Un creciente malestar exhiben las entidades ruralistas, quienes se oponen a la vigencia de la denominada “Clausula Monsanto”, mediante la cual la multinacional pretende hacerse de una regalía que ronda los 14 dólares por tonelada si comprueba que una carga de soja que llega al puerto para su exportación posee su nueva variedad de tecnología conocida como “Intacta RR2 PRO”. Ante eso, los representantes de los productores reclaman que el Gobierno de Mauricio Macri tome cartas en el asunto “para poner orden en esta situación”.
En declaraciones a Letra P, el ex diputado bonaerense y miembro de la Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, detalló que desde la entidad que integra se realizó en 2014 una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por “abuso de posición dominante”, presentación que ampliaron en las últimas horas “en el marco de que aparecen cosas nuevas. (Monsanto) va cambiando sus pretensiones”.
Vale señalar que, luego de la tecnología transgénica de soja conocida como “RR”, la poderosa multinacional lanzó al mercado la variedad mejorada “RR2 PRO”, la cual también es resistente a insectos: “En este marco, pretende un cobro de regalías permanente en el tiempo y que implica la fiscalización de toda la soja que ingrese a puertos”, comentó Solmi. Si se detecta el productor utilizó esa tecnología “tiene que pagar una regalía que varía entre los 10 y 14 dólares por tonelada”.
Ante eso, el miembro de la Federación Agraria puso también en evidencia la preocupación por la “eficiencia del sistema que detecta el gen”, ya que el mismo sólo registra si el resultado “es positivo o negativo” pero no detalla la cantidad, a pesar de que ese mismo sistema “sin homologación” que impone Monsanto dice que la detección se efectiviza con un 10 por ciento de una carga que, en promedio, es de 30 mil kilos de granos. Así, los productores se verían forzados a pagar la regalía por la carga completa aunque no hayan usado la tecnología Monsanto en la totalidad de la misma.
Intervención del Estado. Cuestionando que durante la pasada administración “no avanzó” la denuncia realizada por la Federación Agraria, Solmi instó a que se reactive en esta gestión el trabajo sobre este expediente en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Asimismo, pidió que el Gobierno de Mauricio Macri actúe a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo que “debe tomar una intervención sobre esto porque estamos hablando del insumo de una semilla, no de la semilla”.
De todos modos, recalcó que, al momento, “no ha habido una respuesta” de parte del Estado, a la vez que enfatizó que “el INASE está con demoras en su constitución, está flojo de papeles”, algo que retrasa el avance de los planteos ruralistas.
Consultado sobre si hablado del tema con el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquis, teniendo en cuenta que el funcionario fue gerente de Monsanto, el hombre de la FAA señaló que no se abordó esta problemática durante el encuentro de ayer con representantes del agro pero que sí lo han hecho con el titular de esa cartera en el orden nacional, Ricardo Buryaile, quien “tomó nota” del reclamo.
De todos modos, e insistiendo en el pedido de intervención estatal en el asunto, Solmi recalcó: “Más que el anuncio, prefiero la acción, que tomen una decisión”, agregando que Monsanto busca “una retención privada” y “asociarse en la producción pero no en los riesgos” haciendo “un negocio en el cual no invierten”.
En tanto, al argumentar la ampliación de su denuncia, desde la Federación Agraria insistieron en la necesidad de la injerencia del Gobierno Nacional ya que “no es algo que se arregle entre privados” sino “un problema público, por lo que el Estado debe actuar de manera urgente”.
Poner orden. Por su parte, y también en diálogo con Letra P, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, subrayó que por lo pronto “no ha habido ningún acuerdo en la derogación de la Cláusula Monsanto, pero lo que sí ha quedado claro es que no es sólo un problema entre privados”, ante lo cual planteó que el INASE va a tener que tener “una actitud” respecto a esto.
Advirtiendo que “se podría arbitrar” desde el Estado “para poner orden en esta situación”, Salaverri dejó en claro que “nosotros no estamos de acuerdo con la Cláusula Monsanto y no estamos de acuerdo con el sistema de Bolsatech (un sistema que va en el mismo sentido)”.
