Sebastián La Rosa es el director general de Asuntos Legislativos de la Ciudad de Buenos Aires y encargado de vincular al Poder Legislativo y los distintos bloques políticos con el Poder Ejecutivo y sus diversas áreas. Es politólogo y es parte del sector PRO que responde al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli.
Como integrante del Ministerio de Gobierno, que conduce el santillista Bruno Screnci Silva, saca a relucir la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública, reclamada por Elisa Carrió. El Gobierno porteño modificó la histórica Ley N°104 y acaba de poner en funciones al órgano rector que aplicará la normativa, que estará conducido por María Gracia Andía.
“La modificación de la ley de Acceso a la Información indica que no solamente las áreas están obligadas a transparentar su información sino que, por motus propio, decidan contar lo que están haciendo o rendir cuentas”, explicó La Rosa.
-¿Qué balance hace del año legislativo?
-Los principales objetivos del jefe de Gobierno con respecto a iniciativas que necesitaban el acompañamiento de leyes impulsadas por la Legislatura pudieron salir.
Algunas normas demandaron mucho consenso y negociación con la oposición e, independientemente de tener una buena cantidad de votos de Vamos Juntos, el objetivo siempre fue tener apoyo en la oposición, que sea parte del proyecto. En algunos casos se logró, pero siempre estuvo ese objetivo de Horacio (Rodríguez Larreta) de lograr el mayor consenso en todas las leyes. Fue un año muy político, con elecciones de por medio, por lo cual muchas fuerzas, en el juego propio de la democracia y la dinámica legislativa, son menos propensas a acompañar proyectos de ley por la cuestión lógica de que está la campaña en el medio.
-¿Bajó la intensidad legislativa al ser 2017 un año electoral?
-Esto ya lo hemos analizado y medido. Es verdad que durante años electorales baje el caudal de trabajo legislativo, pero, así y todo, teniendo en cuenta que el Ejecutivo mandó muchas iniciativas para continuar con las políticas públicas iniciadas hace unos años, para mí, dentro de una temporada electoral, fue el año más laborioso de la última década. Hubo pocas interrupciones de la sesiones, las comisiones siguieron trabajando y se aprovechó también para seguir proyectando y negociando iniciativas que requieren mayor consenso.
-¿Cuál es el nivel de rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo?
-Hay diferentes formas de rendición de cuentas. Con respecto a la Legislatura, puede ser desde remitir informes hasta ir con la presencia de un funcionario o conformar comisiones conjuntas que tienen presencia del Ejecutivo y el Legislativo.
Hace poco se terminó de aprobar el digesto jurídico y las áreas tienen que estar un poco más al tanto aún. Desde la modificación y actualización de la Ley de Acceso a la Información Pública y el impulso del Gobierno porteño están mejorando muchas áreas. Obviamente, falta bastante trabajo y creemos que algunas ni siquiera tienen conocimiento de algunas leyes muy perdidas, de poco impacto, pero que están vigentes y las obliga a rendir cuentas.
Constantemente estamos cruzando desde la Dirección de Asuntos Legislativos remisión de informes que nos mandan las diferentes áreas de los ministerios para que enviemos a la Legislatura. Parte del trabajo del 2018 va a ser colaborar para que todas las áreas estén más al tanto de las rendiciones que tienen que hacer y no conocen porque existen leyes y ordenanzas muy viejas. La experiencia de los últimos dos años es que estamos constantemente remitiendo informes de las áreas de gobierno.
-¿Cuál es la gestión con mayor índice de rendición de cuentas desde la autonomía porteña?
-La media dice que la gestión de Larreta es la que tiene el mayor índice de rendición de cuentas, con 21 leyes por rendición de cuentas aprobadas por año. Aunque no terminó el mandato, ya tiene ese promedio.
-Durante el año hubo reproches de la oposición por falta o tardanza de respuesta en los pedidos de informes que debe responder el Ejecutivo. ¿Qué responde a esas denuncias?
-Según nuestras estadísticas, en cuanto a los proyectos presentados en 2017, estamos a la fecha con las respuestas. Tenemos un índice de respuesta cercano al 70%. Hay pedidos de informes que demandan muchísima investigación y gente abocada a responder ese caudal de información. Eso también habla un poco de que, a veces, las preguntas que se hacen en los pedidos de informes no se condicen con la realidad administrativa para cumplir con la respuesta.