En la provincia de Neuquén buscan que se instale el Debate Público Obligatorio entre los candidatos que intenten llegar a la gobernación. Un proyecto de ley que tiene estado parlamentario impulsa un encuentro entre todos los que pretendan ganar la provincia y serán sancionados, si esta propuesta avanza, con una multa económica para el espacio que decida no acatar la norma.
La iniciativa ingresó este lunes con la firma de los diputados Alejandro Vidal (UCR) y el acompañamiento Juan Monteiro (Nuevo Compromiso Neuquino), Gabriel Romero del Frente Renovador y Carolina Rambeaud del PRO.
El debate consistirá en la exposición oral de los candidatos con la finalidad de dar a conocer y contrastar ante la ciudadanía los programas y plataformas de gobierno de sus respectivos partidos o frentes electorales. La Agenda del mismo estará constituida por temas de Educación, Trabajo y Promoción Social; Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico y Energía; Desarrollo Humano, Salud y Género; Ambiente, Urbanismo y Vivienda; Servicios Públicos e Infraestructura; Transparencia y Política anticorrupción; Integración regional y régimen municipal así como también otras temáticas de interés general. Dichos temas surgirán de una encuesta que realizará la Autoridad de Aplicación a los fines de identificar el interés temático del electorado.
Será Autoridad de Aplicación la Junta Electoral, la que fijará fecha, hora y lugar del debate; determinará el tiempo de exposición; publicitará la realización del evento y designará moderadores y conductores del debate y a un funcionario judicial para que, mediante sorteo, instaure el orden de exposición de los candidatos. La propuesta determina que el Debate será transmitido en vivo y en directo por Radio y Televisión del Neuquén (RTN), siendo dicha señal de libre acceso para el resto de los canales de aire, de cable, las emisoras de radios y los sitios de internet. Además, se creará un portal web al solo efecto de transmitir el evento, el que no tendrá restricciones de acceso.
Los candidatos a gobernador no podrán negarse a participar, salvo razones justificadas vinculadas a enfermedades o problemas de salud. En efecto, la no participación sin razón previamente justificada implicará una multa para el partido, frente o agrupación política que represente el candidato de entre 50 y 100 haberes mensuales mínimos de la Administración Pública provincial.
La propuesta invita a los municipios a dictar normativas similares, asimilando la obligatoriedad de debate para los candidatos a intendentes.
En la fundamentación, el legislador argumenta que el objetivo es contribuir a que el electorado cuente con una mayor cantidad de “elementos de juicio a la hora de ejercer su derecho al sufragio, favoreciendo así el voto informado”. Asegura que la concreción del tipo de debate propuesto constituiría una mejora sustantiva en “la competencia electoral, en el debate público y en el funcionamiento mismo de las instituciones que componen el sistema político”, al tiempo que fortalece el funcionamiento de la democracia. Menciona además las ventajas de dicho tipo de evento, entre ellas la equiparación de las condiciones entre los candidatos, evitar que los oficialismos no se pronuncien o se expongan a ser criticados en público al tiempo que resguarda a la ciudadanía de oposiciones irresponsables.