A poco más de un mes de su presentación, la resolución del Gobierno que codenaba a los usuarios a abonar un extra a las empresas prestadoras del servicio de gas para “compensar” sus desequilibrios financieros por los efectos de la devaluación fue dada de baja y enmendada oficialmente por medio del Decreto N°1053/2018, mediante el cual la administración de Mauricio Macri destinará cerca de $38 mil millones extraídos de las arcas públicas para cubrir esa faltante. Esa suma saldrá de las partidas presupuestarias de tres organismos gubernamentales que, por supuesto, se financian con los impuestos que pagan todos los argentinos.
La medida supone la transferencia de recursos públicos a firmas privadas: tomando el resultado del último censo, cada argentino pondrá -aunque no lo haga directamente a través de las facturas de gas-, unos 900 pesos.
En rigor, según la medida que firmó todo el gabinete presidencial, el Gobierno modificó el Presupuesto 2018 para tomar dinero desde los ministerios de Hacienda e Interior y el ENACOM y enviarlos al Tesoro para luego abonar a los proveedores y salvaguardarlos de la diferencia cambiaria. Cuando se presentó la iniciativa, el Gobierno la defendió a capa y espada con argumentos burocráticos y legales. Concretamente, el secretario de Energía e ideólogo de la medida, Javier Iguacel, explicó que se trataba de una contribución contemplada por la ley del gas y marcó que no tendría efecto en el bolsillo de los argentinos porque se pagaría en 24 cuotas.
La Casa Rosada se esforzó por cubrir a Macri del episodio, pero el Presidente defendió enfáticamente la medida y, ante el reclamo y el cuestionamiento social a esta decisión, la resolución se volteó de un plumazo y se anunció que el Estado cubriría esa diferencia. En paralelo, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente a Iguacel por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público luego de autorizar que los usuarios compensen por la devaluación del peso a las compañías distribuidoras de gas. Además, el funcionario del Ministerio Público solicitó una medida cautelar para frenar el aumento.
El decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial estableció que a partir del 1º de abril de 2019, los proveedores de gas natural y las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes, deberán prever en sus contratos que en ningún caso podrá trasladarse a los usuarios que reciban servicio completo el mayor costo ocasionado por variaciones del tipo de cambio ocurridas durante cada período estacional.
Según consta en la medida, el Gobierno le sacará $34.300.000.000 al ministerio que conduce Rogelio Frigerio (Interior), $2.000.000.000 a la cartera que lidera Nicolás Dujovne (Hacienda) y $2.000.000.000 al Ente Nacional de Comunicaciones. “El Estado Nacional asume, con carácter excepcional, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”, aclara el texto oficial.
Por otra parte, se aclara que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) determinará, para cada prestadora y considerando los proveedores adheridos a este régimen, el monto neto correspondiente a las diferencias diarias acumuladas. Además, el monto neto resultante se transferirá a cada prestadora en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1° de octubre de 2019.
