En el marco de la 60 sesión del Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe “muy crítico” sobre “el colapso del sistema carcelario y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires”. En este sentido, se detalló que el organismo internacional reconoció la existencia de la tortura en los lugares de encierro y que el Gobierno argentino admitió “la grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, la falta de criterios adecuados para determinar el cupo y la falta de información fiable sobre estas problemáticas”.
Mediante un comunicado, la CPM informó que el Comité Contra la Tortura de la ONU interpeló al Estado por la falta de implementación de mecanismos nacionales y locales de prevención de la tortura, entre otros, el de la provincia de Buenos Aires, donde está pendiente de sanción la ley que designa al organismo encabezado por Adolfo Pérez Esquivel como mecanismo local, y que cuenta con el apoyo unánime de los distintos bloques parlamentarios.
El informe presentado por la CPM se centró en seis ejes: la implementación del mecanismo nacional y el reconocimiento de los mecanismo locales preexistentes (como es el caso del propio organismo), la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías, la práctica sistemática de la tortura, las muertes en el encierro y por la intervención policial, las practicas policiales arbitrarias e ilegales y la situación de grupos particularmente vulnerables como niños, personas con padecimiento mental, migrantes, personas trans y mujeres.
Asimismo, en la ONU alertaron sobre los altos índices de encarcelamiento, el uso de la prisión preventiva, la sobrepoblación y el hacinamiento, mientras que hizo foco en la existencia de prácticas de tortura cometidas tanto por agentes penitenciarios como por la policía. En este punto, el Comité Contra la Tortura destacó que, de la información aportada, “se desprende el uso de la tortura y otros tratos crueles como mecanismo de gobierno y control social, en particular de los jóvenes pobres”.
En especial, el comité internacional transmitió preocupación por la falta o deficiente investigación de los casos de tortura, la protección a denunciantes, testigos y víctimas y la reparación de las mismas. También, destacó las falencias del sistema de salud, la no implementación de la ley de salud mental, la sanción del DNU restringiendo derechos de los migrantes, la violencia hacia el colectivo trans y el proyecto de reforma de la Ley de ejecución.
Respecto a la situación en comisarías, se alertó al Estado sobre la inconveniencia de usarlas como lugares de detención permanente y citó el caso de la Comisaría Primera de Pergamino en la que murieron 7 personas detenidas.
Además de su reconocimiento legal como mecanismo provincial, la CPM requirió otras medidas de implementación urgente por parte del Estado: evitar el sobre-encarcelamiento y el hacinamiento en lugares de detención, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas para acabar con la impunidad en los casos de torturas, malos tratos y homicidios por parte de funcionarios públicos, evitar la detención de personas en comisarías, traspasar la asistencia sanitaria en lugares de encierro a la órbita del Ministerio de Salud, cesar con las detenciones policiales arbitrarias sin orden judicial, en particular respecto de los niños y garantizar las condiciones para la efectiva implementación de la ley 26.657 de salud mental y derogar el DNU 70/17 que restringe los derechos de los migrantes.
Según informaron en la CPM, la respuesta del Estado argentino “se centró en el reconocimiento de la falta de datos sobre la problemática y sobre referencias genéricas e imprecisas sobre los cuestionamientos y preguntas de los miembros del Comité Contra la Tortura. Finalmente se reconoció el problema de la sobrepoblación y la falta de estándares respetuosos de los Derechos Humanos para definir el cupo en los lugares de detención”.
