La Legislatura porteña aprobó con 49 votos positivos, 9 negativos y 0 abstenciones la creación del Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el primer cuerpo normativo que regula y estructura los procesos electorales en el distrito. Con este expediente sancionado, la definición sobre la fecha de los comicios queda a criterio del Gobierno, como ocurre en 20 de 23 provincias de la Argentina.
En diálogo con Letra P, el subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Hernán Charosky, explica los detalles del Código Electoral y adelanta que volverán a discutirse los puntos que fueron borrados de la ley original durante el debate parlamentario. Es el caso del capítulo del financiamiento de las campañas políticas, que fue eliminado de cuajo del expediente sancionado la semana pasada.
Charosky, uno de los arquitectos del Código Electoral, advierte que la paridad de género y la posibilidad de que el jefe de Gobierno pueda elegir la fecha de elecciones entrarán en vigencia apenas se promulgue la ley. El subsecretario es parte del equipo del Ministerio de Gobierno que empezó a trabajar en el tema y fue debatido durante un año en la iniciativa conocida como Dialogando BA, por la que pasaron dirigentes políticos, especialistas y académicos.
Zulcovsky y Charosky en la Legislatura durante del debate del Código Electoral (FOTO: DG Prensa Legislatura)
Una vez culminada esa etapa, la normativa viajó hacia la Legislatura porteña, donde la mesa de negociación se amplió pero se dividió en dos. Las negociaciones políticas pasaron por el vicejefe de Gabinete, Diego Santilli, y por el póker de lugartenientes de Rodríguez Larreta en Perú 160: Francisco Quintana y Agustín Forchieri, el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y su par de Confianza Pública Diego García Vilas. En tanto, el aspecto técnico y legislativo quedó en manos de los diputados Diego Marías y Natalia Fidel, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Reforma Política, respectivamente.
BIO. Nació en Buenos Aires el 21 de febrero de 1971. Es sociólogo (UBA), máster en Políticas Públicas en George Washington University y becario Fulbright. Se especializa en transparencia de la gestión pública y control de la corrupción desde hace más de veinte años. Fue coordinador general de Argentina Debate y, desde allí, impulsó la organización del primer ciclo de debates presidenciales en Argentina. Se desempeñó como director ejecutivo de Poder Ciudadano (capítulo argentino de Transparencia Internacional), como asesor de políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y como investigador de la Oficina Anticorrupción. Es autor de artículos académicos y periodísticos. Desde diciembre de 2015 se desempeña como Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad.
-¿Qué significa para la Ciudad de Buenos Aires tener un Código Electoral propio?
-Es cumplir con un mandato constitucional que la obliga a tener una institucionalidad electoral. Y el mejor modo de cumplir con eso es en el marco de un conjunto de reglas de juego que involucran esa institucionalidad, como es el caso de la Justicia Electoral, junto con un diseño institucional que plantea cuáles son las funciones específicamente jurisdiccionales electorales y las funciones administrativas y logísticas. Significa la construcción de un consenso muy amplio, ya que se superó con creces la exigencia de los 40 votos.
-¿Qué balance hace de los más de dos años de debate del texto?
-Fue un proceso que empezó en 2016 con la instancia Dialogando BA, que permitió sentar en una mesa a legisladores de todo el arco político, especialistas académicos y activistas de la sociedad civil para debatir distintas agendas. Se discutió sobre la incorporación de tecnología, estructura de las instituciones electorales, la paridad de género. Esos temas se fueron discutiendo durante dos años y después en las comisiones de la Legislatura. Eso permitió enriquecer mucho los proyectos. Por ejemplo, en tecnología quedó claro que no se trataba de incorporación de tecnología si o no, sino cuáles son los caminos institucionales, los controles y los grados de participación para la incorporación de tecnología.
-¿Por qué la mayoría de los artículos del Código Electoral empiezan a regir a partir de 2020?
-Lo que plantemos a partir del 2020 tiene que ver con que creíamos que era obligatoriamente o aconsejablemente mejor que existiera la estructura institucional de autoridades electorales. Para todo lo que es la implementación de tecnologías tenés que tener la autoridad electoral en funcionamiento, por lo que es lógico que primero tengas el tiempo para estructurar eso y lo mejor sería no hacerlo en un año electoral como el 2019. Por eso los tiempos planteados. Pero la convocatoria a elecciones y la paridad de género entran en vigencia apenas promulgada la ley.
-¿Qué sistema de votación permite el Código Electoral?
-La ley plantea, en un grado de mayor institucionalización y control, lo que está vigente en la legislación actual, que es boleta única con incorporación de tecnología, que debe pasar ciertos estándares de control y auditoría.
Habrá un control técnico de la autoridad electoral y político por parte de los partidos políticos y sus fiscales. También, habrá controles de la sociedad civil y expertos.
-Y si se unifican las elecciones de la Ciudad con las nacionales, ¿qué método de votación se utilizaría?
-Si se unifica la elección va a ser el que tenga la Nación. La redacción de la norma permite que si lo único que se unifica es la fecha y no el proceso electoral pueden existir dos sistemas. Las dos posibilidades normativamente existen.
-¿Puede ocurrir que en 2019 se utilicen dos sistemas de votación?
-Es una decisión política que el Código Electoral admitiría, pero no para las próximas elecciones sino para cuando entre en vigencia el resto del cuerpo normativo. El 90% del Código Electoral entra en funciones desde el 2020.
-¿Entonces si se unifica se votaría en boleta de papel tradicional?
-Es lo más probable. No es totalmente impensado que, alternativamente y con las normas actualmente existentes, también pudieras tener los dos sistemas. Pero esto último no me parece probable.
-¿Es un retroceso haber eliminado el capítulo de aportes privados de empresas?
-No es un retroceso algo que forma parte de las posibilidades de una negociación política. Cuando tenés un Código Electoral de un espectro tan alto como el que propusimos es muy posible que tengas mayor consenso en algunas cosas y menor en otras. Es lógico que los puntos menos anchos de consenso queden postergados. Es una cuestión de oportunidad política, se dará la discusión.
-¿El Gobierno va a insistir con esa propuesta de financiamiento?
-La discusión por los aportes privados en las campañas va a continuar. Pero hay que encontrar el momento para esta discusión. Esto no deja de ser la posición del Ejecutivo. Estaba en el proyecto original que envió el Gobierno. El miembro informante del bloque, el diputado Diego Marias, sostuvo durante el debate que la posición del oficialismo sigue siendo la misma. Pero no íbamos a dejar de aprobar un Código Electoral, con la misión institucional que conlleva, por un capítulo que evidentemente no tenía consenso. No íbamos a sacrificar todo el Código por un solo tema.