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“El proyecto del Gobierno es la desregulación total del mercado de trabajo”

El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas criticó la política oficial en materia de empleo y señala que la intención del Gobierno es transformar el marcado laboral en favor del empresariado
Por 23/11/2018 9:57

Durante último fin de semana de noviembre, la ciudad de Mar del Plata se convirtió en el escenario donde decenas de especialistas del derecho del trabajo de la Argentina y el resto de Latinoamérica, convocados por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), coincidieron para analizar la situación de los asalariados “frente a la crisis y el conflicto social”. El encuentro anual esta vez transcurre en un momento marcado por el impacto de la crisis económica en el empleo y las condiciones laborales, y bajo una ofensiva oficial que agita la existencia de una supuesta mafia laboral que dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo.

“No existe ninguna industria del juicio en nuestro país, hay muchos juicios laborales porque hay una industria del incumplimiento por parte de los empresarios”, responde el presidente de la AAL, Matías Cremonte, frente a las denuncias oficiales que tuvieron como máximo protagonista al propio presidente Mauricio Macri. Cremonte, que representa legalmente a algunos de los sindicatos que participaron de los conflictos laborales más álgidos de los últimos años, recibió a Letra P en su estudio frente a la Plaza del Congreso y analizó la política laboral de Cambiemos que, considera, se caracteriza por una inacción frente a los conflictos y cumplidora de las demandas patronales. “La intención de favorecer a las empresas está en el ADN de esta gestión. Si un gerente de Recursos Humanos llama al Ministerio de Trabajo y pide que se dicte la conciliación obligatoria, se dicta. Si lo hace el sindicato, no”, grafica.

El titular de la AAL señala que la gestión de Jorge Triaca al frente del Ministerio de Trabajo “fue absolutamente anti sindical, con intervención de sindicatos, incluso a través de la justicia penal, los intentos de restricción del derecho a huelga y la aplicación de multas millonarias”, precisa.

Cremonte señala que el programa oficial “tiene como objetivo es la desregulación total del mercado de trabajo” y destaca que la imposibilidad de aplicar una reforma laboral en los términos en los que planeaba el Gobierno es producto de la resistencia gremial.

 

BIO. En 2016, Matías Cremonte llegó a la dirección de la Asociación de Abogados Laboralistas y durante este año renovó su mandato. Inició su carrera profesional hacia fines de la década del noventa, como representante legal de nuevas experiencias sindicales, como el Simeca, el gremio de mensajeros y cadetes en moto. Posteriormente, representó diferentes sindicatos y actualmente es el director del departamento legal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Federación de Trabajadores Aceiteros. 

 

 

 

¿Cómo analizan desde la Asociación de Abogados Laboralistas la situación de los trabajadores en la actualidad?

-La situación del mercado del trabajo en Argentina atraviesa una realidad con creciente caída del empleo formal, en todo caso reemplazado por empleo precario, y de caída del salario real reconocida oficialmente, e incluso presentada como un logro por algunos funcionarios. A eso se suma el intento de reforma laboral, un proyecto muy ambicioso presentado a fines del año pasado en el Senado. Eran 144 artículos y todos implicaban un retroceso en materia de los derechos de los trabajadores. Es decir, el programa del Gobierno en ese sentido es clarísimo, un retroceso en lo formal, que de algún modo es la respuesta a las exigencias de las patronales.

-Sin embargo, no prosperó el proyecto de reforma laboral.

-No pudieron llevar a cabo tal como la presentaron, pero la desglosaron en tres proyectos. Nosotros creemos que la reforma laboral, que en lo formal no consiguieron, los empresarios la están implementando en los hechos. Por lo que te decía antes: el avance de la precarización laboral, el creciente desempleo y la caída del salario real.

-¿Con esa reforma en la práctica se refiere a los cambios sectoriales?

-El presidente Mauricio Macri y el Ministerio de Trabajo, cuando lo había, planteaban que la reforma tenía que ser sector por sector. Es decir, que era necesario modernizar los convenios colectivos, adaptarlos al siglo XXI. Lo que buscaban era lo que después se evidenció, por ejemplo, con el convenio de Vaca Muerta, que fue presentado como el convenio modelo de modernización de relaciones del trabajo y en realidad es un convenio flexibilizador: aumento de jornada de trabajo, reducción de salario y quite de ítems de algunos beneficios que tenían. No es que haya algo vinculado a una nueva forma de trabajo, más allá de que está pensado para la extracción de petróleo no convencional, no está diseñado para un marco regulatorio de las relaciones del trabajo. Al contrario, fue pérdida de derechos.

"En todas las políticas del Gobierno, empezando por la política económica, el condimento de clase está."

-El triunfo en las elecciones de medio término, ¿revitalizó el impulso de la reforma?

-Ahí aparece el proyecto de reforma laboral después de que lo negaron toda la campaña. Y empiezan a aparecer cuestiones muy concretas, algunas ideológicas, hasta la forma de presentar el proyecto y que es necesario “liberalizar las fuerzas del trabajo”, misma frase de un discurso de (AlfredoMartínez de Hoz del 76. Después cuestiones centrales de la ley de Contrato de Trabajo: el principio de irrenunciabilidad, la tercerización, la reducción de la indemnización por despido. Plantearon un proyecto de ley de fondo en cuanto a cuál es el programa en el mercado del trabajo. Todo esto acompañado por un Ministerio de Trabajo que se caracterizó por una inacción absoluta.

-Hoy, después de la salida de Jorge Triaca, ¿qué balance hacen de su gestión?

-Esa fue la primera señal, la inacción. En la relación capital–trabajo hay un poderoso y un débil: el poder económico frente al trabajador, que en la balanza está absolutamente desfavorecido. La razón de ser del Ministerio del Trabajo es intervenir para que esa relación se equilibre. La Ley de Contratos del Trabajo tiene un artículo que a mí me gusta mucho. Dice: “Todas las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes deben entenderse como compensatorias de las desigualdades que ya existen en esa relación real”. Ahora, si el Estado no interviene frente a esa desigualdad no es que es una inacción que no perjudica a nadie, lo que hace es permitir que el poderoso pueda aplastar al más débil. Ese fue el comienzo.

-¿Y posteriormente?

-Después, lo que plasmó fue una política absolutamente anti sindical, con intervención de sindicatos, incluso a través de la justicia penal, que es un camino no solo inusual sino ilegal. En la negociación colectiva también se destacó por fijar topes, techos e intervenir. Hay que reconocer que no fue una práctica exclusiva de este ministerio, también todos los anteriores en las negociaciones colectivas siempre hubo intervención. Luego, finalmente, la restricción frente al ejercicio al derecho a huelga. Las multas a los sindicatos, a Camioneros, a ATE, a los docentes en la provincia de Buenos Aires y creo que también de los metrodelegados. Es decir, a partir de supuestos incumplimientos de conciliaciones obligatorias, se desvirtúa el rol del Estado en el conflicto colectivo del trabajo, se interviene decididamente en favor de las patronales dictando conciliaciones obligatorias cuando las patronales lo pedían y sino no. Es decir, sin intervenir realmente para resolver el conflicto.

-¿Ese intervencionismo responde a la identificación de clase de los funcionarios o es una imposición del empresariado?

-La intención de favorecer a las empresas está en el ADN de esta gestión. Si un gerente de Recursos Humanos llama a Trabajo y pide que se dicte la conciliación obligatoria, se dicta. Si lo hace el sindicato, el ministerio no dictaba la conciliación. Ahora, si el condimento ideológico juega, y sí. En todas las políticas del Gobierno, empezando por la política económica, el condimento de clase está.

-Este escenario de ofensiva contra los derechos de los trabajadores, ¿tiene un reflejo en la conflictividad? ¿Hay una respuesta a la altura de la ofensiva del capital?

-Hay dos planos. Por un lado, la superestructura del movimiento obrero, que está más dividida que nunca. Hay dos o tres sectores de la CTA, la CGT con muchas vertientes y sectores e incluso estalló el triunvirato… Eso no significa que los sindicatos no estén dando pelea en muchos casos, sobre todo en sus paritarias y frente a despidos. Hay conflictos con despidos, hay sindicatos que van al paro o a la huelga por despidos. Distinto es cuánto se gana o se pierde con eso porque tenés no solo al empleador y la patronal del otro lado, sino también al Estado. Aún así, yo creo que la CGT, con sus claroscuros y sus claudicaciones, ha jugado un rol. Los últimos dos paros generales, salvo un sector muy marginal de la CGT, fue convocado y promovido por todo el espectro del movimiento obrero organizado, fueron contundentes.

 

En el Primer Mundo también hay reformas laborales que marcan retrocesos gravísimos en materia de derechos laborales y negociación colectiva y no hay respuesta del movimiento obrero como acá. Y si la reforma laboral no prosperó ahora también es por la oposición del movimiento obrero en general. La CGT como entidad más importante planteó que no estaba de acuerdo y el senado no la aprobó

 

-De todas maneras, las principales movilizaciones no fueron convocadas por esa central.

-Sí, pero una huelga nacional no la ves en otros lugares del mundo pese a que hay avanzadas contra los derechos laborales a nivel global. En el Primer Mundo también hay reformas laborales que marcan retrocesos gravísimos en materia de derechos laborales y negociación colectiva y no hay respuesta del movimiento obrero como acá. Y si la reforma laboral no prosperó ahora también es por la oposición del movimiento obrero en general. La CGT como entidad más importante planteó que no estaba de acuerdo y el senado no la aprobó. Los senadores dijeron que si la CGT no la aprobaba no la iban a tratar y no tuvo ni un pase por comisión. Creo que también influyó la respuesta social a la reforma previsional que se aprobó en ese tiempo, a fin de año, y tuvo una respuesta bastante masiva en general de las organizaciones sociales y sindicales. Eso inauguró una etapa de represión abierta que también generó un repudio generalizado en la sociedad en ese mismo tiempo. Insisto, es de destacar el rol del movimiento obrero en ese sentido a nivel superestructural.

-¿Y a nivel micro? ¿Las organizaciones gremiales están a la altura del conflicto?

-Las huelgas las hacen o no las hacen los trabajadores y tuvieron voluntad de hacerla y los sindicatos, estén adheridos o no a esas estructuras de la CGT. Cuando no convoca la CGT los paros no son tan masivos, evidentemente es un paraguas que habilita a todos los trabajadores y sindicatos a ejercer su derecho a huelga.

 

 

-¿Por abajo existe otra conflictividad, silenciosa, una resistencia social cotidiana en cosas más pequeñas?

-Donde hay comisiones internas y delegados hay resistencia, de algún modo organizada, frente a despidos o en cada paritaria para lograr que el sindicato firme, o doblegar a las patronales para un aumento mayor. Claro, si uno ve la foto de todo el periodo con cientos de miles de despidos, avance de la precariedad laboral y reducción del salario real, evidentemente no fue suficiente la resistencia. Tampoco es fácil, porque se dio en general de manera desarticulada con cada sindicato peleando por su lado y en algunos casos comisiones internas sin el apoyo de sindicatos. Ahí es donde viene la importancia de la CGT o de la unidad a nivel superestructural. Hubo una ley antidespidos apenas asume el gobierno de Macri, una movilización muy grande para que no haya un veto presidencial, hay un veto presidencial y no hay nada después. Hubo una reacción tardía.

"Si uno ve la foto de todo el periodo con cientos de miles de despidos, avance de la precariedad laboral y reducción del salario real, evidentemente no fue suficiente la resistencia."

-Desde el moyanismo y el Frente Sindical que nuclea a gremio combativos plantean que los paros generales actuaron más como herramientas de descompresión que programáticas. ¿Está de acuerdo?

-La CGT en general, en sus 80 o 90 años de historia, nunca se destacó por ser de vanguardia. De hecho, vale la pena recordarlo, la movilización más grande de nuestro país fue el 17 de octubre de 1945 y la CGT había convocado una huelga para el 18 de octubre. Si la voluntad era más de descomprimir que otra cosa, puede ser, pero peor hubiera sido que no convoquen a esas huelgas generales. Yo los destaco como algo positivo los últimos dos paros nacionales.

-¿Esta de acuerdo en caracterizar a este gobierno como neoliberal?

-Vale la pena recordar literalmente qué significa el neoliberalismo. Es volver al liberalismo, al sistema económico capitalista sin ningún tipo de intervención del Estado. Es un sistema en el que efectivamente no habría Ministerio de Trabajo, pero tampoco sindicatos ni justicia laboral. Macri lo planteó muchas veces, de manera descarada, que hay que terminar con la justicia del trabajo y los jueces que fallan para un solo lado, desconociendo la razón de ser de la justicia laboral. El programa no se agota en derogar una ley laboral o modificar algún tipo de regulación, el objetivo es la desregulación total, volver al liberalismo y a la relación individual. Más allá de que es poco probable que eso pueda ocurrir.

-¿Cómo recibieron desde desde la AAL las declaraciones de Macri sobre la existencia de una mafia de abogados laboralistas que entorpece la creación de empleo?

-Desde luego que como un agravio inaceptable para la máxima autoridad del Estado. Lo denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó su preocupación por esto en una audiencia pública que se realizó el año pasado en Montevideo y donde estaban presentes funcionarios oficiales. Nosotros creemos que el objetivo no era pegarle a los abogados laboralistas, a la justicia laboral o a los sindicatos, sino es generar en la opinión pública la idea de que hay una mafia en el mundo del trabajo que interfiere en lo que debiera ser una relación libre y que el objetivo era avanzar contra los derechos de los trabajadores. Así fue finalmente, porque pocos meses después presentan el proyecto de reforma laboral.

-¿Existe una industria del juicio en el fuero laboral?

-No, es imposible que exista la industria del juicio. ¿Hay abogados que se dedican exclusivamente a litigar en materia de accidentes de trabajo? Sí. ¿Hay estudios grandes que tienen muchos casos? Sí, como todo. Lo que es imposible que exista son mafias. De hecho, tal vez donde sí aparecen casos de corrupción mucho más graves es en la justicia comercial, en los procesos de concurso y quiebras, y de la mano de los empresarios. Al contrario, los trabajadores son los perjudicados por esas maniobras. Lo que enfáticamente resalto es que lo que es imposible que existan es mafias. Debieran existir jueces, fiscales, abogados, trabajadores y todos asociados para estafar o para sacar un provecho y eso es imposible. Y si existiera, ya se debería haber desenmascarado.

 

 

-Sin embargo, el Gobierno apunta contra la cantidad de juicios laborales que hay en el país.  ¿Hay una alta litigiosidad?

-Nosotros lo decimos siempre: no hay una industria del juicio, hay muchos juicios laborales porque lo que hay es una industria del incumplimiento por parte de los empresarios. En nuestro país el 35% de los trabajadores está empleado de manera ilegal, son más de 4,5 millones de trabajadores. Si esos trabajadores exigieran legalmente que se cumplan con los derechos que tienen habría millones de juicios y no los hay. En relación a la magnitud de la ilegalidad en las relaciones laborales del mercado del trabajo en Argentina la litigiosidad es bajísima. Ponen mucho énfasis en los accidentes de trabajo, pero lo que debiera haber realmente para que no haya accidentes de trabajo y, por lo tanto, no haya juicios, es la prevención. Los accidentes no son inevitables, podría no haber ninguno si hubiera prevención. Podría haber un sistema en el que no se termine litigando.

 

Es imposible que exista la industria del juicio. ¿Hay abogados que se dedican exclusivamente a litigar en materia de accidentes de trabajo? Sí. ¿Hay estudios grandes que tienen muchos casos? Sí, como todo. Lo que es imposible que exista son mafias. De hecho, tal vez donde sí aparecen casos de corrupción mucho más graves es en la justicia comercial, en los procesos de concurso y quiebras, y de la mano de los empresarios. Al contrario, los trabajadores son los perjudicados por esas maniobras.

 

-¿Cuál fue el correlato en la justicia del trabajo de las declaraciones oficiales contra los abogados laboralistas?

-En un primer momento no provocó un efecto de amedrentamiento, al contrario. Hubo ataques muy directos y no solo en los discursos del propio Presidente. Cinco camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron denunciados por el Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura por lo que dijeron en sus sentencias. En todos los casos eran fallos que favorecían a trabajadores o sindicatos. Pidieron que los echen por lo que dijeron en una sentencia. Eso generó un abroquelamiento. Lo que sí ocurrió después fue que, frente a una importante cantidad de vacantes que había en la Justicia Nacional del Trabajo tanto en la Cámara como en primera instancia, el Gobierno se apresuró a nombrar nuevos jueces.

 

 

-¿Eran designaciones pendientes o fueron hechas a las apuradas?

-En algunos casos eran concursos que se habían hecho antes, pero el Gobierno echó mano en la discrecionalidad en el orden de méritos y las ternas, de modo de privilegiar que quienes accedan sean más afines a sus políticas o consideren más permeables. Entonces, la Justicia Nacional del Trabajo comenzó a reparar una falencia muy grande que tenía pero con jueces que no necesariamente es de los que se conocen como proclives a aplicar tajantemente el principio protectorio de los trabajadores o los principios generales del derecho del trabajo, que naturalmente protegen a los trabajadores. Lo otro preocupante es el cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una Justicia que se destacó durante 10 o 12 años en fallos progresistas en materia de derecho social comenzó a desandar ese camino. Apenas asumió el gobierno de Macri, dicta un fallo vergonzoso en términos jurídicos que restringe la titularidad del derecho de huelga a los sindicatos cuando lo que dice la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la legislación argentina es que es un derecho de los trabajadores y de sus organizaciones, pero no es un derecho exclusivamente de los sindicatos.

 

 

-¿Las recusaciones y pedidos de apartamiento son los mecanismos que utiliza el Gobierno para disciplinar jueces que fallan contra el Estado en casos laborales?

-El hecho de haber denunciado ante el Consejo de la Magistratura a jueces implicó que, en muchos casos, cuando el Estado era demandado recuse con causa a jueces por supuesta enemistad, y eso no existe en el fuero del trabajo en general. Hay causales muy puntuales que establece la propia ley de procedimiento de recusación con causa, de ninguna manera es esta. El caso de Télam, por ejemplo es escandaloso porque recusaron a dos jueces por transcribir parte del proceso. Hace un tiempo salió un fallo de la Corte Suprema en un caso de despido discriminatorio donde, si bien se hace lugar a la nulidad del despido, los ministros dicen en el fallo que lo que debió hacer la empresa fue no explicitar la causa de la discriminación porque después era más difícil que le puedan iniciar un juicio por nulidad de despido. Entonces, si en un fallo de la Corte se instruye a las empresas cómo despedir, imaginate que habría que recusar a la Corte ahora.

-¿Qué otro tipo de mecanismo de presión existen? ¿Hay operadores judiciales del Gobierno en el fuero?

-En la justicia del trabajo no pareciera que haya este tipo de operadores, como los hay en Comodoro Py, pero el método sí es sistemático. Por un lado, las denuncias al Consejo de la Magistratura pretenden disciplinar o atemorizar, ningún juez se queda sin trabajo y sin jubilación, ¿no? Por otro lado, las recusaciones, porque las salas que fueron completando de las cámaras tienen jueces que consideran que son más afines, entonces pasaría a otra sala que de algún modo los favorecen. Y luego el escarnio público con nombre y apellido, que el Presidente de la Nación nombre a una jueza laboral que lamentablemente falleció meses después, Dora Temis… Que te nombre el Presidente do que te nombre el ministro de Justicia (Germán Garavano) diciendo que sos una jueza que trabaja mal o que es parte de una mafia por supuesto que tiende a generar que los magistrados sean más permeable en cuanto a los fallos del Gobierno. 

En la justicia del trabajo no pareciera que haya  operadores, como los hay en Comodoro Py, pero el método sí es sistemático. Las denuncias en el Consejo de la Magistratura, las recusaciones y, luego, el escarnio público."

-El trabajo deslocalizado y el desembarco de empresas de plataforma, es un proceso global o es una política de Estado que abre la posibilidad de que ahora funcione?

-Es parte de un proceso global, las plataformas existen en todo el mundo. Tal vez también sea local, pero donde hay una responsabilidad muy concreta del Gobierno es en la ausencia de exigencia del cumplimiento de la legislación laboral en esas actividades. Lo novedoso es que haya una empresa que se valga de una plataforma de internet para generar un servicio, pero el momento de llegar a brindar ese servicio que vende a particulares o a empresas necesita contratar trabajo. Lo que hace esa empresa a través de la plataforma es un correo y contrata a un trabajador para que lo lleve a la casa de alguien en bicicleta o en moto.

-O sea, según su punto de vista no habría ninguna novedad en la relación laboral.

-El tema se presenta como una actividad que no está regulada o es una zona gris. No, no es una zona gris, la ley de contrato de trabajo, que tiene 40 años, es clarísima y se aplica. Hay una relación laboral y si no se cumple con la garantía de relaciones laborales hay un fraude laboral, entonces ahí tiene que estar el Estado y el Ministerio de Producción y Trabajo inspeccionando y exigiendo que se cumpla, y los sindicatos peleando porque se registre a esos trabajadores y afiliando. Entonces es un fenómeno global, sí, pero el condimento nacional es que se enmarca en una política general de inacción absoluta de la autoridad laboral que permite que se superexplote a esos trabajadores sin ningún tipo de intervención. Pero, insisto, no hace falta un nuevo marco regulatorio, hay relaciones de trabajo subordinado y por lo tanto les caben las leyes laborales vigentes.

“El proyecto del Gobierno es la desregulación total del mercado de trabajo”

El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas criticó la política oficial en materia de empleo y señala que la intención del Gobierno es transformar el marcado laboral en favor del empresariado

Durante último fin de semana de noviembre, la ciudad de Mar del Plata se convirtió en el escenario donde decenas de especialistas del derecho del trabajo de la Argentina y el resto de Latinoamérica, convocados por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), coincidieron para analizar la situación de los asalariados “frente a la crisis y el conflicto social”. El encuentro anual esta vez transcurre en un momento marcado por el impacto de la crisis económica en el empleo y las condiciones laborales, y bajo una ofensiva oficial que agita la existencia de una supuesta mafia laboral que dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo.

“No existe ninguna industria del juicio en nuestro país, hay muchos juicios laborales porque hay una industria del incumplimiento por parte de los empresarios”, responde el presidente de la AAL, Matías Cremonte, frente a las denuncias oficiales que tuvieron como máximo protagonista al propio presidente Mauricio Macri. Cremonte, que representa legalmente a algunos de los sindicatos que participaron de los conflictos laborales más álgidos de los últimos años, recibió a Letra P en su estudio frente a la Plaza del Congreso y analizó la política laboral de Cambiemos que, considera, se caracteriza por una inacción frente a los conflictos y cumplidora de las demandas patronales. “La intención de favorecer a las empresas está en el ADN de esta gestión. Si un gerente de Recursos Humanos llama al Ministerio de Trabajo y pide que se dicte la conciliación obligatoria, se dicta. Si lo hace el sindicato, no”, grafica.

El titular de la AAL señala que la gestión de Jorge Triaca al frente del Ministerio de Trabajo “fue absolutamente anti sindical, con intervención de sindicatos, incluso a través de la justicia penal, los intentos de restricción del derecho a huelga y la aplicación de multas millonarias”, precisa.

Cremonte señala que el programa oficial “tiene como objetivo es la desregulación total del mercado de trabajo” y destaca que la imposibilidad de aplicar una reforma laboral en los términos en los que planeaba el Gobierno es producto de la resistencia gremial.

 

BIO. En 2016, Matías Cremonte llegó a la dirección de la Asociación de Abogados Laboralistas y durante este año renovó su mandato. Inició su carrera profesional hacia fines de la década del noventa, como representante legal de nuevas experiencias sindicales, como el Simeca, el gremio de mensajeros y cadetes en moto. Posteriormente, representó diferentes sindicatos y actualmente es el director del departamento legal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Federación de Trabajadores Aceiteros. 

 

 

 

¿Cómo analizan desde la Asociación de Abogados Laboralistas la situación de los trabajadores en la actualidad?

-La situación del mercado del trabajo en Argentina atraviesa una realidad con creciente caída del empleo formal, en todo caso reemplazado por empleo precario, y de caída del salario real reconocida oficialmente, e incluso presentada como un logro por algunos funcionarios. A eso se suma el intento de reforma laboral, un proyecto muy ambicioso presentado a fines del año pasado en el Senado. Eran 144 artículos y todos implicaban un retroceso en materia de los derechos de los trabajadores. Es decir, el programa del Gobierno en ese sentido es clarísimo, un retroceso en lo formal, que de algún modo es la respuesta a las exigencias de las patronales.

-Sin embargo, no prosperó el proyecto de reforma laboral.

-No pudieron llevar a cabo tal como la presentaron, pero la desglosaron en tres proyectos. Nosotros creemos que la reforma laboral, que en lo formal no consiguieron, los empresarios la están implementando en los hechos. Por lo que te decía antes: el avance de la precarización laboral, el creciente desempleo y la caída del salario real.

-¿Con esa reforma en la práctica se refiere a los cambios sectoriales?

-El presidente Mauricio Macri y el Ministerio de Trabajo, cuando lo había, planteaban que la reforma tenía que ser sector por sector. Es decir, que era necesario modernizar los convenios colectivos, adaptarlos al siglo XXI. Lo que buscaban era lo que después se evidenció, por ejemplo, con el convenio de Vaca Muerta, que fue presentado como el convenio modelo de modernización de relaciones del trabajo y en realidad es un convenio flexibilizador: aumento de jornada de trabajo, reducción de salario y quite de ítems de algunos beneficios que tenían. No es que haya algo vinculado a una nueva forma de trabajo, más allá de que está pensado para la extracción de petróleo no convencional, no está diseñado para un marco regulatorio de las relaciones del trabajo. Al contrario, fue pérdida de derechos.

"En todas las políticas del Gobierno, empezando por la política económica, el condimento de clase está."

-El triunfo en las elecciones de medio término, ¿revitalizó el impulso de la reforma?

-Ahí aparece el proyecto de reforma laboral después de que lo negaron toda la campaña. Y empiezan a aparecer cuestiones muy concretas, algunas ideológicas, hasta la forma de presentar el proyecto y que es necesario “liberalizar las fuerzas del trabajo”, misma frase de un discurso de (AlfredoMartínez de Hoz del 76. Después cuestiones centrales de la ley de Contrato de Trabajo: el principio de irrenunciabilidad, la tercerización, la reducción de la indemnización por despido. Plantearon un proyecto de ley de fondo en cuanto a cuál es el programa en el mercado del trabajo. Todo esto acompañado por un Ministerio de Trabajo que se caracterizó por una inacción absoluta.

-Hoy, después de la salida de Jorge Triaca, ¿qué balance hacen de su gestión?

-Esa fue la primera señal, la inacción. En la relación capital–trabajo hay un poderoso y un débil: el poder económico frente al trabajador, que en la balanza está absolutamente desfavorecido. La razón de ser del Ministerio del Trabajo es intervenir para que esa relación se equilibre. La Ley de Contratos del Trabajo tiene un artículo que a mí me gusta mucho. Dice: “Todas las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes deben entenderse como compensatorias de las desigualdades que ya existen en esa relación real”. Ahora, si el Estado no interviene frente a esa desigualdad no es que es una inacción que no perjudica a nadie, lo que hace es permitir que el poderoso pueda aplastar al más débil. Ese fue el comienzo.

-¿Y posteriormente?

-Después, lo que plasmó fue una política absolutamente anti sindical, con intervención de sindicatos, incluso a través de la justicia penal, que es un camino no solo inusual sino ilegal. En la negociación colectiva también se destacó por fijar topes, techos e intervenir. Hay que reconocer que no fue una práctica exclusiva de este ministerio, también todos los anteriores en las negociaciones colectivas siempre hubo intervención. Luego, finalmente, la restricción frente al ejercicio al derecho a huelga. Las multas a los sindicatos, a Camioneros, a ATE, a los docentes en la provincia de Buenos Aires y creo que también de los metrodelegados. Es decir, a partir de supuestos incumplimientos de conciliaciones obligatorias, se desvirtúa el rol del Estado en el conflicto colectivo del trabajo, se interviene decididamente en favor de las patronales dictando conciliaciones obligatorias cuando las patronales lo pedían y sino no. Es decir, sin intervenir realmente para resolver el conflicto.

-¿Ese intervencionismo responde a la identificación de clase de los funcionarios o es una imposición del empresariado?

-La intención de favorecer a las empresas está en el ADN de esta gestión. Si un gerente de Recursos Humanos llama a Trabajo y pide que se dicte la conciliación obligatoria, se dicta. Si lo hace el sindicato, el ministerio no dictaba la conciliación. Ahora, si el condimento ideológico juega, y sí. En todas las políticas del Gobierno, empezando por la política económica, el condimento de clase está.

-Este escenario de ofensiva contra los derechos de los trabajadores, ¿tiene un reflejo en la conflictividad? ¿Hay una respuesta a la altura de la ofensiva del capital?

-Hay dos planos. Por un lado, la superestructura del movimiento obrero, que está más dividida que nunca. Hay dos o tres sectores de la CTA, la CGT con muchas vertientes y sectores e incluso estalló el triunvirato… Eso no significa que los sindicatos no estén dando pelea en muchos casos, sobre todo en sus paritarias y frente a despidos. Hay conflictos con despidos, hay sindicatos que van al paro o a la huelga por despidos. Distinto es cuánto se gana o se pierde con eso porque tenés no solo al empleador y la patronal del otro lado, sino también al Estado. Aún así, yo creo que la CGT, con sus claroscuros y sus claudicaciones, ha jugado un rol. Los últimos dos paros generales, salvo un sector muy marginal de la CGT, fue convocado y promovido por todo el espectro del movimiento obrero organizado, fueron contundentes.

 

En el Primer Mundo también hay reformas laborales que marcan retrocesos gravísimos en materia de derechos laborales y negociación colectiva y no hay respuesta del movimiento obrero como acá. Y si la reforma laboral no prosperó ahora también es por la oposición del movimiento obrero en general. La CGT como entidad más importante planteó que no estaba de acuerdo y el senado no la aprobó

 

-De todas maneras, las principales movilizaciones no fueron convocadas por esa central.

-Sí, pero una huelga nacional no la ves en otros lugares del mundo pese a que hay avanzadas contra los derechos laborales a nivel global. En el Primer Mundo también hay reformas laborales que marcan retrocesos gravísimos en materia de derechos laborales y negociación colectiva y no hay respuesta del movimiento obrero como acá. Y si la reforma laboral no prosperó ahora también es por la oposición del movimiento obrero en general. La CGT como entidad más importante planteó que no estaba de acuerdo y el senado no la aprobó. Los senadores dijeron que si la CGT no la aprobaba no la iban a tratar y no tuvo ni un pase por comisión. Creo que también influyó la respuesta social a la reforma previsional que se aprobó en ese tiempo, a fin de año, y tuvo una respuesta bastante masiva en general de las organizaciones sociales y sindicales. Eso inauguró una etapa de represión abierta que también generó un repudio generalizado en la sociedad en ese mismo tiempo. Insisto, es de destacar el rol del movimiento obrero en ese sentido a nivel superestructural.

-¿Y a nivel micro? ¿Las organizaciones gremiales están a la altura del conflicto?

-Las huelgas las hacen o no las hacen los trabajadores y tuvieron voluntad de hacerla y los sindicatos, estén adheridos o no a esas estructuras de la CGT. Cuando no convoca la CGT los paros no son tan masivos, evidentemente es un paraguas que habilita a todos los trabajadores y sindicatos a ejercer su derecho a huelga.

 

 

-¿Por abajo existe otra conflictividad, silenciosa, una resistencia social cotidiana en cosas más pequeñas?

-Donde hay comisiones internas y delegados hay resistencia, de algún modo organizada, frente a despidos o en cada paritaria para lograr que el sindicato firme, o doblegar a las patronales para un aumento mayor. Claro, si uno ve la foto de todo el periodo con cientos de miles de despidos, avance de la precariedad laboral y reducción del salario real, evidentemente no fue suficiente la resistencia. Tampoco es fácil, porque se dio en general de manera desarticulada con cada sindicato peleando por su lado y en algunos casos comisiones internas sin el apoyo de sindicatos. Ahí es donde viene la importancia de la CGT o de la unidad a nivel superestructural. Hubo una ley antidespidos apenas asume el gobierno de Macri, una movilización muy grande para que no haya un veto presidencial, hay un veto presidencial y no hay nada después. Hubo una reacción tardía.

"Si uno ve la foto de todo el periodo con cientos de miles de despidos, avance de la precariedad laboral y reducción del salario real, evidentemente no fue suficiente la resistencia."

-Desde el moyanismo y el Frente Sindical que nuclea a gremio combativos plantean que los paros generales actuaron más como herramientas de descompresión que programáticas. ¿Está de acuerdo?

-La CGT en general, en sus 80 o 90 años de historia, nunca se destacó por ser de vanguardia. De hecho, vale la pena recordarlo, la movilización más grande de nuestro país fue el 17 de octubre de 1945 y la CGT había convocado una huelga para el 18 de octubre. Si la voluntad era más de descomprimir que otra cosa, puede ser, pero peor hubiera sido que no convoquen a esas huelgas generales. Yo los destaco como algo positivo los últimos dos paros nacionales.

-¿Esta de acuerdo en caracterizar a este gobierno como neoliberal?

-Vale la pena recordar literalmente qué significa el neoliberalismo. Es volver al liberalismo, al sistema económico capitalista sin ningún tipo de intervención del Estado. Es un sistema en el que efectivamente no habría Ministerio de Trabajo, pero tampoco sindicatos ni justicia laboral. Macri lo planteó muchas veces, de manera descarada, que hay que terminar con la justicia del trabajo y los jueces que fallan para un solo lado, desconociendo la razón de ser de la justicia laboral. El programa no se agota en derogar una ley laboral o modificar algún tipo de regulación, el objetivo es la desregulación total, volver al liberalismo y a la relación individual. Más allá de que es poco probable que eso pueda ocurrir.

-¿Cómo recibieron desde desde la AAL las declaraciones de Macri sobre la existencia de una mafia de abogados laboralistas que entorpece la creación de empleo?

-Desde luego que como un agravio inaceptable para la máxima autoridad del Estado. Lo denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó su preocupación por esto en una audiencia pública que se realizó el año pasado en Montevideo y donde estaban presentes funcionarios oficiales. Nosotros creemos que el objetivo no era pegarle a los abogados laboralistas, a la justicia laboral o a los sindicatos, sino es generar en la opinión pública la idea de que hay una mafia en el mundo del trabajo que interfiere en lo que debiera ser una relación libre y que el objetivo era avanzar contra los derechos de los trabajadores. Así fue finalmente, porque pocos meses después presentan el proyecto de reforma laboral.

-¿Existe una industria del juicio en el fuero laboral?

-No, es imposible que exista la industria del juicio. ¿Hay abogados que se dedican exclusivamente a litigar en materia de accidentes de trabajo? Sí. ¿Hay estudios grandes que tienen muchos casos? Sí, como todo. Lo que es imposible que exista son mafias. De hecho, tal vez donde sí aparecen casos de corrupción mucho más graves es en la justicia comercial, en los procesos de concurso y quiebras, y de la mano de los empresarios. Al contrario, los trabajadores son los perjudicados por esas maniobras. Lo que enfáticamente resalto es que lo que es imposible que existan es mafias. Debieran existir jueces, fiscales, abogados, trabajadores y todos asociados para estafar o para sacar un provecho y eso es imposible. Y si existiera, ya se debería haber desenmascarado.

 

 

-Sin embargo, el Gobierno apunta contra la cantidad de juicios laborales que hay en el país.  ¿Hay una alta litigiosidad?

-Nosotros lo decimos siempre: no hay una industria del juicio, hay muchos juicios laborales porque lo que hay es una industria del incumplimiento por parte de los empresarios. En nuestro país el 35% de los trabajadores está empleado de manera ilegal, son más de 4,5 millones de trabajadores. Si esos trabajadores exigieran legalmente que se cumplan con los derechos que tienen habría millones de juicios y no los hay. En relación a la magnitud de la ilegalidad en las relaciones laborales del mercado del trabajo en Argentina la litigiosidad es bajísima. Ponen mucho énfasis en los accidentes de trabajo, pero lo que debiera haber realmente para que no haya accidentes de trabajo y, por lo tanto, no haya juicios, es la prevención. Los accidentes no son inevitables, podría no haber ninguno si hubiera prevención. Podría haber un sistema en el que no se termine litigando.

 

Es imposible que exista la industria del juicio. ¿Hay abogados que se dedican exclusivamente a litigar en materia de accidentes de trabajo? Sí. ¿Hay estudios grandes que tienen muchos casos? Sí, como todo. Lo que es imposible que exista son mafias. De hecho, tal vez donde sí aparecen casos de corrupción mucho más graves es en la justicia comercial, en los procesos de concurso y quiebras, y de la mano de los empresarios. Al contrario, los trabajadores son los perjudicados por esas maniobras.

 

-¿Cuál fue el correlato en la justicia del trabajo de las declaraciones oficiales contra los abogados laboralistas?

-En un primer momento no provocó un efecto de amedrentamiento, al contrario. Hubo ataques muy directos y no solo en los discursos del propio Presidente. Cinco camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron denunciados por el Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura por lo que dijeron en sus sentencias. En todos los casos eran fallos que favorecían a trabajadores o sindicatos. Pidieron que los echen por lo que dijeron en una sentencia. Eso generó un abroquelamiento. Lo que sí ocurrió después fue que, frente a una importante cantidad de vacantes que había en la Justicia Nacional del Trabajo tanto en la Cámara como en primera instancia, el Gobierno se apresuró a nombrar nuevos jueces.

 

 

-¿Eran designaciones pendientes o fueron hechas a las apuradas?

-En algunos casos eran concursos que se habían hecho antes, pero el Gobierno echó mano en la discrecionalidad en el orden de méritos y las ternas, de modo de privilegiar que quienes accedan sean más afines a sus políticas o consideren más permeables. Entonces, la Justicia Nacional del Trabajo comenzó a reparar una falencia muy grande que tenía pero con jueces que no necesariamente es de los que se conocen como proclives a aplicar tajantemente el principio protectorio de los trabajadores o los principios generales del derecho del trabajo, que naturalmente protegen a los trabajadores. Lo otro preocupante es el cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una Justicia que se destacó durante 10 o 12 años en fallos progresistas en materia de derecho social comenzó a desandar ese camino. Apenas asumió el gobierno de Macri, dicta un fallo vergonzoso en términos jurídicos que restringe la titularidad del derecho de huelga a los sindicatos cuando lo que dice la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la legislación argentina es que es un derecho de los trabajadores y de sus organizaciones, pero no es un derecho exclusivamente de los sindicatos.

 

 

-¿Las recusaciones y pedidos de apartamiento son los mecanismos que utiliza el Gobierno para disciplinar jueces que fallan contra el Estado en casos laborales?

-El hecho de haber denunciado ante el Consejo de la Magistratura a jueces implicó que, en muchos casos, cuando el Estado era demandado recuse con causa a jueces por supuesta enemistad, y eso no existe en el fuero del trabajo en general. Hay causales muy puntuales que establece la propia ley de procedimiento de recusación con causa, de ninguna manera es esta. El caso de Télam, por ejemplo es escandaloso porque recusaron a dos jueces por transcribir parte del proceso. Hace un tiempo salió un fallo de la Corte Suprema en un caso de despido discriminatorio donde, si bien se hace lugar a la nulidad del despido, los ministros dicen en el fallo que lo que debió hacer la empresa fue no explicitar la causa de la discriminación porque después era más difícil que le puedan iniciar un juicio por nulidad de despido. Entonces, si en un fallo de la Corte se instruye a las empresas cómo despedir, imaginate que habría que recusar a la Corte ahora.

-¿Qué otro tipo de mecanismo de presión existen? ¿Hay operadores judiciales del Gobierno en el fuero?

-En la justicia del trabajo no pareciera que haya este tipo de operadores, como los hay en Comodoro Py, pero el método sí es sistemático. Por un lado, las denuncias al Consejo de la Magistratura pretenden disciplinar o atemorizar, ningún juez se queda sin trabajo y sin jubilación, ¿no? Por otro lado, las recusaciones, porque las salas que fueron completando de las cámaras tienen jueces que consideran que son más afines, entonces pasaría a otra sala que de algún modo los favorecen. Y luego el escarnio público con nombre y apellido, que el Presidente de la Nación nombre a una jueza laboral que lamentablemente falleció meses después, Dora Temis… Que te nombre el Presidente do que te nombre el ministro de Justicia (Germán Garavano) diciendo que sos una jueza que trabaja mal o que es parte de una mafia por supuesto que tiende a generar que los magistrados sean más permeable en cuanto a los fallos del Gobierno. 

En la justicia del trabajo no pareciera que haya  operadores, como los hay en Comodoro Py, pero el método sí es sistemático. Las denuncias en el Consejo de la Magistratura, las recusaciones y, luego, el escarnio público."

-El trabajo deslocalizado y el desembarco de empresas de plataforma, es un proceso global o es una política de Estado que abre la posibilidad de que ahora funcione?

-Es parte de un proceso global, las plataformas existen en todo el mundo. Tal vez también sea local, pero donde hay una responsabilidad muy concreta del Gobierno es en la ausencia de exigencia del cumplimiento de la legislación laboral en esas actividades. Lo novedoso es que haya una empresa que se valga de una plataforma de internet para generar un servicio, pero el momento de llegar a brindar ese servicio que vende a particulares o a empresas necesita contratar trabajo. Lo que hace esa empresa a través de la plataforma es un correo y contrata a un trabajador para que lo lleve a la casa de alguien en bicicleta o en moto.

-O sea, según su punto de vista no habría ninguna novedad en la relación laboral.

-El tema se presenta como una actividad que no está regulada o es una zona gris. No, no es una zona gris, la ley de contrato de trabajo, que tiene 40 años, es clarísima y se aplica. Hay una relación laboral y si no se cumple con la garantía de relaciones laborales hay un fraude laboral, entonces ahí tiene que estar el Estado y el Ministerio de Producción y Trabajo inspeccionando y exigiendo que se cumpla, y los sindicatos peleando porque se registre a esos trabajadores y afiliando. Entonces es un fenómeno global, sí, pero el condimento nacional es que se enmarca en una política general de inacción absoluta de la autoridad laboral que permite que se superexplote a esos trabajadores sin ningún tipo de intervención. Pero, insisto, no hace falta un nuevo marco regulatorio, hay relaciones de trabajo subordinado y por lo tanto les caben las leyes laborales vigentes.