El CELS advierte: el discurso oficialista de "guerra sucia" puede permear en la Justicia
Desde 2006 hasta ahora se llevaron adelante 176 juicios pero aún hay 256 en trámite. Los conceptos de terrorismo de Estado y plan sistemático, la clave para la continuidad del proceso.
Desde que en el año 2006, tras la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reabrieron las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, se llevaron adelante en el país 176 juicios, distribuidos en tribunales de todo el país. Aunque el número es alto, y Argentina es modelo en el mundo por los procesos de memoria, verdad y justicia, todavía restan por completarse otros 256. Pero a más de un año de gobierno de Mauricio Macri, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que un nuevo factor puede frenar este avance: el discurso oficialista, que vuelve a hablar de "guerra sucia" e incluso niega la existencia de un plan sistemático de exterminio, comienza a permear en algunos sectores del Poder Judicial.
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"El Poder Ejecutivo tiene un discurso que debilita conceptos que estaban muy arraigados judicialmente, como la existencia de un plan sistemático de exterminio o el de terrorismo de Estado. El presidente Macri habla de guerra sucia y algunos funcionarios reflotan la teoría de los dos demonios. Eso tiene un mensaje hacia el Poder Judicial", explica a Letra PLuz Palmás Zaldua, coordinadora del equipo de Memoria Verdad y Justicia del CELS.
Si bien según la mirada del CELS esa influencia no se percibe, hasta ahora, como algo "generalizado", los organismos empiezan a detectar casos focalizados, de jueces que se sienten "más cómodos" con autoridades políticas que se permiten poner en crisis conceptos que durante estos últimos diez años no se discutieron. Un caso puntual fue el fallo que dictó la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en junio de 2016, que anuló la sentencia que había condenado a prisión perpetua a tres acusados por el fusilamiento de 14 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en 1974, en la causa Masacre de Capilla del Rosario.
"El fallo hace una equiparación entre la violencia de la guerrilla y el terrorismo de Estado. Es decir, reflota la teoría de los dos demonios. Y además cuestiona a los testigos y dice que fueron "compinches" de aquella guerrilla, por lo que sus testimonios tienen que ser valorados de una manera diferente", dice Palmás Zaldua.
Los tres condenados habían sido Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta, todos ex integrantes del Regimiento A -17 del Ejército. El represor Carrizo Salvadores participó como "héroe del Operativo Independencia" en el desfile del Bicentenario que se realizó el 9 de julio de 2016 en Tucumán, en el que estuvo el presidente Macri.
En el fallo por la Masacre de Capilla del Rosario, advierte la abogada del CELS, "conecta el discurso de los jueces con el del Presidente", ya que "se vuelve a hablar de enfrentamientos y de excesos mientras se abandona la idea de terrorismo de Estado y de plan sistemático".
La causa está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazo estipulado para pronunciarse. "Sería interesante que lo resolviera lo antes posible, es una señal importante que tiene que dar a los demás tribunales", dice Palmás Zaldua. Fue la Corte Suprema la que, al dictar la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, en el año 2005, permitió la reapertura de los juicios. Resta saber si el Supremo Tribunal respetará su propia jurisprudencia.
Un largo camino por delante
De acuerdo con las estadísticas del CELS, desde que se reabrieron los juicios por causas de lesa humanidad, en el año 2006, se llevaron adelante 176 juicios, con tribunales distribuidos en distintos puntos del país. Al momento del cierre del último relevamiento del organismo - el 17 de marzo de 2017- había 15 juicios en trámite, 53 causas ya elevadas a juicio oral y 188 causas abiertas en instrucción. Eso da un total de 256 expedientes en trámite.
"Hay problemas estructurales del Poder Judicial que hacen que el trámite sea lento. Hay juicios que se demoran y se alargan más de la cuenta, otros que se suspenden, tribunales orales que no se integran. Todo esto necesita una solución", dice Palmás Zaldúa, que analiza que si bien la situación se arrastra desde hace tiempo, queda claro que para el Gobierno actual "no es un tema prioritario". "El contexto político y social favorece esa inercia. Mientras, las víctimas se van muriendo y los represores también. Muchos, sin condena", apunta.
En cuanto a los acusados, de acuerdo con la base de datos del CELS, hasta el momento hay 2949 imputados en distintas causas. Sobre ese universo, 755 ya fueron condenados mientras que 75 fueron absueltos. A eso se suman 196 a los que se le dictó la falta de mérito y otros 66 que fueron sobreseídos. "Así como hay condenados también hay absueltos. Eso deja en claro que los juicios no son venganzas ni procesos arbitrarios, como quieren hacer ver ciertos sectores", dice.
En ese sentido, de los 2949 imputados, hay 1285 que aún están libres, mientras que 1120 que están detenidos, 491 fallecieron y otros 49 que están prófugas. Es decir, hay más libres que detenidos.
En cuanto a los procesados con prisión preventiva, el 49 por ciento está alojado en unidades penitenciarias mientras que el 43 por ciento fue beneficiados con la prisión domiciliaria por cumplir con los requisitos que quedaron establecidos en la causa Olivera Rovere: ser mayor de 70 años, tener problemas de salud y no poder ser atendido en el lugar de detención.
