La gobernadora María Eugenia Vidal otorgó al Organismo Provincial de Integración Social (OPISU) mayores facultades de gestión y la posibilidad de otorgar subsidios a personas y municipios por hasta 5 millones de pesos, en el primer caso, y de hasta 600 mil pesos en el segundo.
Se trata del ente creado en diciembre de 2017, en la última reforma a la ley de ministerios, que depende de la jefatura de Gabinete a cardo de Federico Salvai, la mano derecha de la mandataria.
El organismo, cuya directora ejecutiva es Dolores Maylin, una vidalista pura, fue ideado para actuar de forma planificada, pero también en la emergencia, en los barrios más complejos del Gran Buenos Aires.
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La actual coyuntura de crisis y la decisión de Vidal de actuar de forma prioritaria en las zonas con mayor vulnerabilidad del conurbano colaboraron para la concesión de mayores facultades y poder de decisión con los subsidios al organismo.
Según se justifica en el decreto Nº 1138, que habilita los cambios, “la tarea que realiza el OPSIU en diversos barrios de la Provincia, lo coloca en forma permanente ante problemáticas de diversa índole que requieren de una herramienta ágil y eficiente que les permita dar soluciones a las personas humanas y jurídicas, tal como sería la de otorgar subsidios de carácter especial como una ayuda de carácter económico o social”.
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En el anexo II del decreto se establece que en el nuevo régimen “los subsidios podrán ser otorgados a solicitud de parte interesada o de oficio, y su objeto podrá ser en dinero o especie, justificando en el acto administrativo los motivos de su otorgamiento (artículo 3º)”.
Y se excluye de la “verificación” posterior a la inversión a los subsidios que no superen los “3.300 pesos”, que solo deberán efectuar la rendición “con el correspondiente recibió de recepción”.
Aquellos que superen este límite anterior pero no lleguen a los 25 mil pesos deberán sumar al recibo de recepción del subsidio “una declaración jurada que dé cuenta del destino y la inversión de los fondos”.
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Para los casos de subsidios que superen los 25.000 pesos, “se otorgarán previa suscripción de un convenio”.
Según consta en el artículo 6º del anexo II del decreto, los subsidios se solventarán a partir de la constitución de un fondo permanente (según establece la ley N° 13.767).
En los casos en que un municipio pida el subsidio, deberá estar acompañado por “los estudios, proyectos o documentos que sustenten el requerimiento y mejor puedan ilustrar la decisión provincial”. En tanto, la rendición de cuentas, “la efectuará cada Municipio ante el Honorable Tribunal de Cuentas, en el plazo, forma y condiciones que el mismo tenga previsto”.
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El decreto fija, además, que el OPISU podrá “gestionar, desarrollar, aplicar y administrar fuentes de financiamiento para la compra de inmuebles, infraestructura básica, equipamiento comunitario y mejoramiento habitacional tanto en barrios informales, villas y asentamientos existentes, como en nuevas urbanizaciones de carácter social, ello sin perjuicio de las competencias otorgadas a otras áreas”.
Y también se incorporará al organismo en el “Régimen para la Asignación de Fondos Permanentes, Caja Chica Común y Caja Chica Especial”