La semana pasada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se despegó de la interna más caliente del Gobierno, que es la que se disputa en las sombras del sistema judicial y tiene, como punta del isberg, al duelo que mantienen la diputada nacional Elisa Carrió y el presidente de Boca, Daniel Angelici. “Es una discusión política entre ellos”, se desentendió el funcionario. Sin embargo, no es un espectador en esta guerra. Todo lo contrario: la pelea real, que lleva años de maduración, es entre él y el dirigente xeneize, que le disputa –y por ahora le gana- el cargo no formal de hombre fuerte del Gobierno en la arena de la Justicia.
En esta pulseada, Angelici, que, como informó Letra P, intentará blanquearse con un cargo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (ver nota aparte “Angelici sale del closet…”), logró meter un topo en el ministerio que conduce Garavano. Se trata de Leandro Halperín, un presunto experto en políticas penitenciarias que trabajará en una reforma del sistema carcelario.
A quien quiera escucharlo, Halperín le dice que fue convocado por Garavano y por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Mahiques (hijo del ministro de Justicia bonaerense, Carlos Alberto del mismo apellido). Pero se sabe: este abogado de 45 años llega de parte del vicepresidente de Boca, el sushi Darío Richarte, quien fuera número dos de la SIDE en tiempos de la presidencia malograda de Fernando De la Rúa, donde ató un fuerte vínculo con el ex espía todopoderoso Jaime Stiuso, y es miembro caracterizado de la orga radical que conduce la Universidad de Buenos Aires –renunció en marzo del año pasado a su cargo de vice rector de la casa de estudios porteña.
Se sabe también: Richarte y Angelici son dos caras de una misma moneda. Hablar de Richarte es hablar de Angelici.
Richarte le consiguió varios trabajos a Halperín. Por ejemplo, gracias a sus buenos oficios fue secretario del juzgado federal de Campana en tiempos de Federico Faggionato Márquez, el controvertido juez de la efedrina que terminó destituido en un resonante jury.
En el gobierno de la Alianza, Halperín trabajó en la Secretaria de Política Criminal bajo la conducción de la entonces ministra Patricia Bullrich, que se lo llevó después al Ministerio de Trabajo como director nacional contra la Protección del Trabajo Infantil. En la UBA, fue consejero por los graduados de Derecho y también secretario de Presupuesto del Ciclo Básico Común (CBC).
Ahora, contratado como asesor de la reforma penitenciaria que impulsa Garavano, Halperín va por más: aspira a quedarse con la Procuración Penitenciaria, un organismo que funciona en la órbita del Poder Legislativo –conducido desde 1991 por otro radical, Francisco Mugnolo- y tiene como misión la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.
CORTOCIRCUITO. El dúo Angelici-Richarte había dado muestra de su influencia en el ala judicial del gobierno de Mauricio Macri con la designación del nuevo procurador del Tesoro, Juan Carlos Balbín, de larga carrera en la Facultad de Derecho de la UBA y en la función pública en los gobiernos radicales.
La relación de Balbín y Garavano es nula. Y eso no es poco. El procurador del Tesoro representa al Estado nacional en los tribunales. Es, en la práctica, el abogado del Gobierno. Y la dinámica de la gestión genera cotidianamente escenarios en los que la Procuración y el Ministerio de Justicia deben trabajar en tándem. Hoy, entre los dos organismos, crece una grieta a medida que sube la temperatura de la interna más áspera del oficialismo.
RENCILLAS QUE NO PRESCRIBEN. Los rencores de Garavano con el Grupo Angelici no son nuevos. Y reconocen un episodio que llevó la tensión al más alto nivel. En 2014, el actual ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, amigo de toda la vida del presidente de Boca y padrino de su hijo, reemplazó a Garavano en la Fiscalía General de la Ciudad, pese a que el referente de la organización Fores, que se destaca en el Gabinete por acumular la cuota más importante de despidos de empleados públicos (más de 700, según el gremio ATE), habia postulado para ese puesto a quien es ahora se secretario de Justicia, Santiago Otamendi. Lo primero que hizo Ocampo: barrió de un escobazo con la gente de su antecesor en el cargo.
Pero ése es apenas un episodio de un culebrón que ha enfrentado históricamente al ministro de Justicia de la Nación y al ahora candidato a vicepresidente de Colegio de Abogados porteño como cabezas de los dos grandes grupos vinculados a la Justicia que se disputan los favores de Mauricio Macri. Y es lógico: cuanto más poder administra una fuerza política, más feroces son las internas que las agrietan por dentro.
