La “modernización del Estado” es una de las “patas” de la amplia reforma que el Gobierno pretende implementar en esta nueva etapa de gestión. Un título pomposo que apunta a “sanear” la administración pública para ahorrar, en dos años, más de 90 mil millones de pesos, lo que representa el 1% del PBI. En ese contexto fue que este jueves, el Poder Ejecutivo dio el primer paso con un decreto que incluye un listado de “buenas prácticas en materia de simplificación” para el sector público nacional.
Según el decreto 891/2017, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el plan incluye “la reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas de manera tal que nos lleve a un Estado eficiente, predecible, capaz de responder a las necesidades ciudadanas”.
Entre el listado de las “buenas prácticas” figuran la simplificación en el dictado de normas, que “deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión”. Además, se propone una “mejora continua de procesos a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas” con el fin de “agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados y eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios”.
La iniciativa instruye además a los organismos del sector público nacional a incrementar “los mecanismos de participación, intercambio de ideas, consulta, colaboración y de cultura democrática, incorporando las nuevas tecnologías, necesarios para facilitar la comprensión y medir el impacto que traerá aparejado las nuevas regulaciones”.
Los ministros de Modernización, Andrés Ibarra, y de Producción, Francisco Cabrera, anuncian las reformas del sector público (Télam)
En ese sentido, según la redacción del decreto, “las regulaciones que se dicten deben partir del principio que reconoce la buena fe del ciudadano, permitiéndole justificar a través de declaraciones juradas situaciones fácticas que deban acreditarse ante los organismos del Sector Público Nacional”.
Otro de los puntos de las buenas prácticas es “implementar todas las herramientas tecnológicas existentes” con el fin de “fomentar la interoperabilidad entre las administraciones públicas provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando de esta manera un intercambio y colaboración mutua”.
“En la elaboración de las normas regulatorias deberá tenerse en cuenta la posibilidad de incrementar el carácter positivo del silencio de la Administración, en la medida que resulte posible en atención a la naturaleza de las relaciones jurídicas tuteladas por la norma de aplicación, siempre y cuando sea en beneficio del requirente y no se afecten derechos a terceros”, añade el decreto.
Asimismo, se procurará “la incorporación de la medición de los costos-beneficios” a la hora del dictado de nuevas regulaciones y se promoverá “el intercambio de buenas prácticas comunicacionales intra y extra organismos”.
EL AJUSTE. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, no descartó que haya nuevos despidos en el sector público, al advertir que desde el Gobierno buscan “un Estado austero y eficiente”, lo que consideró que “es clave para que la economía se potencie”.
En diálogo con radio La Red, el funcionario destacó que el objetivo final del plan de simplificación de trámites que impulsa el Gobierno para “desburocratizar el Estado” es ir “hacia una ventanilla única donde todo desemboque ahí”.
Consultado sobre si el Gobierno está evaluando nuevos despidos en el sector público, respondió que “puede haber altas y bajas según la evaluación de desempeño, según la dinámica de cada organismo”.
