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La filmación a un servicio que prueba el espionaje sobre mapuches desde la era K

El espía de la ex SIDE se presentó en 2015 ante fiscales de Chubut con datos de 26 activistas anti minería. La intimidad de la inteligencia ilegal contra periodistas, docentes y vecinos de Esquel.
Por 08/09/2017 8:00

El abogado Pablo Noceti, jefe de asesores de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo con vehemencia que estaba concentrado en perseguir policial y judicialmente a la organización Resistencia Ancentral Mapuche (RAM). Sus palabras, dichas a la prensa antes de la desaparición del joven Santiago Maldonado, confirman la continuidad de una persecución que data de 2014, todavía en tiempos del kirchnerismo en el poder, cuando espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se trasladaron a Esquel para investigar a la población mapuche y a activistas del Movimiento No A la Mina. Las pruebas forman parte del expediente 12012/2015, que instruye el juez federal Guido Otranto. Se trata del mismo magistrado de Esquel que ahora indaga sobre el paradero del joven y que en febrero de este año procesó sin prisión preventiva a un espía, tres fiscales y dos policías por realizar espionaje sin autorización judicial, entre otros delitos. Hace tres semanas, la sentencia fue confirmada contra el espía en un fallo de segunda instancia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Los demás acusados pueden correr la misma suerte que el espía, que fue grabado in fraganti mientras protagonizaba una reunión durante la mañana del  28 de mayo de 2015 con el fin de entregarles un fárrago de información sobre 26 personas a los fiscales generales de la zona. La cita fue filmada por el fiscal Fernando Rivarola, uno de los tres funcionarios judiciales procesados. Duró casi una hora, entre las 9 y las 10. Participaron el agente de identidad desconocida, Rivarola y sus colegas María Bottini y Alicia Révori. El documento fílmico fue presentado por el fiscal para defenderse de los cargos en su contra, pero fue desmenuzado por el juez Otranto para procesarlo. Letra P accedió a sus cien páginas, un verdadero recorrido por la intimidad de las operaciones ilegales de inteligencia interior en plena democracia, dentro de una maniobra que, según los espiados, sigue en funcionamiento. 

 

Fiscal Rivarola. En 2015 filmó al agente de la AFI que espiaba a los mapuches.

 

En la resolución del 18 de febrero de este año, Otranto enumeró a las víctimas del espionaje. Ellos son Adolfo Alarcón, Osvaldo González Salinas, Humberto Kadomoto, Maximiliano Masquijo, Pablo Quintana, Flavio Romano, Luaguita Ruiz, Andrés Campos, Alejandra Cea, Alejandro Corbeletto, Pablo Galperín, Agustín Gigli, Gustavo Macayo, Santiago Malizzia, Corina Milan, Omar Orlando Ojeda, Federico Ovidi, Sheila Rios, Fernanda Rojas, Emanuel Vera, Juan Zouza, Moira Millán, Mauro Millán, Mariela Millán, Gabriel Horacio Colipi y Nora Corvalán. Se trata de 26 periodistas, docentes y vecinos de Esquel que formaron parte del Movimiento No A la Mina, una masiva organización local que creció al calor del repudio de los habitantes de esa zona a las empresas mineras. 

Todos ellos -y se presume que varias personas más- fueron objeto del seguimiento de este espía, cuya identidad es preservada para no violar la nueva Ley de Inteligencia Nacional, que dio origen a la actual AFI y reemplazó a la ex SIDE. Según de desprende del fallo, el agente estuvo acompañado por al menos dos más. Mantenían un fluido contacto con los policías de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut, cuyo máximo responsable político actual es el gobernador Mario Das Neves, que supo decir que los mapuches tienen una posición "nada argentina". Con el incremento del conflicto, el gobierno provincial profundizó su persecución sobre esa comunidad y, desde 2014, contó con la activa participación de espías de la ex SIDE que fueron enviados desde la ciudad de Trelew. Uno de ellos está procesado en segunda instancia y fue grabado mientras intentaba entregar parte de esa investigación sin respaldo judicial a los fiscales locales para que blanquearan en el expediente la información obtenida: una acumulación de datos que el aparato de espionaje elabora como "pre causas", es decir, expedientes paralelos a los que instruye un tribunal . Parte de la información que "obsequió" a sus anfitriones tiene que ver con la persecución estatal sobre el lonko Facundo Jones Huala, que era buscado en el marco de un juicio de extradición a Chile que el mismo juez Otranto negó, porque la data obtenida para detenerlo fue arrancada bajo torturas a un preso, algo que el agente filmado también mencionó a los fiscales chubutenses durante los 50 minutos que duró la reunión. 

En su defensa, el fiscal Rivarola recordó que tenía ese caso junto a Bottini y a Révori "en forma conjunta por considerarlo un caso sumamente complejo, que implicaba una escalada de hechos de violencia de un grupo que en su mayoría actuaban encapuchados negándose a ser identificados y con reclamos permanentes de las partes involucradas".  Para deslindar responsabiIlidades, el fiscal dijo que "hasta esa reunión, ninguno de los tres fiscales acusados había tenido contacto con algún agente de inteligencia". Se justificó ante esa oportunidad, porque "al presentarse mostrando su credencial y aportando información sobre un caso, interpretaron que su actividad estaba autorizada". "Remarcó que no existía razón para sospechar lo contrario, más aún si se tenía en consideración que estaba compartiendo su información con fiscales que no conocía", repasó el juez sobre los argumentos que utilizó uno de los acusados. 

 

 

EL VIDEO. La pieza fílmica que Otranto desmenuzó muestra la predisposición y el interés del espía para que los fiscales recibieran esos datos y los utilizaran para seguir las persecuciones. También, para procesar a los investigados. Pero en el medio surgen datos, fechas y menciones a personas que confirman la profundidad y la gravedad del espionaje interior en la zona, al menos, desde 2014. Para defenderse de los cargos, el fiscal Rivarola dijo que se decidió a grabar la entrevista "por lo novedoso de la presencia del agente y lo delicado del caso, entendiendo que de esa manera se denota que no tenían nada que ocultar al atenderlo". Además, sostuvo que "el agente de inteligencia incluso manifestó haber brindado información (al juzgado de Otranto) y que en el video de la entrevista se puede apreciar que cuando se refirió a los movimientos sociales o ideas, automáticamente se le aclaró que a esa fiscalía sólo le interesan los modos y no las ideas". 

Para justificar el interés por el invitado especial que recibía en su despacho, Rivarola recordó que "por ese entonces tenían la íntima convicción de que Jones Huala era uno de los autores del hecho que investigaban y probable líder del movimiento que lo estaba llevando a cabo y que la única mención que el agente hizo en relación a integrantes de No A La Mina durante la entrevista la hizo en función de su presencia en la 'Casa Abierta' de Cholila durante el acompañamiento al movimiento de recuperación territorial de público conocimiento". Ese "acompañamiento" no es otra cosa que la inflitración que hizo el espía a una asamblea de esa localidad.

Sin embargo, las diez horas de comunicaciones telefónicas que mantuvieron los policías y los fiscales con el espía desmienten los argumentos del fiscal. También el video, donde se ve que el agente copia una serie de archivos digitales a la computadora del fiscal, entre ellos, una serie de carpetas y subcarpetas con "2 archivos Word y 11 fotografías digitales", que fueron creados en el "horario concordante con la presencia del agente". También una carpeta titulada “R.A.M.”, que contaba con "3 subcarpetas y 44 archivos varios, uno de ellos titulado: “Activistas antimineros en zona de la Comarca Andina”, que corresponde a las fichas de los integrantes del movimiento No A la Mina". 

 

 

UN VIAJE DE 50 MINUTOS. El video que grabó Rivarola en su oficina es desgranado por Otranto en su fallo, minuto a minuto, donde analiza cada diálogo y las explicaciones que enuncia el espía: "Tras identificarse con una credencial que lo acreditó como integrante de la Secretaría de Inteligencia, manifestó que estaba abocado a investigar los hechos de 'Vuelta del Río' y que se ponía a disposición de los fiscales para lo que necesitaran en la investigación que ya estaba en curso en la Oficina Fiscal de Esquel. Dijo que llevaba un año realizando tareas de investigación", resalta el documento. 

Cuando pasaron los cinco primeros minutos de la charla, "Rivarola manifestó interés en el aporte que podría brindar la Secretaría de Inteligencia para identificar y detectar el movimiento de personas vinculadas con el hecho. Dijo 'sí, nos interesa a nosotros, y éste es el aporte que podemos coordinar con la Secretaría de Inteligencia: poder identificar personas o poder ver el movimiento de estas personas…'. El agente respondió que tenía identificadas a 'montones de personas' y les explicó que las intervenciones no son 'precisamente las judicializables' (sic) sino que sirven para una investigación y después deberían ser corroboradas por los canales correspondientes para quedar a salvo de cualquier objeción de algún abogado defensor, manifestándose Rivarola de acuerdo con tal afirmación. Luego de este instante Bottini se sumó a la reunión al ser llamada por Rivarola mientras pasaba por el pasillo", reseña al documento judicial. 

Cuando el fiscal le preguntó finalmente qué tenía, "el agente explicó que trataban de identificar a las personas que concurren a las reuniones o a colaborar al lugar de la ocupación. Para ello, tomaban fotografías y anotaban la patente de los vehículos que las trasladaban. Dijo que había 'activistas políticos' en la ocupación. Rivarola preguntó a quiénes se refería y él ofreció enviar la información por mail, cosa que Rivarola aceptó diciendo 'sí, sí, todo lo que tenga me lo manda por mail'".  

 

 

LOS ESPIADOS.  Desde los 15 minutos en adelante, el espía empezó a detallar lo que tenía: "Comenzó a hablar de una mujer joven que vive en El Maitén, oriunda de Rosario y que utiliza un celular de Córdoba. Sabía que se radicó en esa ciudad y vivió un tiempo en Puerto Madero (más adelante esta mujer sería identificada como Daniela Bares, mientras observaban el contenido del disco rígido externo conectado a la computadora). Mencionó que participa en el movimiento No A La Mina y había estado haciendo 'activismo político' -haciendo afiliaciones- en Comodoro Rivadavia, explicó que la FUP y el partido político MTR (sic) de Comodoro Rivadavia prestaban apoyo a los ocupantes del predio en Leleque".

En ese momento interviene la fiscal Bottini, que le preguntó cómo se financiaban. El espía "contestó que los ocupantes están 'rentados' y que la organización italiana 'Ya Basta' 'gira dinero a los mapuches', que hay líderes mapuches que consiguen dinero de manera extorsiva consiguiendo subsidios municipales para evitar conflictos y que la radio 'Kalewche' de Esquel ha recibido remesas de dinero muy importantes sin explicación en publicidad". También dijo que "tenía identificada a una pareja de Bariloche, ingenieros nucleares del (Instituto) Balseiro, que concurren a prestar apoyo, también a una doctora. Dijo este chico 'Huala' también es de Bariloche. Aclaró que toda la información la tenía 'la brigada', que 'se manejan con ellos'", les informó el agente a sus interlocutores, según se desprende de la desgrabación del video. 

Fue la previa para que se concentraran en Jones Huala. Cerca del minuto 20 de la filmación, el agente señaló: "Este es Jones Huala. Si usted supiera las fotografías que tengo. Yo estuve ahí, estaba en el momento. Le estoy diciendo (a los policías) ‘detenelo’, pero yo no tengo poder de policía…', se lamentó. 'Obviamente, lo tengo filmado y fotografiado', se jactó, mientras explicaba que la policía no le 'daba bolilla'. También contó cómo espió la asamblea Casa Abierta en Cholila, realizada durante un fin de semana. Dijo que para él fue una frustración haber estado a metros de una persona con pedido de captura internacional y no haber podido concretar su detención a través de la policía. En este punto, Bottini le manifestó a Rivarola que eso podría serle de utilidad en 'la otra causa'”, señala el expediente. 

"En este momento, hablando de Jones Huala y las características fisonómicas que permitirían afirmar que era uno de los ocupantes, el agente de inteligencia extrajo de su bolsillo un disco rígido externo y comentó que tenía filmaciones. Rivarola se mostró interesado y dispuesto a pasar la información a su computadora diciendo '…lo bajamos, sí…'. Mientras el agente le advertía que su presencia debía pasar de incógnito, salvo que gire un oficio a Buenos Aires. Rivarola respondió que comprendía que se trataba de información que debía ser 'chequeada'. A partir de ahí Rivarola y Bottini observaron el contenido del dispositivo que fue conectado a la computadora, mientras el agente realizaba explicaciones a medida que avanzaban por fotos, videos y documentos de texto", enumeró Otranto.

En los últimos 15 minutos de la reunión, el hombre de la ex SIDE detalla cada una de las carpetas que el fiscal se copia en su disco rígido. En un momento "el agente le indicó '…hay de todo...' y le dijo que abra una carpeta llamada 'Calfunao vocero toma'. Hizo aclaraciones relativas a secuencias fotográficas en las que '…se hacen presentes Darío Calfunao y Cristina Danelón…' en la reunión Casa Abierta. Señaló que las otras personas que se observa en la secuencia '…son todos activistas de No a la Mina…'. También mencionó que habían ido a presionar al Gobernador para que no se reprima a las personas que estaban ocupando el predio", resaltó el espía, con mucha precisión sobre las decisiones que tomaban los activistas y también sobre cada uno de sus movimientos. 

 

Juez Otranto, de Chubut. Procesó al espía y a tres fiscales por el espionaje ilegal.

 

LAS CONCLUSIONES DEL JUEZ. De acuerdo al fallo de segunda instancia que resolvió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, las conclusiones del juez han quedado en firme sobre el procesamiento del espía y resta saber qué opina el tribunal de apelaciones sobre los policías y los fiscales acusados. Sobre todos ellos, el juez consideró probado que "existió una fluida relación entre el agente de inteligencia procesado, el Oficial Principal (Claudio Alfredo) Rodríguez y el Comisario (Adrián Alejandro) Muñoz de la División de Investigaciones de Esquel de la Policía del Chubut. En efecto, el agente de inteligencia y Rodríguez se comunicaron telefónicamente en cuarenta y dos oportunidades entre el 12 de abril y el 2 de octubre de 2015.  En total hablaron durante cinco horas y cuarenta y siete minutos. Por otro lado, se registraron veintiún comunicaciones telefónicas entre el agente de inteligencia y el Comisario Muñoz entre el 17 de marzo y el 20 de julio de 2015. En total hablaron durante dos horas y quince minutos". 

También, según Otranto, quedó demostrado que "el agente de inteligencia proporcionó información en formato digital" a los policías, "vinculada con Jones Huala y el grupo sospechado de estar realizando la ocupación territorial en la zona de Leleque". Sin embargo, destacó que "la ubicación de Jones Huala en esta región surgió el 3 de febrero de 2015 en horas de la madrugada, a partir de lo manifestado –junto con otros datos relacionados con el RAM- por un joven de apellido Cabrera mientras estaba detenido en la Comisaría de Gualjaina (expte. FCR 907/2015 de este juzgado). Fue apenas unas horas previas a la fecha de creación de algunos archivos entregados por el agente de inteligencia a la fuerza policial", sostiene el juez, en referencia a la coordinación que habría entre la investigación ilegal del agente y la pesquiza que dio con el lonko, con datos obtenidos bajo tormentos.

También el fallo destaca que "parte de esa información digital que el agente de inteligencia entregó a la División de Investigaciones de Esquel de la Policía de la Provincia de Chubut llegó al fiscal Rivarola de manera independiente a la reunión que mantuvo con ese agente el 28 de mayo de 2015", es decir que ya habría vínculos del fiscal con la ex SIDE. 

Aunque todos los acusados dicen que la cita se concretó luego de las 10 de la mañana de ese 28 de mayo, quedó demostrado que "comenzó a las 9:11 y finalizó a las 10:09", donde los "fiscales Rivarola y Bottini aceptaron la colaboración del agente de inteligencia para identificar a las personas que estaban realizando la ocupación territorial en Leleque". 

Toda esa zona -especialmente la ruta 40- es el mismo escenario que el juez Otranto ordenó desalojar hace más de un mes, cuando fue visto por ultima vez el artesano de entonces 27 años que cumplirá 40 días desaparecido. El diálogo que mantienen los fiscales con el espía confirma que la ex SIDE realiza espionaje interior desde antes de la creación de la AFI (y de la sanción de lka nueva Ley de Inteligencia). Entre 2014 y 2015, el organismo de espionaje funcionó bajo las órdenes de Francisco "Paco" Larcher y luego de Oscar Parrilli, los últimos dos jefes de inteligencia que tuvo la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

Diciembre de 2014. CFK nombra Señor 5 a Parrilli.

 

Es tan particular e inédito el caso, que los organismos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales que integran la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), como el CELS y la ADC, presentaron un recurso de amicus curiae para intervenir en el expediente. En sus argumentos, le explicaron al juez que el caso "deja entrever el peligroso grado de autonomía de agentes de inteligencia y la aún estrecha y aceitada relación existente entre los fiscales y los policías para la realización de inteligencia ilegal".

Eso no es todo. En este expediente, también quedó demostrada "la intervención de los agentes de inteligencia por fuera de sus competencias legales y que llevaron adelante tareas de recolección de información sobre materias prohibidas".

En el escrito, al que también accedió este medio, recordaron que "está prohibido por la ley que los organismos de inteligencia realicen tareas de investigación penal careciendo de tal habilitación legal o judicial", algo que ahora se estaría realizando bajo órdenes de un juez para continuar con una maniobra de espionaje que, según los últimos rastros disponibles, data de 2014 y que ahora sigue en funcionamiento, bajo la administración del presidente Mauricio Macri, según denunciaron los abogados defensores de las víctimas, que aguardan un nuevo fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia contra los fiscales y policias que los espiaron.