Este domingo, un inesperado anuncio oficial desentonó con la tarde de fútbol del campeonato de primera división de la AFA. Si bien no hubo comunicado, las ediciones on line de Clarín y La Nación repitieron al únísono que Carlos Balbín, el procurador General del Tesoro de la Nación, había aceptado dejar la jefatura de los abogados del Estado para reemplazar a Leandro Despouy como representante especial para los derechos humanos ante la Organización de Naciones Unidas. Las versiones, posiblemente originadas en las entrañas de la Casa Rosada, indicaban que Balbín “no había sido echado, sino ascendido”. Este lunes, cuando no habían pasado 24 horas, la versión se derrumbó: Balbín habría decidido dejar el Gobierno y renunciar al cargo sin aceptar ningún nuevo destino en otro sector del Ejecutivo. Ese portazo estaría teñido por el malestar de Balbín, a quien le faltaba, según distintas fuentes, una semana para concluir su auditoría final respecto al desempeño de los abogados públicos en la negociación por la deuda que mantiene el Grupo Macri con el Estado por la accidentada privatización del correo. 

Casi al mismo tiempo de la desmentida sobre el salto de Balbín a la cancillería, comenzó a correr con fuerza el nombre de su reemplazante: el abogado Bernardo Saravia Frías, secretario legal y técnico del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Según informaron distintos medios, el posible reemplazante de Balbín “trabajó con Ernesto Sanz y Fernando de la Rúa y llega con el aval de Elisa Carrió”, destacó el portal ambito.com

Sin embargo, este lunes algo cambió, porque Balbín no habría aceptado ser promovido como embajador, y pegó un portazo que no sería del agrado de Carrió: su principal sostén desde diciembre pasado, cuando salió a respaldarlo públicamente ante las versiones de una posible partida que fue promovida por el parlamentario del Mercosur Fabián “Pepín” Rodriguez Simón, el secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas y el jefe de Asesores de la Presidencia José Torello. Tras una advertencia de Lilita para impedir la remoción, Macri le ordenó al ministro coordinador Marcos Peña que reuniera a los promotores de la eyección con Balbín y posaran para una foto que intentó contener la bronca de la chaqueña en los últimos días de diciembre pasado. La toma incluyó al ministro de Justicia Germán Garavano y fue armada para mostrar una reunión de trabajo que deslizaba la confirmación de Balbín en el cargo.

El volumen de Balbín creció exponencialmente un mes después, cuando estalló el escándalo de la quita que había promovido la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de la familia del Presidente, para cancelar la deuda que mantenía esa empresa con el Estado por la fallida privatización del servicio telepostal público a fines de los 90 y anulada en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Desde entonces, como informó Letra P el 15 de febrero pasado, “es una pieza importante de las investigaciones que se impulsarán sobre el concurso de Correo Argentino S.A.”, porque “la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió su intervención para que investigue el desempeño de los abogados representantes del Estado que participaron del expediente de convocatoria de acreedores que ya lleva 15 años.  De acuerdo a la ley, el Procurador del Tesoro de la Nación "tiene jerarquía equivalente a la de los ministros del Poder Ejecutivo y ejerce sus competencias con independencia técnica". Entre sus funciones está el asesoramiento al Presidente, "asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio", dirigir al "Cuerpo de Abogados del Estado" e "instruir investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento jurídico".

Todas esas funciones, además de la auditoria que pidió la PIA, quedarían en manos de Saravia Frias, miembro de un estudio jurídico que atiende a distintos bancos internacionales y también tendría en su cartera de clientes al Grupo Macri, un elemento que podría desatar un nuevo conflicto de intereses y abrir un nuevo capítulo en el escándalo inconcluso del Correo, que tuvo una inflexión cuando el Presidente ordenó “volver a fojas cero” con toda la negociación de quita de la deuda concursada.

Mientras crecen las versiones sobre una estrecha relación con el Grupo Macri, están confirmados sus servicios profesionales para las entidades financieras Bank of America, Banco Itaú y BNP Paribas, entre otros. Una muestra de ese compromiso se puede apreciar en sus declaraciones de junio de 2015, cuando cuestionó duramente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante la negociación con los fondos buitre ante los estrados del juez municipal neoyorkino Thomas Griesa. Cuatro meses antes de las elecciones presidenciales que Cambiemos ganó en segunda vuelta, el abogado vaticinó que el conflicto con los hold outs sería "el primer gran problema que hay que despejar" en el próximo gobierno, porque si no se soluciona "no se podrá encarrilar la economía de vuelta".

Por entonces su raíd en los medios fue para decir que "a lo largo del tiempo la posición del Poder Ejecutivo argentino ha sido de una tozudez casi contumaz respecto de no sentarse siquiera a negociar, llenos de excusas", y "siempre con una visión política, y poco jurídica y técnica. Los jueces son influenciables ante las críticas, ante estas posiciones casi dogmáticas. Hay un hartazgo de la justicia americana por parte de un gobierno que se sometió voluntariamente a esa jurisdicción y no quiere acatar el fallo, simplemente cambiando excusas y argumentos casi infantiles y poco técnicos. Esto va a influir a la hora de tomar una decisión, y creo que va a ser negativa para el gobierno", dijo antes de remarcar que "sin duda este va a ser un tema central para el gobierno entrante”.

Apenas asumió Macri, su principal tarea fue resolver la negociación con Griesa, que contó con una activa supervisión privada de Saravia Frías. También de Diego Botana, numerario de otro poderoso buffet porteño que durante el litigio con los fondos buitre fue, según su curriculum, "expert witness en los Tribunales de Quiebras de la Ciudad de Nueva York en materia de derecho concursal argentino, en procesos de reestructuración internacional de deuda". Tanto Botana como Saravia Frias cuentan con el aval de Rodríguez Simón, Clusellas y de los ministros Dujovne y de Finanzas Luis “Toto” Caputo. Por ahora, se desconoce si ese apoyo se extiende al dedazo de Carrió, cuyos voceros no contestaron a las consultas de Letra P.