Los legisladores Daniel Presti (PRO) y Claudio Palmeyro (cercano al jefe de los taxistas, Omar Viviani) presentaron una iniciativa para modificar el artículo 18 de la Ley N° 12 (de Procedimiento Contravencional) y, con el objetivo de dar la batalla que el sindicato de peones de taxi y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta emprenden contra UBER, proponen sumar una medida precautoria para avalar “la posibilidad de bloquear o denegar el servicio de Internet cuando se realicen conductas ilícitas utilizando este medio, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cuando se produzcan sus consecuencias dentro de ésta”.
Si bien el objetivo del texto es bloquear el servicio de taxis ante la imposibilidad de la Justicia para hacerlo, el expediente también habilita la posibilidad de bloquear páginas webs y eso desató una tormenta de críticas porque podría considerarse que la libertad de expresión está en riesgo si los fiscales tienen vía libre para “bajar” un sitio online sin autorización judicial.
Los rechazos no se hicieron esperar. La ONG Access Now, el Centro de Tecnología y Sociedad (Universidad de San Andrés), el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información (Universidad de Palermo) y el profesor e investigador del Conicet Martín Becerra alertaron de inmediato que la medida ponía en riesgo la libertad de expresión.
En tanto, el sitio Change.org realizó una petición para que no se vote el “proyecto de censura de Internet en Argentina” y consiguieron más de 10 mil firmas.
Por otra parte, el expediente también busca frenar publicaciones en redes sociales o sitios online que puedan estar en el marco de acciones conocidas como “grooming”, que son conductas emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él.
