La marcha de la Memoria advirtió sobre la intervención de las FFAA en seguridad interior

Tal como sucede desde 2006, y también desde antes, los oradores leyeron un documento consensuado. “Estamos aquí, enfrentando al gobierno de Macri y su política de “reconciliación” con los genocidas, contrario a la memoria, la verdad y la justicia”, abrieron los asistentes y leyeron un documento donde apuntaron a los principales funcionarios de la administración de Cambiemos. “Basta recordar las declaraciones del propio presidente cuando dijo “no saber” cuántos fueron los desaparecidos y habló de “guerra sucia” negando así el terrorismo de estado, o los decretos de “autogobierno” de las fuerzas armadas, el desfile del carapintada Aldo Rico y de los genocidas del “Operativo Independencia” las entrevistas del secretario de Derechos Humanos (Claudio) Avruj, con los grupos defensores de los represores; los dichos de Gómez Centurión, que proponen un nuevo punto final y la postulación de un reconocido defensor de genocidas como Carlos Horacio de Casas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre tantos otros hechos. Esta campaña del gobierno es respaldada por una campaña mediática que incluye las editoriales de La Nación trazando una verdadera apología del golpe de estado”, advirtieron.

Respecto a las fuerzas armadas, el EMVJ denunció que Cambiemos “busca involucrar a las FFAA en tareas de represión interna. Proceso que tuvo un punto de inflexión en el año 2013 con la designación de Milani como Jefe del Ejercito durante el gobierno de Cristina Fernández. Se busca instalar la idea de que se trató de una guerra, retomando el viejo argumento de la dictadura y restaurando la vieja teoría de los dos demonios. El cuestionamiento del número de desaparecidos es el típico argumento utilizado para negar todos los genocidios”.

Luego llegó el momento de la reafirmación de los 30.000 desaparecidos que el presidente Mauricio Macri ha buscado relativizar desde que asumió. “Esa es la cifra que surge de la cantidad de habeas corpus presentados en la Justicia, del testimonio de centenares de sobrevivientes y de la existencia comprobada de más de 600 campos de exterminio; incluso un informe del Batallón 601 de Inteligencia, reportaba “22.000 entre muertos y desaparecidos. Ninguno de los gobiernos constitucionales ha abierto los archivos de la dictadura. Con ello sería posible conocer el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados. Pero al Gobierno y a los apologistas de Videla y Massera, la verdad histórica les importa un bledo, sólo quieren vía libre e impunidad para reprimir y hacer pasar el ajuste”.

El documento enumeró las principales acciones represivas cometidas por la administración de Macri y por los gobernadores provinciales. Según la denuncia, son: 

- Las nuevas órdenes oficiales para aplicar los “protocolos antipiquetes”, ratificadas por las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich y "acompañadas por una infame campaña mediática para demonizar a los que luchan y para desalojar violentamente los piquetes".

- La permanencia en prisión, desde hace más de un año, de Milagro Sala, detenida en un acampe y escandalosamente condenada por un escrache al actual gobernador Gerardo Morales, quien persigue sistemáticamente a trabajadores del azúcar, estatales y pueblos originarios.

- Los voluntarios, las listas negras y los descuentos con que pretenden amedrentar a los docentes hoy en lucha por sus salarios y la amenaza de quitar la personería gremial a sus sindicatos.

- La persecución a los docentes, encabezada por María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, utilizando a su policía provincial para hacer inteligencia y delatar a los huelguistas en las escuelas.

- La condena penal y el proceso de exoneración de la dirección del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y de 17 docentes, promovido por la gobernadora  Roxana Bertone en Tierra del Fuego.

- La persecución a los docentes, trabajadores y cooperativistas petroleros en Santa Cruz por parte del gobierno de Alicia Kirchner.

- La detención de Nelson Salazar, dirigente de la Corriente Clasista Combativa (CCC) de Salta, con dos meses de prisión preventiva y la decisión de llevarlo a juicio oral, así como los 3 atentados contra locales de la misma organización, en la provincia gobernada por Juan Manuel Urtubey. .

- La complicidad del gobierno con los despidos en AGR-Clarín y el intento patronal de reclutar barrabravas para desalojar a los obreros.

- El juicio a los delegados de Editorial Perfil como castigo a su huelga en 2013 contra los despidos.

- El veto a la ley de expropiación y la orden judicial de desalojo contra los trabajadores del Hotel Bauen, que lo autogestionan desde hace 14 años.

- El fallo laboral que revocó la inscripción gremial de los Metrodelegados del subte, "en sintonía con la patronal, el gobierno y la UTA" y el intento de desafuero de los delegados del Ferrocarril Sarmiento.

- La amenaza de despido a 40 trabajadores de la línea 60,por denunciar las condiciones de trabajo que provocaron la muerte de David Ramallo.

- El fallo judicial que criminaliza al canal comunitario Antena Negra TV y censura la comunicación popular.

- La detención por policías de civil a 6 militantes feministas por una pintada invitando al 8 de Marzo, y la detención de otras 20 compañeras, también en forma violenta, al terminar la marcha de mujeres en Plaza de Mayo.
 
- La Resolución 154 del Ministerio de Defensa, que le abre la puerta al espionaje interno por parte de las Fuerzas Armadas.
 
- El ensañamiento judicial en la causa que criminaliza a los manifestantes que apoyaron a los trabajadores de Lear.
 
- El despido de 350 obreros en General Motors, Rosario.

- La continuidad en la persecución a los luchadores populares. Siguen abiertas las viejas causas y se suman nuevas ante cada conflicto.

- La persecución, represión y despojo de sus tierras a los pueblos originarios.

- La represión y las persecuciones a las organizaciones ambientalistas, como en San Juan y Chubut.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nació en 1996 y actualmente coordina a más de 300 organizaciones, encabezadas por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Asociación por la Defensa  de la Libertad y los Derechos del Pueblo (LIBERPUEBLO), la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (APEMIA), la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), el Colectivo Memoria Militante y la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP). La lista incluye sindicatos de todo el país, organizaciones sociales y distintos partidos de izquierda. En sus orígenes reunió a casi todos los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas para organizar el vigésimo aniversario del golpe y desde entonces se realiza la marcha anual desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. A partir de 2006, diez años después de su fundación, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos dejaron el espacio por serias diferencias respecto a las política de Memoria, Verdad y Justicia que impulsó el presidente Néstor Kirchner a partir de 2003.