En los últimos días, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) difundió un informe donde focaliza en la escala de informalidad en el mercado de la soja, como así también en la concentración productiva del cultivo. En ese marco, el organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación dio a conocer el listado de 2528 grandes productores que no cumplieron con las presentaciones obligatorias en las que tienen que declarar el origen de la semilla utilizada en la Campaña Soja 2015/16. Dentro de esa extensa nómina, y además del caso paradojal de gigantes semilleras como Syngenta y Monsanto, figura el nombre de un alto funcionario del gabinete de María Eugenia Vidal: el director Ejecutivo del Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Ricardo Pagola.
De acuerdo a lo detallado por el Inase, en dicho ciclo, de las casi 20,5 millones de hectáreas que figuran en el Registro de Usuarios de Semillas (RUS) sólo se declaró la siembra de 6.671.114 hectáreas, o sea el 32,6% de la superficie sembrada en todo el territorio nacional. De la información entregada por 9176 sojeros, se advierte una fuerte concentración ya que sólo el 6,65% de ellos (611 empresas) dominan el 43,52% de la superficie total sembrada y declarada, mientras que el resto (8565 productores) abarca el 56,48%.
Bajo este escenario, y teniendo en cuenta que más de la mitad de los "Grandes Usuarios de Semillas" (categoría constituida mediante cruces de datos entre Agroindustria, Senasa y AFIP) no cumplieron con las presentaciones correspondientes, es que el Inase determinó dar a conocer quiénes figuran en ese estado irregular dentro de los productores que representan alrededor del 55% del grano producido y vendido. En ese lote se encuentra Pagola, quien se dedica a la actividad agropecuaria en su distrito, Bolívar, previo a ingresar al mundo de la política como candidato a diputado provincial por la Séptima sección electoral en primer lugar bajo el sello de Unión PRO en 2007.
CUESTIONAMIENTOS Y PRÓRROGA. Tras la exposición pública de los productores en situación irregular (lo cual disparó malestar en muchos de ellos) el Inase determinó una prórroga hasta el 30 de marzo para cumplir con las declaraciones adeudadas ante el Registro de Usuarios de Semillas.
Asimismo, el organismo nacional indica que cumplir con esta obligación permite, entre otras cosas, “identificar y combatir el comercio ilegal de semillas el cual atenta contra toda la cadena productiva”.
Una vez difundido este informe, surgieron cuestionamientos de entidades agropecuarias, como en el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), que marcó que “el propio INASE difunde las consecuencias de la concentración productiva y de la deslegitimación de su autoridad”, aludiendo con esto último a que sólo el 32,6% de la superficie sembrada fue declarada, en gran parte por pequeños productores. En el alto grado de incumplimiento correspondiente a los “Grandes Usuarios de Semillas”, también focalizaron varios ruralistas.
Amén de esto, también fue blanco de críticas el propio Registro de Usuarios entendiendo que “para controlar el comercio ilegal de semillas debe atacarse a aquellos que comercializan por fuera de las condiciones de la ley y del Registro de Comercio, y que los usuarios son los productores agropecuarios y no comerciantes ilegales de semillas”, destaca la FAA. En efecto, fue llamativo que dos multinacionales que ejercen presión para el reconocimiento de la propiedad intelectual en semillas (Syngenta y Monsanto) figuren dentro del listado de incumplidores.