En el marco de la reforma de ley de ministerios que planea la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, se estudia la disolución de la Asesoría General de Gobierno en la Secretaría de Legal y Técnica. Y en este sentido, quien alertó a la mandataria fue el hombre que ocupara aquel cargo durante el gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia, Antonio Arcuri, quien le mandó una carta a la mandataria pidiéndole que dé marcha atrás con la medida. "Subsumir la AGG en una secretaría de Estado resulta un avance de la política en un organismo técnico con personal de carrera, derechos adquiridos y una vasta experiencia en la materia", argumentó.
Como contó Letra P, el jefe de Gabinete, Federico Salvai, está trabajando en los últimos días en redondear este proyecto. Si bien anticipan que habrá una reestructuración muy importante -se fusionan áreas y subsecretarías en casi todas las carteras-, en concreto lo que materializará la mandataria es un reacomodamiento puertas adentro para reconfigurar roles políticos, volviendo para atrás en cambios que ella misma había implementado al comienzo de su gestión.
Entre esos cambios, una de las áreas que se verá afectada es la Asesoría General. Y ante este movimiento, Arcuri decidió escribir una carta para alertar a Vidal sobre lo que podría llegar a desembocar si es que materializa esta intención.
"Como usted sabe, la A.G.G. es el Organismo jurídico por antonomasia de la provincia de Buenos Aires con una historia de 207 años de labor, a cuyo frente se han desempeñado personalidades de la talla de Juan José Paso, Dalmacio Vélez Sarsfield Roque Sáenz Peña, José Benjamín Gorostiaga, Valentín Alsina, Carlos Tejedor, Rómulo Etcheverry Boneo, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, entre otros. Entre sus competencias sobresale la intervención en todos los asuntos que por sus contenidos técnicos-jurídicos y/o institucionales impliquen la fijación de precedentes de interés general, establezcan criterios de aplicación generalizada en la Administración Pública o traten de cuestiones de importancia para la gestión de gobierno, a más de la representación en juicio en los términos del artículo 37 de la Ley Nº14853", describe en el escrito.
"Si bien en el año 2007 se derogó su Ley Orgánica, circunstancia que dejó al Organismo en una situación asimilable a la de un Ministerio o Secretaría, la ley de ministerios no desconoció su idiosincrasia y respetó la carrera de personal. Seis años después -en 2013- se modifica su estructura, ampliando los cargos superiores, sustrayendo competencias propias del personal técnico de carrera (asesor ejecutivo) para derivarlas al personal político (Subsecretario de Coordinación); ello provocó un deterioro o retroceso en el carácter técnico del Organismo, que repercutió negativamente en el servicio que presta no solo al Poder Ejecutivo bonaerense, sino a organismos descentralizados y a los municipios de la provincia", continúa rememorando.
"No obstante, a través del dictamen jurídico por antonomasia de la provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 7647/70, Ley 10430, Leyes de Ministerios, entre otras), se conservaba atinadamente el rol y el prestigio del Organismo de asesoramiento", agrega.
Y por lo expuesto, Arcuri le pide a Vidal que no modifique la estructura: "La posibilidad de eliminar la AGG tal como la conocemos y ha funcionado a lo largo de más de dos centurias, importa desarticular un organismo de asesoramiento y control que, lejos de mejorar la tarea de gobierno, podría cubrir con un velo de opacidad la gestión. De ser así, se privará a los actos administrativos, del control de legalidad que se lleva a cabo a través del dictamen del personal profesional de carrera capacitado, que integra una burocracia independiente del gobierno de turno; lo que podría hacer que el accionar gubernamental ingrese en una zona de penumbra de gestión que -en principip- contradice desde su base las claras intenciones políticas esgrimidas hasta la fecha por su Gobierno".
"Entonces, subsumir la AGG en una secretaría de Estado resulta un avance de la política en un organismo técnico con personal de carrera, derechos adquiridos y una vasta experiencia en la materia. En este marco me permito considerar que tamaña decisión no guardaría relación con los altos fines perseguidos, ya que no es lógico proceder a la desarticulación de un organismo público pilar de nuestra institucionalidad tan solo bajo el argumento de reducir la estructura del Estado. Y más aún, teniendo en cuenta que ese supuesto no se traduce en un ostensible ahorro, habida cuenta que no representaría siquiera el 0,1% de los gastos provinciales", fundamenta.
"De llegarse a ese extremo, entiendo que la medida ocasionaría más perjuicios que beneficios al Estado y con ello a los ciudadanos de la Provincia que reclaman estructuras de control para que la administración pública, en todos sus estamentos, funcione en forma transparente y reduzca las posibilidades de que se lleven adelante acciones reñidas con la legislación vigente", agrega y por último cierra: "sin ignorar mi particular interés en la materia, por haber sido distinguido con el ejercicio de Asesor General de Gobierno en el período 1999 - 2001, no puedo menos que instar a la Sra. Gobernadora para que eluda un proyecto como el que ha trascendido, pues no puede dejar de reconocerse el valor y centralidad de las tareas que cumple la AGG en la vida pública bonaerense tal como la ha venido haciendo hasta estos días".
