El presidente Mauricio Macri sumará este jueves una nueva denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “sus sistemáticos ataques a jueces y abogados laboralistas”. La presentación es auspiciada por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y será formalizada por la CTA Autónoma, que conduce Pablo Micheli, con el acompañamiento de un nutrido grupo de sindicatos.
La AAL realizará este jueves a las 12 un acto frente a la oficina porteña de la OIT (Córdoba 948) para respaldar la denuncia, donde se acusa al gobierno de Macri de “responsabilidad jurídica por la violación de convenios internacionales a raíz de sus ataques a la Justicia del Trabajo y a los abogados laboralistas, a los que acusó de estar en connivencia para ‘armar’ una ‘industria del juicio’ destinada a ‘quebrar pequeñas y medianas empresas’”.
“Me parece importante marcar como hito, o como primer paso de esta avanzada que denunciamos en la OIT sobre los trabajadores, el ataque a la independencia del Poder Judicial con la designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto de parte del presidente Macri”, señaló Matías Cremonte, presidente de la asociación, al remontarse al nombramiento de los magistrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Agregó que “otro elemento fue la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, cimentando el terreno con la ficción de la ’industria del juicio’, y ahora intentando cargarnos el sayo por el cierre de las pequeñas empresas por los juicios laborales, cuando todos sabemos que las empresas cierran por las políticas económicas del país".
La presentación de la denuncia ante la OIT es el resultado del consenso alcanzado entre más de 50 sindicatos en un acto realizado el jueves pasado en el Hotel Bauen.
La primera acusación ante el organismo fue formulada por el bloque de diputados del FpV-PJ, presidido por el abogado laboralista Héctor Recalde, a quien Macri acusó directamente de “conducir” la “mafia de los juicios”.
Además de esta nueva denuncia, la AAL presentó otras dos en el plano internacional: una frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra ante el Alto Comisionado por la defensa de los Derechos Humanos, además de requerir una audiencia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).