Mapa de actores sobre el proyecto de “Ley Corta”

A partir de audiencias realizadas en la Comisión de Medios del Senado de la Nación se presenta un mapa de actores que de cuenta de las distintas demandas sobre el proyecto de Ley Corta del Ejecutivo.

Hace poco más de dos meses el Gobierno, a través del Ministerio de Modernización, presentó el “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, popularizado como “Ley Corta” a partir de la denominación que le dio el propio ministro.

 

El 10 de abril se presentó el proyecto en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado. Luego se sucedieron una serie de audiencias en dicha comisión, con intervención también de la de Educación y Cultura, en las que se invitó a distintos actores -mayormente económicos- a manifestarse sobre la iniciativa. Aquí nos proponemos armar un mapa de actores y sintetizar las distintas visiones y demandas sobre el proyecto de Ley a partir del análisis de las versiones taquigráficas de audiencias.

 

Brevemente, recordemos que el proyecto del Ejecutivo se centra en cuatro aspectos: posibilidad de que las empresas telefónicas puedan brindar servicios de TV satelital, compartición de infraestructura pasiva, liberar el espectro reservado a ARSAT y reglas sobre la comercialización de contenidos y señales.

 

En una nota anterior publicada en este medio, Martín Becerra planteó una serie de problemas del proyecto del Ejecutivo, sobre los que profundizó en su presentación ante el Senado. Allí advirtió, entre otras cosas, que el proyecto brinda incentivos para premiar la desinversión fuera de los centros urbanos densamente poblados, entrega recursos a los grandes conglomerados [espectro] y agrava las asimetrías entre operadores al permitir el uso de las infraestructuras locales sin invertir en ellas, quebrando la economía regional y contenidos informativos y culturales.

 

También Damián Loreti y Diego Rossi advirtieron que “los nudos problemáticos del proyecto son más extensos incluso que el articulado de la iniciativa”. Señalaron que el proyecto permite mayor acumulación de frecuencias del espectro a los grandes operadores, impulsa una mayor concentración, no contempla distribución de contenidos nacionales ni locales y delega en el Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad en la reglamentación, entre otros puntos.

 

MAPA DE ACTORES. De alguna manera, las tensiones manifestadas por los actores que participaron de las audiencias también encontrarían un correlato en distintas posturas políticas en el Senado, que van desde el rechazo total al proyecto (fundamentalmente, impedir que las telefónicas puedan brindar servicios satelitales) al pedido de inclusión de reformas como la asignación de espectro para actores locales, requisitos para los actores dominantes para compartir infraestructura y previsiones sobre contenidos, entre otras cuestiones. Estas posiciones entran en contradicción con la actitud del Gobierno, que parece poco dispuesto a negociar, especialmente, sobre la compartición de infraestructura pasiva y el espectro.

 

A continuación se sintetiza el mapa de actores y sus principales demandas:

 

Los grandes actores del sector de telecomunicaciones, a través de sus cámaras, tienen en general una mirada celebratoria del proyecto:

 

•    CICOMRA: ve con buenos ojos el planteo de compartir infraestructura pasiva, poner a disposición más espectro a licenciatarios y “corregir barreras artificiales” permitiendo a las telcos prestar servicios por tecnología satelital. Pero pide que el proyecto se complemente con un marco normativo “claro y uniforme” en materia de autorización, habilitación y control de estructuras, estaciones y sistemas radioeléctricos, tendidos aéreos y subterráneos para prestación de servicios.

 

•    ASIET: celebra el proyecto de ley como avance ante el rezago regulatorio. No obstante, señala puntos de tensión como la ambigüedad sobre a quién se entregará el espectro de ARSAT y el riesgo de que la regulación de compartición desincentive la inversión. Además, plantea la necesidad de que se siga discutiendo el proyecto de “ley convergente”.

 

•    GSMA: acuerda con la compartición de infraestructura siempre que esté estructurada por la lógica del mercado (“sin cargas regulatorias o costos de transacción innecesarios”). Al igual que ASIET, plantea que la eventual asignación de espectro de ARSAT requiere más precisiones.

 

•    Telefónica: de acuerdo con los cuatro principales puntos del proyecto, celebra el principio de neutralidad tecnológica y considera que el proyecto es un paso adecuado para aggiornarse a estándares OCDE.

 

Por su parte, los operadores de TV abierta y algunos grandes prestadores de TV por cable plantearon sus reparos al proyecto. Mientras que los primeros se enfocaron en las reglas de must carry, los segundos apuntaron a la agudización del escenario de concentración, con argumentos similares a los de los sectores pyme y cooperativo.

 

Supercanal está en pro de una convergencia, pero de una convergencia sin concentración”, sostuvo el gerente de Asuntos Legales de la empresa. La compañía pide que la definición de TV por suscripción incluya no solo a IPTV, sino, además, a los OTT. Además, plantea que el plazo de enero de 2019 para que las telcos brinden DTH es exiguo.

 

Por su parte, Telecentro considera preocupante la habilitación para las telcos para ofrecer DTH, porque supone que no invertirán en redes. Manifestó su intención de brindar servicios móviles y señaló que la simple presentación de una oferta de referencia no es suficiente requisito para garantizar el acceso a la infraestructura de los grandes operadores.

 

Desde la TV abierta, Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA) y América pusieron el foco en la extensión de la regla de must carry para DTH a partir de la libre negociación entre operadores. Es decir, que los licenciatarios de TV abierta puedan negociar bajo reglas de mercado la inclusión de señales en la grilla de TV paga. Por su parte, DirecTV justificó la falta de inclusión de señales de contenido local en su grilla por restricciones tecnológicas y planteó que otras plataformas pueden dar respuesta al problema de must carry. Por último, pidió iniciar un debate sobre piratería digital.

 

Los sectores cooperativo y pyme en general han pedido reformas referidas a la protección para localidades de menos de 80.000 habitantes. Sus demandas se centran en ampliar la ventana de tiempo para la competencia de DTH (entre tres y cinco años), pero también hacen planteos sobre el acceso a frecuencias y facilidades esenciales.

 

•    COLSECOR: plantea la necesidad de ampliar el plazo a tres años (hasta 2022) para que las telefónicas comiencen a dar servicios de TV paga (sea por cable o satelital). Además piden que se contemplen incentivos crediticios y facilidades de acceso a redes esenciales de grandes operadores en localidades con menos de 80.000 habitantes. En términos de espectro, reclaman que la reserva de ARSAT sea asignada a las cooperativas.

 

•    Cámara Argentina de Cableoperadores y Pymes (CACPY): piden frecuencias para las Pymes. Respecto del ingreso de las telefónicas a la TV satelital piden plazo de cinco años a partir de 2019, líneas de crédito y eliminación de aranceles de importación para tecnología de redes.

 

•    Red Intercable: también propuso una ventana de al menos cinco años prorrogables por igual período en localidades con menos de 80.000 habitantes para que las telefónicas puedan dar TV satelital. A diferencia de las otras organizaciones, aludieron a la comercialización de contenidos, que debe revisarse y estar amparado en otra organización gubernamental.

 

•    Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa: puso énfasis en la necesidad de establecer criterios para la compartición de infraestructura para los actores con poder dominante. Además pide acceso al espectro de ARSAT y un plazo de cinco años antes de que las telefónicas puedan ofrecer TV satelital.

 

•    Cable Express de Salta y Cámara de Cableoperadores Independientes (CCI).: pide la ampliación del plazo hasta 2022 o por cinco años para que las telefónicas ofrezcan TV paga por cualquier tecnología (DTH, cable o cualquier otra). Además demandan la reserva del 25% de las frecuencias que se liberan de ARSAT para destinarlo a operadores locales y regionales, Pymes, cooperativas de no más de 200 mil clientes.

 

•    Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL): considera fundamental establecer obligaciones específicas para prestadores con posición dominante y establecimiento de plazos de transición que permitan fortalecimiento de pymes y cooperativas. Acceso a oferta mayorista en condiciones de igualdad para servicios fijos y móviles, así como también la regionalización de frecuencias para poder usar el espectro de ARSAT.

 

 

Por su parte, las cámaras de la TV por cable (ATVC) e Internet (CABASE) se manifestaron en representación de sus afiliados pymes. ATVC pide mayor plazo para la competencia. Plantea que la apertura irrestricta para compartir infraestructura genera un desguace para las Pymes ya que se las obliga a abrir su infraestructura a quienes han decido no invertir en esas zonas. En tanto CABASE, si bien se manifestó a favor del proyecto, pide acceder a las frecuencias reservadas a ARSAT para que Pymes y Cooperativasparticipen de la oferta de telefonía móvil. Respecto del ingreso de las telefónicas a prestar servicios de TV satelital así como brindar oferta de servicios cuádruple play, CABASE plantea que el plazo del 1 de enero de 2019 es insuficiente y propone que se extienda hasta enero de 2022.

 

Las miradas más críticas al proyecto provinieron tanto los productores audiovisuales como de la organización de Defensa del Consumidor y de la Defensoría del Público.

 

Por parte de los productores audiovisuales, los cineastas Luis Puenzo y Marcelo Piñeyro criticaron que el proyecto no aborde la problemática de los contenidos y en cambio solo se ocupe de infraestructura y la sostenibilidad comercial. Por su parte, Edgardo Furlotti, de Horizonte Producciones Audiovisuales, planteó el problema de la concentración desde la perspectiva de la producción de contenidos e impacto del ingreso de las telefónicas en la prestación de cuádruple play para los productores locales. Desde la Cámara de Productores de TV (CAPIT) piden cuota de producción independiente del 40% por franjas horarias y de estreno, así como también que las señales extranjeras produzcan contenidos en el país.

 

Desde la perspectiva de los usuarios, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) critica el proyecto por plantear desregulación de la infrarestructura e incentivar mayor concentración a favor de las grandes empresas telefónicas (incluida Cablevisión), la limitación del intercambio de ideas y su impacto en los derechos de los consumidores.

 

Por su parte, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual señaló la necesidad de incorporar mecanismos eficientes y adecuados para la regulación de la concentración en relación al ingreso irrestricto en todo el país de las telefónicas al servicio de DTH. También pidió la inclusión de una tarifa social para garantizar el acceso universal a las TIC y solicitó que la Defensoría del Público sea incluida en el proyecto de ley como organismo encargado de proteger los derechos de las audiencias y los usuarios de las comunicaciones.

 

En relación a los sindicatos, los posicionamientos son distintos de acuerdo al sector. SATSAIDfue crítico al proyecto por afectaciones a los puestos de trabajo  y por la pretensión de desregular accesos a contenidos y limitar la protección a los pequeños proveedores a partir del 1 de enero de 2019 bajo la excusa de ampliar la cobertura de internet y la infraestructura.

 

En cambio, FOETRA está de acuerdo con clasificación de DTH como servicio TIC, también con la compartición de infraestructura pero pone reparos sobre el rol de ARSAT y plantea la necesidad de excluirlo de la obligación del uso y ocupación y facilidades pasivas de otros concesionarios o prestadores de servicios públicos. También plantea que la protección para pymes y cooperativas es insuficiente. Sostienen que el proyecto es un avance pero se necesita una nueva ley de telecomunicaciones (que excluya los contenidos).

 

Todas las posturas sintetizadas aquí fueron aportes que ayudaron a estructurar el debate en la Comisión del Senado y dan cuenta de un escenario de disputa en el establecimiento de reglas del sector. Habrá que esperar el dictamen de comisión para analizar qué aportes se consideraron como parte del proceso de negociación para la elaboración de las políticas públicas de comunicación.

 

En cualquier caso, este debate revela que el level playing field que exige la “convergencia” en los términos planteados responde a los intereses de los grandes telefónicas, que aun así demandan mayores ajustes sobre las reglas de desregulación.

 

Mientras las “telcos” celebran, los cableros grandes se lamentan por la agudización de la concentración ante estos nuevos competidores (cuando antes lo consideraban una discusión obsoleta, hoy demandan más protección). Los canales de TV abierto exigen reglas de mercado para comercializar sus señales en las grillas de los operadores de TV paga. Las pymes y cooperativas (telcos y audiovisuales) resaltan la necesidad de medidas de protección para evitar la destrucción de economías e identidades locales y las productoras audiovisuales, en un planteo menos articulado, piden medidas de fomento a la producción local no contempladas en el proyecto.

 

Así, la “convergencia” encuentra resistencias. Frente a la pretendida simetría (los avances tecnológicos traen posibilidades para todos), los actores desplazados se revelan. Pero no contra el avance tecnológico, sino que exigen la aplicación de medidas de regulación asimétrica para que las posibilidades de la “convergencia” se jueguen verdaderamente en un campo con condiciones un poco más equilibradas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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