Con otro pedido de apartamiento de la jueza de Garantías Marcela Garmendia, que tiene bajo su análisis la megacausa por denuncia de “corrupción” durante la gestión de Daniel Scioli al frente del Poder Ejecutivo bonaerense, se abrió la segunda temporada de recusaciones a la magistrada, quien ya rechazó los planteos anteriores, según confirmaron fuentes judiciales a Letra P.
Alejandro Montone, abogado de Guillermo Scarcella, ex titular de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), impugnó a Garmendia en base a una recusación que la jueza realizó a los camaristas de la Sala III de La Plata, quienes la denunciaron por entender que, en un resolutorio, se excedió en sus funciones, tal como este medio anticipó el 5 de septiembre último.
La defensa del ex funcionario se abraza a la recusación que la jueza hizo de los camaristas y planteó que “no puede soslayarse que la recusación es un instituto reservado –exclusivamente- a las partes interesada”. Párrafo seguido, sostiene que, ante el reclamo de imparcialidad efectuado por la jueza Garmendia a los camaristas, “queda descartada su posibilidad de que continúe interviniendo en el proceso (...) porque quien resulta parte interesada no puede ser justamente quien imparta justicia”.
En el documento judicial se plantea que el ex funcionario se encuentra gobernado “por temor de parcialidad” que la jueza le infundió “con actos ajenos a su función, como el de recusar” a los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
“Es más, mi defendido se encuentra atónito con lo ocurrido, a punto tal, que preocupado por los plazos del proceso, me ha preguntado” si la jueza Garmendia “presentará recurso de Casación, en caso que su planteo de recusación (a los camaristas) sea rechazado”.
Con este tecnicismo procesal, el letrado Montone (quien tiene a varios actores de la política provincial en su cartera de clientes) apunta a correr del proceso a la magistrada que tiene en sus manos la posibilidad de enviar a juicio oral a Scioli y gran parte de su ex gabinete provincial que está en la picota judicial luego de la denuncia presentada en 2016 por la diputada nacional Elisa Carrió, una de las líderes de Cambiemos.
Scarcella y Pablo Damián Elías están acusados de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (22 hechos en concurso real) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Fuentes judiciales adelantaron a Letra P que el resto de las defensas acompañarán el planteo del defensor del ex funcionario, quien ya tiene antecedentes en la resolución de expediente, como fue el caso de una cámara oculta que aportó a la Justicia y logró esclarecer parcialmente -queda un sospechoso prófugo- el triple crimen de policías en La Plata que generó un cimbronazo político en el país en la previa de las elecciones presidenciales de 2007.