“Son 6.000 millones de pesos que podrían ir a obra pública, a salud o a educación, que es lo que necesitamos”, le dijo el diputado provincial oficialista César Torres a Letra P en una entrevistada publicada el pasado 5 de noviembre. El legislador justificaba, con el argumento de la austeridad, el proyecto agitado por los intendentes del partido gobernante que proponía borrar las elecciones primarias de la faz de la provincia de Buenos Aires. La fundamentación pondría a la gobernadora María Eugenia Vidal en una encerrona si, como admitió que analiza, decidiera desenganchar los comicios de 2019 de los nacionales. Concretamente: ¿de qué se disfrazaría la mandataria para justificar la duplicación del gasto a partir de la celebración no de una, como establecía la propuesta de los jefes comunales, ni tampoco de dos, como está previsto hasta ahora, sino de cuatro convocatorias a las urnas en el contexto, para peor, del feroz ajuste de las cuentas públicas que aplicará el año que viene el Gobierno para honrar el pacto con el Fondo Monetario Internacional?
Como informó Letra P el 29 de octubre pasado, un grupo de intendentes del PRO liderados por el jefe comunal de Vicente López, el primo presidencial Jorge Macri, elaboraron un proyecto de ley que establecía la eliminación de las PASO en la provincia de Buenos Aires.
Aunque con la certeza de que nadie compraría ese eslogan, los caciques territoriales del oficialismo blandieron el relato romántico de la austeridad en la administración de los recursos públicos para defender la iniciativa. El dinero que se destinaría a las primarias, que los promotores de la iniciativa calculaban en entre 6.000 y 7.000 millones de pesos, podría “destinarse a algún área que realmente lo necesite”, le decía a este portal uno de los intendentes que se entusiasmaba con esa contribución a la satisfacción de las necesidades reales de los bonaerenses.
La propuesta, que también era explicada en la necesidad de terminar con la supuesta intromisión del Estado en la vida interna de los partidos y con el requisito “proscriptivo” del 1,5% de los votos que establece la ley de las PASO para la superación de esa instancia preliminar, nunca recibió aval explícito de las autoridades del Poder Ejecutivo, pero altísimas fuentes de la Gobernación le habían dicho a Letra P que no la desalentarían.
El proyecto no prosperó y nunca llegó a la Legislatura. Quedó guardado en uno de los cajones del escritorio del intendente Macri. Más que nada, por obra y gracia de las demás fuerzas políticas, que le dieron la espalda y la empujaron al freezer. Tampoco le cerraba a la Casa Rosada.
Menos de un mes después, la agenda es otra. Vidal analiza desenganchar las elecciones provinciales de las nacionales para, como explicó Letra P, resguardarse del arrastre de los dos principales contendientes de la grieta argentina: el presidente Mauricio Macri, que podría operar como un salvavidas de plomo sobre su candidatura a la reelección como gobernadora, y la senadora Cristina Kirchner, quien, en caso de presentarse para pelear la presidencia, podría derramar su caudal de votos en favor, fundamentalmente, de los candidatos peronistas del conurbano, donde la ex presidenta pisa fuerte.
“Todas las opciones sobre el calendario electoral están abiertas”, agitó la mandataria provincial en una entrevista con el diario La Nación. Aunque no fue el único medio en el que lo dijo. O sea, no fue casualidad. Ni un descuido.
El problema para la gobernadora y, en términos generales, para el PRO bonaerense, es la contradicción discursiva: si finalmente se decidiera a desdoblar las elecciones, cosa que podría hacer sin más esfuerzo que el dictado de un decreto, a sola firma estaría duplicando el gasto electoral de 2019 en la provincia. O, peor, cuadriplicándolo si se lo comparase con el que hubiera significado el éxito de la iniciativa de eliminar las PASO.
En números: tomando como referencia el presupuesto esgrimido por los intendentes para pedir el fin de las primarias, llevaría el gasto en elecciones a la friolera de 24.000 millones de pesos, un número similar a la partida que el Estado nacional destinaba a subsidiar la tarifa del transporte públicos de pasajeros en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
¿Cómo explicaría, la gobernadora, que 18.000 millones de pesos no irían a la obra pública o a salud o a educación, que es lo que los bonaerense necesitan, según el diputado Torres y otros voceros del oficialismo provincial?
¿Cómo despejaría, la gobernadora, la sospecha de que la democracia se rige ya no por el principio de la austeridad en la administración de los recursos públicos sino, más bien, por las necesidades electorales de sus administradores de turno, sean de la vieja política o de los jinetes del cambio?
