La noticia pura indica que el juicio oral por la trágica inundación de La Plata ocurrida en 2 de abril de 2013 comenzará el 6 de marzo de 2019, habrá 126 testigos, el debate se extenderá durante un mes y en la silla de los acusados estarán sentados los responsables de Defensa Civil municipal y provincial, Miguel Ángel De Lorenzo y Sergio Daniel Lezana, señalados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero de la resolución judicial a la que accedió Letra P emergen datos nuevos de esta dolorosa trama que afectó a la capital bonaerense: la jueza hizo lugar a la instrucción suplementaria del expediente para investigar, entre otros puntos, el famoso y mediático “pongui pongui” del ex secretario de Comercio y hoy precandidato presidencial del peronismo Guillermo Moreno.
Tras la inundación, Moreno pidió a empresarios que donaran "fondos solidarios" para ayudar a los damnificados. En total se recaudaron unos 35 millones de pesos, que se depositaron en una cuenta del Banco Nación y que, se sospecha, no llegaron a manos de los perjudicados por el temporal que dejó, al menos, 89 muertos. La iniciativa es recordada por un un audio que trascendió, en el que se escucha al funcionario dialogando con un grupo de ejecutivos a los que les remarca que "el pongui pongui es muy importante".
Esta trama de la tragedia fue una de las que más rápido se olvidó y salió de la agenda informativa. Sin embargo, generó un cimbronazo entre la Confederación Económica bonarense (CEPBA) y la CGE. Desde la CEPBA pidieron la renuncia de Ider Peretti, entonces titular de la CGE, por entender que no fue claro el manejo de los fondos. En enero de 2014, la Confederación Económica emitió un comunicado oficial en el que aseguró que “Peretti demuestra una repudiable carencia de solidaridad con los damnificados de la catástrofe que la ciudad de La Plata sufrió entre el 2 y el 3 de abril de 2013, reteniendo indebidamente en una cuenta del Banco Nación los 35 millones de pesos recaudados”.
En el audio, se escucha a Moreno comentar que "entre los empresarios está circulando a través de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) y la CGE (Confederación General Económica) un número de cuenta para hacer el 'pongui pongui'”, denominación que el funcionario eligió para graficar el giro de dinero desde empresas privadas al cuestionado fondo solidario en manos de allegados al Gobierno.
La investigación del destino final de ese dinero fue solicitada por el abogado platense Marcelo Peña, uno de los particulares damnificados que se presentaron en el expediente. También se posó la lupa sobre distintos organismo públicos bonaerenses que recibieron dinero del gobierno nacional. En esa línea, la jueza Claudia Grecco habilitó el pedido de informes de la Contaduría General bonaerense para que detalle las partidas presupuestarias para los programas “Saneamiento Hidráulico”, “Control de Inundaciones” y “Agua potable, alcantarillado y desagües pluviales” entre 2010 y 2012.
Esa información será cruzada con los registros que deberán informar el ex Ministerio de Planificación Federal, que estaba en manos del condenado y detenido ex ministro kirchnerista Julio de Vido.
En total serán 126 testigos los que pasarán por el juicio. Entre ellos figuran el ingeniero Pablo Romanazi, autor de un libro sobre las causas de las inundaciones en La Plata; la científica Nora Sabbione y los exdelegados municipales Juliana Alfonsín (Villa Elvira), Berta Magnoli (Los Hornos), Javier Esteban Nohaczewski (Ringuelet), Sebastián Gastón Raffatella (San Carlos) y Sergio Pajot (Melchor Romero). En el nivel más local de la política, esos funcionarios administraron territorios cruzados por los arroyos Maldonado, Pérez y El Gato, que desbordaron por las lluvias y la falta de obras. También figura el ex secretario de Política Criminal bonaerense César Albarracín, cuyo rol fue muy cuestionado por el manejo poco claro de los cuerpos que ingresaron a la morgue policial en el cementerio en los días posteriores a la tragedia.
Puntualmente, se indaga sobre el uso de 90 millones de dólares que estaban presupuestados para el “Proyecto de prevención de inundaciones y drenaje urbano”. El dato clave: determinar si esos fondos fueron afectados a “alguna obra de infraestructura” para las ciudades de “La Plata, Berisso y Ensenada”, según se desprende del documento judicial.
Las defensas sostienen que el organismo es una dirección que gestiona recursos de terceros (bomberos, ambulancias, lanchas, policías, médicos y hospitales, entre otros) pero no cuenta -o no contaba al momento del desastre- con suficientes recursos propios para la asistencia en emergencias, mucho menos de tamaño calibre. Para profundizar ese dato, también solicitaron que se informe cuál fue el presupuesto asignado al área en los últimos 15 años.
Por el momento, en la investigación se excluyó de responsabilidad penal a los principales funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad, Daniel Scioli y Pablo Bruera, por entenderse que las consecuencias de todo lo ocurrido se deben solo a una "lluvia extraordinaria", según estableció el informe técnico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.
La única sentencia que existe en relación con la inundación fue dictada por el ex juez Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias, en la que se estableció que fueron "al menos" 89 las personas fallecidas a causa de la inundación. Pero una investigación periodística publicada en el libro "2A. El naufragio de La Plata", estableció un número mayor de víctimas fatales.
