La falta de certezas sobre la eventual realización de elecciones primarias no impide que el peronismo bonaerense trabaje para incorporar en el estatuto del futuro frente electoral la igualdad de género entre sus candidatos, una novedad que podría afectar la representación de la minoría partidaria que tiene jerarquía constitucional.
Fuentes del reducido grupo de dirigentes donde se discuten los cambios aseguran que la celeridad en tratar y resolver el tema no tiene otro objetivo que aplicar la ley de paridad de género sancionada el año pasado por la Legislatura bonaerense.
En el peronismo, dicen, hay especial interés en implementar la reforma como manera de reivindicar la ampliación de derechos realizada durante la última década por los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner.
La ley bonaerense, que, en rigor, fue presentada por el Frente Renovador, ordena que haya igual cantidad de candidatos hombres y mujeres en las listas de las elecciones internas y de las internas partidarias, lo que pone en jaque el esquema vigente de representación de los sectores que no ganen en las primarias.
Para eso, parte de sus equipos técnicos se encuentra abocada a perfeccionar una propuesta para que sea tratada en el próximo encuentro del Comisión de Acción Política del PJ nacional, que en la práctica es la mesa de conducción colegiada donde confluyen todas las tribus peronistas.
Consultado sobre Letra P, el histórico apoderado partidario Jorge Landau reconoció que la aplicación de la ley plantea "un conflicto concreto que altera la integración de las minorías, algo que está establecido en el artículo 38 de la Constitución Nacional".
"Estamos buscando una fórmula que compense ese desfase", explicó y se mostró confiado en que se van a alcanzar los consensos sobre el tema antes del 13 de junio, fecha límite para presentar el acta constitutiva de los frentes electorales.
Actualmente, el artículo 73 de la Carta Orgánica del PJ bonaerense, que suele usarse como punto de partida para los frentes electorales, aplica el criterio de que la lista ganadora se alza con el 75% por ciento de los cargos, mientras que la que resulta segunda se lleva el 25%, en tanto y en cuanto supere un piso del 25% de los votos.
De esta manera, la nómina derrotada queda reflejada actualmente en un cuarto de la lista que compite en las elecciones generales.
El problema surge cuando, con fórmulas que respeten la paridad de género, los dirigentes que encabezan las nóminas serían desplazados hacia otras posiciones por el intercalamiento obligatorio de sexos, lo cual desvirtuaría el orden acordado, pero también podría afectar la cantidad de candidatos de la minoría.
Esto sucedería, sobre todo, si las listas que compiten son encabezadas por dirigentes del mismo sexo, algo que cada agrupamiento tiene potestad para definir y que va a ser muy difícil de acordar entre los diferentes sectores internos.
Una de las propuestas que se baraja para sortear este obstáculo es que, en caso de que coincida el sexo de ambas cabezas de lista, la nómina que quede en segundo lugar invierta el orden de sus candidatos para mantener jerarquizados a los dos primeros postulantes.
Sobre este punto, Landau aclaró que "cualquier modificación tiene que ser acordada previo a la disputa interna".
A sabiendas de que cualquier modificación sobre estos procedimientos durante un año electoral va a ser puesto bajo la lupa, y que incluso puede ser la excusa esperada para jugar por afuera del PJ por los sectores que no definieron todavía su participación en la interna, la discusión para tejer estos cambios se realiza a puertas cerradas y recién la semana que viene se va a someter a una discusión más amplia.
Como gesto de buena fe para disipar fantasmas y demostrar que los cambios apuntan más a democratizar la representación política antes que a un cambio de reglas de juego, se baraja la opción de elevar la integración de la minoría en la lista que se mida en las elecciones generales con el resto de los partidos.
En el grupo que evalúa las modificaciones, consideran que este debate expresa la incorporación a la agenda peronista de las demandas sociales, en este caso cristalizadas en el movimiento Ni Una Menos, y de la atención para adecuarse a las nuevas normativas que impulsan la paridad de género.