Las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), los sindicatos judiciales y medio centenar de asociaciones preparan un acto en respuesta a “la avanzada del Gobierno contra los derechos laborales”, que tiene como prólogo la denuncia de la presunta existencia de una “industria del juicio” y “mafias” de abogados que defienden a los trabajadores, como volvió a afirmar el presidente Mauricio Macri.
La convocatoria, formulada por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), es para este miércoles a las 18 en el Hotel Bauen, y se produce tras una nueva arremetida del Presidente, que en una columna de opinión publicada en el diario El Puntal de Río Cuarto, insistió en su llamado a “combatir las mafias” porque “les hacen daño a las empresas y sus trabajadores”.
“Entre otras cosas (queremos) combatir la mafia de los juicios laborales, que tanto daño les hace a las pequeñas empresas y a sus trabajadores”, aseveró Macri, esta vez sin nombrar al diputado nacional Héctor Recalde, y agregó que “una pyme que cierra sus puertas no vuelve a abrir más y los empleados pierden su trabajo”.
Además, el jefe de Estado denunció que “a partir de estas mafias, colapsan los fueros de la justicia laboral y los trabajadores que realmente necesitan una respuesta deben esperar un juicio de entre tres y cinco años”.
Según afirmó Matías Cremonte, presidente de la AAL, el acto del miércoles servirá para “resistir esta feroz ofensiva que, con la excusa de atacar a los abogados, en verdad pretende atacar los derechos de los trabajadores”.
“No hay industria del juicio. Hay industria del incumplimiento. Macri no ataca a los abogados ni a los jueces, ataca a los trabajadores. Macri pretende instalar el clima propicio para una reforma laboral profunda”, acusó Cremonte.
En el acto se anunciarán nuevas medidas de acción “en rechazo de la política gubernamental de ataque a la Justicia Nacional del Trabajo y a los derechos de los trabajadores”, entre ellas, presentaciones contra el Gobierno ante los órganos de la ONU y la OEA, según se informó en un comunicado.
Además de las dos CTA, adhirieron a la convocatoria ATE, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Judicial Argentina (FJA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación de Trabajadores de la Industria, la Energía, los Servicios y Afines (FETIA), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIpreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).
También los Metrodelegados, la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores (FTCIODyARA), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA), la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, derivados y afines (APJ GAS), la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado (CLATE), y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), entre más de 50 organizaciones.
La primera vez que Macri planteó el tema fue el 12 de junio pasado, durante la jura del nuevo canciller Jorge Faurie; en esa oportunidad, acusó a Recalde de “conducir” una “mafia” de abogados laboralistas que “dejan a un montón de gente sin poder acceder a un trabajo” por el cierre de las pymes que no pueden afrontar los juicios.