La letra fría de la noticia caliente indica que el expediente judicial en el que se investigan presuntos aportes de campaña “truchos” en favor de Cambiemos durante el turno electoral de 2017, que se instruía en los tribunales federales de Comodoro Py, finalmente quedará radicado en el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo de La Plata a cargo del juez pro tarifazos Adolfo Gabino Ziulu. Así, las piezas del tablero político comienzan a alinearse con el paladar del oficialismo.
Tal como viene informando Letra P, los jueces Sebastián Casanello (en Comodoro Py) y Ernesto Kreplak (en La Plata) investigan delitos penales. Ese es el escenario más temido para el oficialismo, porque significa una amenaza para la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y podría complicar en enredos judiciales a uno de sus colaboradores de mayor confianza, el jefe de gabinete, Federico Salvai. Cabe recordar que una pericia oficial ya detectó más de cien casos de robo de identidades.
En el otro platillo de la balanza judicial se ubica el magistrado Ziulu, amigable con el oficialismo, quien pelea para quedarse con todas las denuncias y que, en caso de encontrar culpables, las sanciones sean menores, en el marco de lo que establece el Código Electoral, con penas low cost en comparación con el Código Penal, que puede depositar a los responsables (en caso de haberlos) tras las rejas.
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En ambos expedientes se investigan hipótesis distintas. Kreplak bucea entre los posibles delitos de lavado de dinero, robo de identidad y manipulación de bases de datos públicas para fines electorales. Se sospecha que dirigentes del PRO utilizaron información de beneficiarios de planes sociales para que figurasen como aportantes de la campaña electoral de 2017. Por su parte, Ziulu deberá abocarse a controlar los ingresos y los egresos de una planilla excel, ya que no tiene potestad para husmear en el origen de los fondos. Es decir, una labor de contador público con rango judicial.
En la mira de Kreplak, el juez que no quiere Cambiemos, están la gobernadora Vidal y Salvai, quien fue el jefe de la campaña. Además, Salvai es el marido de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien tiene bajo su guarda legal las bases de datos de donde se extrajeron las identidades de beneficiarios de planes sociales que figuran como aportantes de baja escala al PRO bonaerense, cuya titular es la gobernadora Vidal. El círculo cierra perfecto.
El primero de los fusibles potentes de esta trama judicial fue la recientemente imputada María Fernanza Inza, quien renunció como contadora general de la provincia de Buenos Aires en medio de la turbulencia política generada por la causa.
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En 2017, pese a no ser candidata, Vidal encabezó la campaña en la provincia de Buenos Aires. El jefe de la misma fue Salvai. La que recaudaba era Inza como tesorera junto al radical Alfredo Irigoin y la dirigente PRO Silvia Chaban, ambos imputados en la causa que instruyó en Comodoro Py el juez Casanello.
Mientras Kreplak se aboca a la arista penal del caso, su colega Ziulu escruta los gastos de campaña, pero no posa la lupa en el origen de los fondos, que una de las posibilidades es que se trate de lavado de dinero. En caso de detectar irregularidades en el origen de los fondos, la doctrina y la jurisprudencia indican que debe declinar competencia y que todo corra en la esfera del derecho Penal, en manos de Kreplak, el escenario más temido por Cambiemos.
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La senadora bonaerense Teresa García (una de las denunciantes) cuestionó el fallo de la Cámara Federal que determinó la competencia electoral en la causa que investigaba Casanello. Además, alertó sobre el efecto de esa maniobra en la investigación que se desarrolla en La Plata.
“Este vergonzoso antecedente que acaba de dejar asentado la Justicia Federal pretende proteger a Vidal y, además, busca marcarle una pauta a las causas donde se investigan los aportes falsos a Cambiemos en la campaña electoral 2017 y que tramitan en La Plata”, sostuvo.
“Es más que evidente que el objetivo de esta maniobra es seguir protegiendo a la gobernadora de cara a las elecciones del año que viene, restándole importancia a la responsabilidad que le cabe como presidenta del partido PRO, que fraguó identidades de cientos de personas y lavó dinero para financiar la última campaña electoral en la provincia, entre otros delitos”, consideró la legisladora, que denunció a la mandataria provincial por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad.