El 1 de octubre de 1998 entró en vigencia el nuevo sistema judicial en provincia de Buenos Buenos Aires, que cambió el sistema inquisitivo y escrito por el proceso oral y acusatorio, respaldado por una investigación penal preparatoria del debate.
En el antiguo sistema, el juez que investigaba era el mismo que dictaba sentencia. La figura del fiscal era un acompañamiento light, pero sin demasiado peso en el proceso que era todo escrito. Existía una Cámara de Apelaciones a la que se llegaba en ocasiones puntuales.
En ese viejo sistema, la figura del juez era casi sagrada y el poder territorial de la Policía bonaerense, casi absoluto. Eran los amos del control social en las calles. Pero, tras las muertes de los platenses Andrés Núñez, Maximiliano Albanese y Miguel Bru, en las que se conjugaron policías asesinos con jueces encubridores, la presión social tuvo su poder de lobby ante los gobernantes de turno. La provincia era administrada por Eduardo Duhalde, quien tenía aspiraciones presidenciales.
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Se convocó a juristas destacados de todo el país para la confección de un nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires.
En el actual sistema, la figura del fiscal adopta un rol central. Es el encargado de la investigación penal preparatoria (IPP) del juicio oral. En tanto, el juez pasó a ser de Garantías, es quien controla la legalidad del proceso y que no se violen los derechos del acusado.
Por encima de ellos se crearon los tribunales orales criminales, compuestos por tres jueces independientes de la etapa de investigación que son los que finalmente condenan o absuelven a los acusados y acusadas.
Entre los puntos a favor de la reforma se pueden mencionar el contacto inmediato de la autoridad judicial con el detenido y de éste con su defensor; la revisión próxima y el control periódico de las medidas de coerción (detención); la introducción de criterios de oportunidad e instancias de mediación penal en la actuación del Ministerio Fiscal para que no todos los expedientes lleguen a juicio y se implemente de manera efectiva los juicios por jurados y, además, la judicialización plena de la etapa de ejecución de la pena a los condenados.
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Pero hay un lado oscuro del sistema. Abogados y magistrados consultados por Letra P coincidieron en apuntar que las constantes modificaciones al Código Procesal resultan finalmente meros parches basados en el humor social del momento y la ideología de la fuerza política que administra temporalmente el Estado.
También hicieron foco en la carencia de una persecución penal estratégica, o sea, de una conducción inteligente de la actividad investigativa que está delegada en la Policía de la provincia. Entre los puntos negativos, marcaron, además, que existe una innecesaria escrituración de actos procesales, desvirtuando la concisión que debería tener la IPP, a menudo convertida en un laberinto de papeles insustanciales; debilidad estructural en la persecución de funcionarios públicos corruptos, una de las deudas medulares del sistema; la no puesta en funciones plena de la policía judicial; la inexistencia de protocolos de actuación, incluso en delitos de inusitada gravedad; la escasez de recursos profesionales no jurídicos (psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, trabajadores sociales, peritos, etc.); el deficitario contacto, protección y reparación de las víctimas; y el uso generalizado y ampliamente mayoritario de los mecanismos de simplificación procesal, donde se prescinde del juicio oral, público y contradictorio, o sea, produciendo exuberante cantidad de condenados sin juicio.
Uno de los aspectos novedosos de la reforma fue la creación de las fiscalías de Delitos Complejos. Entre sus misiones y funciones esta la de investigar al poder político, pero la tasa de condenas a funcionarios corruptos es de las más bajas.
EL PODER NO SE TOCA. Uno de los aspectos novedosos de la reforma fue la creación de las fiscalías de Delitos Complejos. Entre sus misiones y funciones está la de investigar al poder político, pero la tasa de condenas a funcionarios corruptos es de las más bajas. Los pocos condenados son ex empleados infieles y un puñado de concejales en toda la provincia. En la lista de intendentes se anotan el ex jefe comunal de Pinamar Roberto Porreti (con sentencia de primera instancia no firme) y el ex alcalde de Bahía Blanca Rodolfo Lopes, aunque luego Casación anuló la causa.
También fue detenida y procesada la ex diputada provincial peronista Patricia Fernández por manejo irregular de subsidios en la Cámara de Diputados bonaerense, pero luego fue excarcelada y la causa se cerró en un juicio abreviado.
UN DEBUT ESCANDALOSO. El debut del nuevo sistema no fue el mejor en La Plata. El primero de los grandes casos fue el crimen del sargento de policía Gustavo Teuly, asesinado de un disparo en la estación de servicio YPF de 7 y 32. El hecho ocurrió en la tarde del 1 de octubre de 1998.
A las pocas horas fue aprehendido Guillermo Sastre, pero el fiscal en turno, Rubén Sarlo, se olvidó de requerir la orden de detención al juez de Garantías Guillermo Atencio y el sospechoso recuperó la libertad. El caso fue calificado como un “escándalo jurídico” por el entonces defensor oficial José Luis María Villada.
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Sarlo fue apartado de la investigación. Los nuevos fiscales que tomaron el caso, Carlos Argüero, Laura Lasarte y Rosalía Sánchez, ordenaron el expediente. Sastre volvió a ser detenido, juzgado y condenado por el homicidio.
A dos décadas de la reforma procesal, La Plata vive un escándalo judicial con dos ex magistrados tras las rejas, acusados de corruptos. Se trata del ex juez de Garantías César Melazo y del ex fiscal Tomás Morán presuntamente ligados a una megabanda criminal que operó desde 2008 en La Plata. La gavilla estaba compuesta por policías corruptos, ladrones, narcos, sicarios, barras y lobistas, todos, en connivencia con ciertos sectores del Poder Judicial de La Plata que le brindaban protección a cambio de fuertes sumas de dinero en dólares.
En esa causa también aparecen mencionados al menos seis magistrados con distintos grados de presunta complicidad con la banda, pero esa arista está en plena etapa de investigación.
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A todo esto, se conoció el pasado viernes, sobre el cierre del horario judicial, que el fiscal general de San Martín ordenó el desarchivo de una denuncia que el fiscal platense Jorge Paolini hizo al juez de Garantías platense Guillermo Federico Atencio, a quien acusó de pedir millonarias coimas en dólares para cajonear una investigación por estafas millonarias a la obra social IOMA.
Como contragolpe, el juez Atencio presentó una nota en la que admite un “Pacto de Impunidad” entre la jueza de la Suprema Corte Hilda Kogan, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y el procurador general Julio Conte Grand, quienes le habrían sugerido al juez que se jubile y deje vacante el Juzgado de Garantías 1 de La Plata a cambio de mantener cerrada la denuncia del fiscal Paolini. Todo muy normal a dos décadas del sistema acusatorio vigente.