La Municipalidad de General Pueyrredón se encuentra en proceso de elaboración de una denuncia por evasión millonaria que tiene en la mira a lo más granado del poder real de Mar del Plata: los empresarios Florencio Aldrey Iglesias y Antonio Tabanelli. Se sospecha que, con diversas maniobras, evadieron la declaración de unos 80 millones de dólares de recaudación en el Casino del Mar, que fue clausurado en agosto pasado tras una inspección municipal y dejó al descubierto una gran estafa. Detrás de esta pelea asoman las elecciones 2019 y la mano de Daniel Angelici como uno de los ganadores económicos por la ausencia de gestión en el ámbito provincial.
El casino, explotado por Tabanelli, funcionaba como anexo del hotel Hermitage, propiedad de Iglesias, que, luego de unos movimientos administrativos, pasó a nombre de la empresa Boldt, una de las mayores aportantes de campaña al partido PRO, cuyo titular es Tabanelli.
Este pase mágico de manos tiene dos posibles explicaciones: un sub alquiler de licencia o una privatización y/o concesión ilegítima. Pese a la millonaria recaudación del casino, la comuna recibía apenas nueve mil pesos mensuales de canon.
La recaudación de los casinos pertenece al gobierno bonaerense. En el segundo párrafo de su artículo 37, la carta magna provincial establece: “La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica”.
Además, el marco normativo que regula la explotación del juego (Ley 11536) establece claramente cómo se debe distribuir la recaudación. En uno de los apartados, determina que el 2% de la recaudación es para el municipio “en cuya jurisdicción estén ubicados los casinos”. De allí la potestad devengada que tiene el comuna que dirige con mano de hierro el vecinalista Carlos Arroyo.
TRASFONDO. Esta riña, que tiene en el ring a la gestión municipal de un lado y a los empresarios del otro, se desarrolla en el siguiente paisaje político como telón de fondo: Arroyo llegó a la intendencia por Cambiemos, fuerza política que ahora intenta esconderlo, al tiempo que brotan los candidatos radicales y del PRO que pelearán por la sucesión en la jefatura comunal. En ese camino, la concejala radical Vilma Baragiola cuenta con el apoyo del empresario Iglesias, al tiempo que, se descarta, Tabanelli apoyará económicamente al postulante de la fuerza que dirige la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El que pica en punta es el diputado nacional Guillermo Montenegro.
La firma Boldt lleva más de dos décadas en la explotación del juego en la provincia de Buenos Aires. Llegó de la mano del ex gobernador Eduardo Duhalde, integrando el grupo Trilenium junto a Tren de la Costa (del desaparecido Grupo Soldati), absorbió el total manejo de la actividad y, en una maniobra no muy clara, le vendió a FINMO SA, de rara casualidad de pertenencia del mismo dueño (Tabanelli), el 5% de sus acciones. Y utilizó esa empresa para donar un millón de pesos a la campaña del PRO.
La turbulencia interna de Cambiemos en Mar del Plata tuvo un nuevo cimbronazo luego de las declaraciones del secretario municipal de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle. Además de confirmar la evasión millonaria en el Casino del Mar, acusó a Baragiola de sobreponer los beneficios de los grupos económicos por sobre los ciudadanos. “Está del lado de los intereses de los grupos económicos concentrados. Se muestra como clara socia de Aldrey Iglesias”, disparó en una entrevista radial.
“Baragiola quiere que le sigamos cobrando 9 mil pesos por mes y no le importan los más de 100 millones de dólares que el Municipio se perdió de ingresos. Acusa que nos tenemos que ocupar de las calles que están detonadas. Están detonadas por la desidia y la falta de mantenimiento de la administración anterior, que tuvo dos períodos. Yo les garantizo que con 100 millones de dólares podríamos jugar al villar en el asfalto de Mar del Plata”, expresó Mourelle en diálogo con Telediario.
A la polémica también se sumó el sanisidrense Montenegro, que dejó en claro de qué lado de la mecha se encuentra. En declaraciones que publica el diario La Capital (propiedad de Iglesias), subrayó que “se viene la temporada y tenemos una gran expectativa al respecto. En ese sentido, es fundamental que todos los marplatenses tiremos para el mismo lado. Es momento de buscar consensos, por sobre los disensos”.
En otro pasaje de sus declaraciones, agregó: “Tenemos que trabajar todos juntos para que Mar del Plata esté preparada para recibir a quienes nos visitarán este verano y el Paseo Hermitage es, sin dudas, un espacio que forma parte de una postal tradicional de la ciudad”. A buen entendedor, pocas palabras.
FOCO PROVINCIAL. La situación de la industria del juego en Mar del Plata es un botón de muestra de lo que ocurre en el resto de la provincia de Buenos Aires. El casino de Necochea se encuentra abandonado y el de Valeria del Mar, cerrado por falta de mantenimiento.
El casino de Pinamar funcionó todo el invierno en jornada reducida, de 18 a 23.30, por falta de calefacción. Para el verano no está previsto aun la instalación de equipos de refrigeración.
A todo esto, el Casino de Mar de Ajo se encuentra abandonado y al borde del cierre.
Esta realidad de las salas de juegos oficiales le priva al Estado de recaudar cifras millonarias que curiosamente recaudan los bingos, que crecen en recaudación y espacio. Detrás de este negocio privado está la mano oculta de Angelici, una de las personas de máxima confianza del presidente Mauricio Macri.
Además de ser presidente de Boca Juniors, “El Tano” es conocido por su actividad de lobista judicial del Presidente, no solo en Tribunales: también, en el armado de listas para competir en elecciones de los colegios de Abogados, como en la próxima para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Maneja una red de salas privadas de juego que generan millonarias recaudaciones a diario, de la que la administración Vidal recoge solo una pequeña parte, cuando esos recursos podrían ser totalmente para las arcas oficiales.
