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Medios digitales: ¿quién tiene la palabra?

Empresas mediáticas y la profesión periodística en la encrucijada. Multitarea, escasez de fuentes y hegemonía de voces institucionalizadas, un menú que afecta la calidad informativa.

Medios digitales: ¿quién tiene la palabra?

25/10/2018 18:53

 

Los medios digitales ganan terreno en las preferencias de los ciudadanos a la hora de informarse. Según la Encuesta de Consumos Culturales 2017, en la Argentina tienen una penetración del 25,6% y, si bien aún están lejos del 37,4% de la prensa gráfica -en franco retroceso-, se debería considerar que muchos de los que declaran informarse por redes sociales (23,4%) terminan accediendo de manera incidental a noticias manufacturadas por empresas mediáticas que distribuyen sus contenidos por múltiples plataformas, lo que aumenta exponencialmente el nivel de consumo de noticias online.

Las lógicas de producción informativa de los diarios digitales, basada principalmente en la inmediatez y la espectacularización como estrategias para capturar lectores, les imprime a los periodistas un ritmo de trabajo que se hace visible en los contenidos. Piezas de poca extensión aptas para celulares, recursos audiovisuales atractivos, títulos rimbombantes y escasez de contenido son algunas de las características de la dieta informativa que se ofrece en la web. En ese contexto, contorneado por las rutinas de producción y las exigencias del mercado, la diversidad y pluralidad de voces indispensables para garantizar el derecho ciudadano a la información parecen restringidas.

El modo en el que los medios pueden exhibir diversidad de puntos de vista es a partir del uso de múltiples fuentes de información. Estas son personas o instituciones que facilitan la materia prima para la construcción de las noticias y, además, son necesarias para contrastar los acontecimientos que se relatan.

Un estudio del Observatorio de Medios, Democracia y Ciudadanía expresa que la cantidad de fuentes citadas por ocho de los principales medios digitales del país, durante los años 2017 y lo que va de 2018, es de 1,43 por nota, muy lejos de las al menos tres que exigen los manuales de periodismo como garantía mínima de calidad informativa.

 

 

Un dato extra resulta elocuente: si bien todos los medios analizados están muy por debajo de lo exigido por las pautas básicas de la profesión, al tener en cuenta la variable geográfica salta a la vista que mientras que los medios con cabecera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) incluyen 1,89 fuentes por pieza, los diarios de las provincias bajan el promedio a 1,16. Además, cuatro de cada diez fuentes incluidas en las noticias son refritadas de otros medios (15,6%), extraídas de redes sociales (9,1%) o de agencias informativas (7,3%), sin contar la gran cantidad de voces de las que se desconoce procedencia. Ambos resultados correlacionan directamente con las diferencias de escala de las empresas comunicacionales, comprobando que los medios de las provincias, con redacciones más acotadas, tienen menos capacidad de contacto con los protagonistas de las noticias.

Los datos exhibidos hacen presumir que una de las principales causas de la disminución de la calidad informativa se asocia a la precariedad de las condiciones laborales. Redacciones acotadas y flexibilizadas son sinónimo de periodistas multitarea que, en general, por falta de tiempo y recursos, no tienen contacto directo más que con un puñado estable de proveedores de información, generalmente relacionados con los distintos poderes estatales o con actores sociales fuertemente institucionalizados. Entonces, al problema de la baja cantidad de fuentes se le suma el de su homogeneidad.

En efecto, los datos agregados evidencian que el 57,2% de las fuentes citadas son oficiales, entre las que se destacan los poderes del Estado y funcionarios de gobierno. Entre las primeras aparecen, además, otros actores sociales con poder político o económico, como sindicatos y empresas. Ambos tienen en común con las primeras que profesionalizan la difusión de sus puntos de vista a través de agentes de prensa, lo que les facilita el acceso a las agendas mediáticas. Las únicas fuentes que no cumplen esta condición son los ciudadanos que, si bien suelen permear la agenda informativa, no lo hacen en tanto colectivo organizado, sino a partir de casos individuales, principalmente policiales, de los cuales fueron testigos o víctimas.

 

 

Si se tiene en cuenta que el mismo informe sostiene que uno solo de los ocho diarios analizados ejerce una línea editorial abiertamente opositora -Página/12- y que el resto no suele reñir con la gestión gubernamental, es posible inferir que la versión de los hechos que predomina es la oficial, con pocas posibilidades de ser cuestionada. Esto, sin embargo, no significa que los dirigentes opositores no logren penetrar en la agenda mediática. Sin embargo, lo hacen en menor cuantía y no suelen lograr el mismo nivel de crédito en los puntos de vista que promueven.

El incremento de la presencia de las fuentes oficiales es, sin embargo, un fenómeno que viene en aumento en el mundo desde hace varios años y que, en términos de Walter Bennett, desmorona las bases mismas de la profesión periodística. Si la voz en los medios es ejercida principalmente por los actores gubernamentales, la función de vigilancia de la cual el periodismo supo ufanarse forma hoy parte del recuerdo. Detrás de ello, la verdadera discusión pasa por despejar cuáles son los modelos de negocio que sean capaces de financiar, con cierta pretensión de calidad, a una industria convulsionada y a una profesión en permanente transición.