectivos. En la provincia la situación es tan crítica que hay familias desmembradas porque mudan a sus hijos a otras provincias para que se puedan sentar frente a un maestro.
El entonces ministro Bullrich se comprometió a “aislar” el conflicto económico-educacional del resto de los problemas financieros que la gobernadora intentaba paliar con ayuda del Estado nacional a través de un Fondo Fiduciario y un préstamo con el Banco Nación. Ese compromiso fue heredado por Finocchiaro, quien varias veces envió un delegado a Río Gallegos para destrabar el conflicto.
El ministro resolvió primero dar una adelanto de fondos -con devolución el mismo mes- para que la gobernadora pague a tiempo los sueldos de los maestros, eje principal de su relación con todos los gremios estatales. De esta forma, Kirchner pudo pagar sueldos y aguinaldos a mitad de 2017. Luego Finocchiaro resolvió otorgar un pequeño aumento salarial del orden del 7% con fondos de Nación. Esos fondos fueron girados a la provincia para los meses de agosto y septiembre pero tenía una cláusula que terminó por romper la alianza estratégica que había conseguido el gremio con el Gobierno nacional: No debía haber ni un solo día de paro más.
Tras meses de conflicto, marchas y protestas frente a la Casa de Gobierno y la Residencia oficial sin haber obtenido un sólo peso de más y sin haber logrado que Kirchner pague en tiempo y forma, el desgaste en las bases docentes comenzó a sentirse en algunas aulas. Sin embargo, la dirección de Adosac mantiene un núcleo duro que responde a su estrategia. Sobre todo, como resultado del blanqueo salarial obtenido en 2007, pero también porque ganó la voluntad de los directores y rectores de escuelas, que son los que tienen las llaves de los colegios. Los paros decretados por la CD del gremio mutaron a masivas retenciones de tareas de carácter individual y los chicos y chicas continuaron sin clases.
Finocchiaro no salió de su asombro. Lo estudió unas semanas y decidió que su enviado al sur dejara de tomar el avión para conversar con los sindicalistas y los funcionarios provinciales. El aumento fue abonado dos meses y se cortó.
En lo formal, Adosac no incumplió su parte del trato porque nunca resolvió un paro que diera cobertura gremial a los docentes pero en los hechos los niños y niñas de Santa Cruz continuaron sin clases. La cartera nacional de Educación se alejó de la mesa y el problema volvió a ser sólo de la provincia. Esta vez con un plus: ese 7% sin pagar que el gremio reclama como parte de una negociación de suba salarial.
Para recuperar algo de los días perdidos, el Consejo Provincial de Educación decidió que los estudiantes que más días de clases perdieron recuperen en un periodo entre febrero y marzo, mientras que en abril comenzarán el ciclo lectivo de este año. Pero Adosac inauguró el nuevo calendario con huelga de dos días en reclamo de paritaria, el aumento de sueldo, repudio al “presentismo encubierto” y críticas tanto a Nación como a Provincia.
La presidenta de Consejo, Velázquez, solicitó por carta formal al Ministerio de Educación de la Nación que efectivice el compromiso asumido en el ámbito paritario pero el Gobierno nacional no giró los fondos. En ese contexto, la gobernadora realizó diversas gestiones que concluyeron en la firma de un préstamo por 130 millones de pesos que posibilitará que en los próximos días se haga efectivo el pago adeudado por la cartera educativa nacional al organismo provincial.
La solución para la educación, “aislada” del resto de los problemas de Santa Cruz, terminó con un endeudamiento para la provincia que se rubricó en el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio con funcionarios de la cartera de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne.