La trama por el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos con que se financió gran parte de la campaña electoral del oficialismo en 2017 sumó un nuevo capítulo. Se trata del informe de peritos oficiales de la Cámara Nacional Electoral quienes detectaron que más de cien aportantes son beneficiarios de planes sociales de la Anses y del ministerio de Desarrollo Social. “Resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política”, señalaron los expertos en su informe. Tres jueces analizan el documento judicial.
El informe fue elevado al juez federal Adolfo Gabino Ziulu (subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia en Buenos Aires) y a su par de Comodoro Py, Sebastián Casanello. En el dictamen se señala que “no resulta posible aconsejar la aprobación del informe final hasta tanto sean subsanadas las observaciones”, entre las que se cuentan la incorporación de aportantes apócrifos y la utilización de fondos de empresas, a través del uso del nombre de empleados y directivos. También es seguido de cerca por el magistrado Ernesto Kreplak, quien tiene a su cargo la arista política de la investigación. Un dato que no es menor: el informe es una de las pruebas, contundentes, que existió delito en el financiamiento de la campaña de Cambiemos, ahora los investigadores deben hallar al o los autores intelectuales y materiales por acción u omisión.
Entre las observaciones, los peritos indicaron que “tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado nacional o están inscriptas en el monotributo social en el que podrían ser beneficiarias de tales programas, resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política”.
De este modo, la pericia de la Cámara Electoral le dio la razón a la investigación realizada por el peridista Juan Amorín para la multiplataforme web El Destape, que reveló la existencia de cientos de personas humildes, beneficiarios de planes sociales, figuraban como aportantes de Cambiemos para las elecciones de 2017, pese a que ellos negaban haber pagado.
Tras los informes periciales, el juez Ziulu citó a declarar como testigos a Pablo Ariel Chialva Boschi (gerente de recursos Humanos de ARBA), Marcelo Jorge Garriga (presidente del Consejo de Administración de Fondo Fiduciario), Joaquín Granillo Fernández (vicepresidente de Aubasa e integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense), Abelardo Gregorio Harbin, Ricardo Luis López, Federico Saraví y Gastón Scorsetti (Director de Jubilaciones de la Municipalidad de La Plata), entre otros. La mayoría de ellos son funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. Un extraño recorte para las citaciones que llamó la atención en los tribunales federales de La Plata.
Varios operadores judiciales siguen de cerca la labor del juez Ziulu. No pierde de vista que es un magistrado amigable para el oficialismo. Rechazó amparos presentados para ponerle coto a los tarifazos de los servicios públicos en la provincia de Buenos Aires.
El informe pericial se refiere puntualmente a la rendición de cuentas de la campaña de Diputados nacionales de Cambiemos en las PASO del año pasado. Además de advertir sobre los aportes de personas humildes, también sostiene que hubo aportes de empresas “enmascarados” a través de la incorporación al listado de parte del personal y la planta directiva de las mismas.
La gobernadora Vidal dijo en varias oportunidades que ella no tuvo a su cargo la recaudación de los aportes de campaña que llevó como candidatos a Esteban Bullrich (a senador) y a Graciela Ocaña (a diputada). Pero, por este escándalo, le pidió la renuncia a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, quien fuera su jefa de campaña y persona de máxima confianza.
LEGAJO PENAL
Esta documentación es seguida de cerca por otro juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien tiene bajo su dirección la investigación de las denuncias presentadas por delitos como lavado de dinero (origen de los fondos de campaña), falsificación de instrumento privado (por las afiliaciones apócrifas el PRO bonaerense) y robo de identidad (por la extracción de datos personales de bases de datos oficiales –ejemplo: Anses- que deben ser resguardadas por el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos), entre otros posibles delitos.
Mientras Kreplak se aboca a la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, Adolfo Gabino Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, es decir, ingresos y egresos, gastos de campaña, pero no hace foco en el origen de los fondos. En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, pasarle esa parte de la investigación a Kreplak.
A las causas que tienen en sus despachos los jueces Casanello, Ziulu y Kreplak deben sumarse las decenas de denuncias penales que tramitan en la justicia ordinaria bonaerense, en la que los denunciantes aseguran que figuran como aportantes de campaña de Cambiemos (en 2015 y en 2017) sin haberlo sido.
Hace dos semanas el juez Kreplak se cansó de esperar la respuesta Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, por los beneficiarios de Planes Sociales que figuran como aportantes de Cambiemos. Casualmente, Stanley es la esposa de Federico Salvai, jefe de gabinete de Vidal y jefe de campaña de Cambiemos en las elecciones 2017. Todo queda en casa.
